Paola Cristina Gutiérrez Hernández

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Paola Cristina Gutiérrez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siete de noviembre de dos mil veintidós. 1.- Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado auto, manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se acordaría lo que en derecho procediera, atendiendo a las constancias de autos, requerimiento que no fue desahogado, no obstante que fue debidamente notificada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. 2.- Análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En este contexto, se resolverá sobre el cumplimiento respectivo tomando en cuenta todos los elementos que obran en el expediente para constatar si se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos violados, de acuerdo con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de dos mil, página 243, Novena Época, registro 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora, mediante sentencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, contra la cual la autoridad responsable interpuso recurso de revisión resuelto en el toca 862/2018 por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, quien en ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal decretada en la sentencia recurrida a favor de Raúl Esquivel Gómez, contra los actos que reclamó del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en los artículos 79A, 82-A y 184 a 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para dos mil dieciocho; pero para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Esquivel Gómez, contra los actos que reclamó del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en los artículos 79, fracción II, inciso 1), y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para dos mil dieciocho.". Y los efectos de la concesión del amparo los precisó de la siguiente manera: "OCTAVO. Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y dado el sentido de esta ejecutoria, los efectos de la protección constitucional deberán ser modificados en los términos siguientes: 1. La autoridad responsable debe desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación contenida en las hipótesis normativas de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y abstenerse de aplicarla en lo sucesivo en su perjuicio. Debe devolver al quejoso la diferencia que pagó en exceso por concepto de derechos por el registro de los documentos que contienen el contrato de compraventa y el de apertura de crédito, es decir, limitar el cobro al pago de las cuotas fijas de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) previstas en los artículos 79, fracción II, inciso 1), y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente; según el contenido en los recibos de pago 760017910 y 760017932 con el correspondiente descuento derivado de la aplicación de los certificados de promoción fiscal descritos en el propio recibo, que en su caso, le resulten aplicables. 2. Debe desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación contenida en los artículos 184 a 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en el pago del Impuesto para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública del Estado y abstenerse de aplicarlos en lo sucesivo en su perjuicio. 3. Debe devolver al quejoso el monto que pagó por concepto de Impuesto para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública del Estado, previsto en los artículos 184 a 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenido en los recibos de pago 760017910 y 760017932. 4. Debe devolver al quejoso la diferencia que pagó en exceso por concepto del impuesto adicional, previsto en el artículo tercero transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenido en los recibos de pago 760017910 y 760017932; esto es, derivado de la firmeza de la consideración dada por del juez de Distrito en el sentido de sólo hacer extensiva la concesión del amparo respecto del impuesto adicional y atendiendo a la modificación efectuada en esta ejecutoria consistente en que el quejoso sí debe pagar las cuotas fijas de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) previstas en los artículos 79, fracción II, inciso 1), y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente, el cobro del impuesto adicional debe recalcularse con base en éstas y devolverle únicamente la diferencia respecto de lo que pagó. En el entendido que las cantidades a reintegrar al quejoso como consecuencia de esta ejecutoria, deben ser debidamente actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15-A del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza19 y la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, aplicable por identidad jurídica, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos noventa y dos del Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (.)" Mediante oficio sin número de seis de octubre de dos mil veinte la Administración Central de Asesoría Operativa de la Administración General Jurídica, en suplencia del Administrador Local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, remitió el acuse de recibo de la resolución AGJ/1040/2020 de doce de febrero de dos mil veinte, en la que resolvió desincorporar de la esfera jurídica del quejoso Raúl Esquivel Gómez los artículos 79-A, 82-A, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que regulan el derechos por el registro de documentos que contienen el contrato de compraventa y el de apertura de crédito y el impuesto para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública del Estado, para que no se le aplicaran en lo futuro; dejó sin efectos el cobro efectuado en los recibos de pago oficiales 760017910 y 760017932 de catorce de agosto de dos mil dieciocho que en conjunto sumaron la cantidad de $42,700.00 (cuarenta y dos mil setecientos pesos moneda nacional), por los referidos conceptos, pero ordenó hacer efectivo el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) por cada recibo, para cubrir la contribución por el concepto de derechos registrales del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y recalculó el impuesto adicional, de manera que ordenó devolver la cantidad de $22,700.00 (veintidós mil setecientos pesos moneda nacional) la cual fue entregada al quejoso en dos partes, la primera por el monto de $9,714.00 (nueve mil setecientos catorce pesos moneda nacional) y la segunda por 12,986.00 (doce mil novecientos ochenta y seis pesos moneda nacional), más la actualización correspondiente; cantidades que el quejoso recibió conforme al acuse de recibo de los cheques relativos. No pasa inadvertido que el quejoso presentó dos escritos, uno el diecisiete de enero y otro el cuatro de febrero ambos de dos mil veinte, en los que expuso manifestaciones contra el cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto de la devolución de la cantidad que recibió en primer lugar, sin embargo, con la emisión de la resolución antes analizada, se constata que la autoridad responsable reconsideró los montos a devolver en cumplimiento de la ejecutoria en los términos antes expuestos, respecto de lo cual se le dio vista el quejoso, sin que posteriormente expusiera diversas manifestaciones al respecto. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que lo realizado por la responsable, cumple con todos los efectos del fallo protector y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. En razón de lo anterior, conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, el cual señala que procede el recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, queda expedito el derecho de la parte quejosa para que en el término de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga. 3. Archivo. Por tanto, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de la Materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. 4. Destino. Se hace constar que el presente expediente, resulta susceptible de depuración, con base en lo señalado en los artículos 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencias y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se dictó una sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Finalmente, se hace constar que el presente procedimiento no es de relevancia documental a juicio de este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida de la secretaria Mercedes Herrera Reyes, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  2. Principal

    Único.- se sobresee

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio signado por el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración en Materia Laboral del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad y allega en copia certificada la determinación de veinticuatro de mayo del presente año, mediante la cual se ordenó la expedición del cheque número 007247 a nombre de la parte quejosa por concepto de devolución de aportaciones, así como de su entrega.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, remita en copia certificada la resolución o determinación cuya omisión se reclama, requerida en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Por tanto, a fin de dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con veintitrés minutos del veinte de julio de dos mil veintidós

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