Paola del Carmen Maldonado González

Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
56/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Paola del Carmen Maldonado González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.-

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ********************, con el cual atiende la prevención formulada en auto de veinte de enero en curso, a lo que se provee: Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese contexto, este juzgado estima que debe desecharse la demanda promovida, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo destacado no es de origen. "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se adelantó, de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se sigue que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda, para determinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Acorde con lo anterior, la ley obliga al Juez a estudiar si quien pretende promover la demanda de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad, entre los que se encuentra el término de la presentación de demanda a que se refiere el artículo 17 y el diverso 18 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de lo dispuesto por el citado numeral 17, se colige que el plazo genérico para la presentación de la demanda es de quince días, siempre y cuando no se encuentre dentro de alguno de los supuestos de excepción a que se refiere dicho precepto normativo; además, se estatuye por el ordinal 18 del mencionado ordenamiento, que tal término deberá computarse, según el caso: 1) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; o bien, 2) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo; y, 3) En el caso de la fracción I del artículo 17, se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma autoaplicativa reclamada. Con base en lo anterior, se sostiene que existen tres supuestos para el cómputo referido, los cueles son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. Bajo esa línea de estudio, en el caso se estima que la presentación de la demanda de amparo de trato, resulta extemporánea, toda vez que la parte quejosa aseveró en su demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado [aseguramiento del inmueble ubicado en calle Fidel Velázquez 1873, lote 13, manzana 17, colonia Primero de Mayo en Irapuato, Guanajuato, emitido en la carpeta de investigación GTO/0003487/2022 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato] desde el trece de octubre de dos mil veintidós, aseveración que hace prueba plena en su contra, con fundamento en el numeral 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; por ende, a partir del día siguiente comenzó a correr el plazo genérico de quince días con que contaba la justiciable para promover el presente juicio de amparo, mismo que transcurrió del catorce de octubre al ocho de noviembre de ese año, sin contar los sábados y domingos comprendidos en ese lapso, así como el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, y en la Circular 05/2022 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, como se advierte del sello que obra en la parte superior de la primera foja del escrito de demanda, éste fue presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en la capital, hasta el trece de enero de dos mil veintitrés, lo que desde luego patentiza su extemporaneidad. Además, cabe precisar que en el presente asunto el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se refiere a la aplicación de una norma general autoaplicativa, a un procedimiento de extradición, ni constituye una sentencia condenatoria definitiva que se hubiese emitido en un procedimiento penal, así como tampoco implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. De igual manera, no se está frente a actos reclamados que tiendan a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal; ni se trata de actos que engasten en cualquiera de los restantes supuestos contemplados en la fracción IV del citado numeral, a saber: que impliquen peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por anto, si la presentación de la demanda en estudio se realizó fuera del término que para tal fin establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en las fracciones I a IV de dicho numeral; entonces, es inconcuso que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los arábigos 17 y 18 de la citada ley de la materia. En consecuencia, procede desechar la demanda promovida por ********************, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 62 del ordenamiento legal antes citado.

  3. Principal

    Recepción y registro de demanda. Vista la cuenta, intégrese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, con el cual remite la demanda de amparo firmada por Paola del Carmen Maldonado González, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato, así como los autos de su juicio de amparo 50/2023-I de ese índice, y ocho copias de la demanda. Acúsese recibo. Este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número 56/2023-VI. Prevención. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, en caso de ser procedente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, con copia para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Primero. Precise el acto reclamado, pues en su demanda señala como tal, el aseguramiento del inmueble ubicado en calle Fidel Velázquez 1873, lote 13, manzana 17, colonia Primero de Mayo, en Irapuato, Guanajuato, emitido en la carpeta de investigación GTO/00033487/2022 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato. No obstante, en sus conceptos de violación se advierten argumentos en los que reclama i) la negativa del agente ministerial responsable de entregarle copia de la notificación del aseguramiento del inmueble aludido; y ii) la negativa de darle acceso a la indagatoria precitada. Bajo ese contexto, es necesario aclare cuál es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Segundo. En caso de que el acto reclamado sea la negativa de entregarle copia de la notificación del aseguramiento del inmueble aludido, o bien, la negativa de darle acceso a la indagatoria precitada, indique la fecha de conocimiento de tal determinación. En el entendido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, las que se distribuirán de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y una para el incidente de suspensión que solicita. Se apercibe a la promovente con que de no cumplir con la citada prevención dentro del término indicado, se tendrá no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que la parte quejosa pueda recibir notificaciones de este asunto con el usuario GIOCUE1712. Asimismo, téngase como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Giovanni Jair Hernández Cuevas, pues no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, se tienen como sus autorizados en los mismos términos del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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