Paola Arce Sosa

Expediente 163/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
163/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Paola Arce Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, contra la sentencia que negó el amparo, sin que se haya hecho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvanse las constancias remitidas por la sala responsable, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso, ...; se hace la observación de que el sumario ES SUSCEPTIBLE DE depuración, pues se negó el amparo. No obra en autos documento en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la tercera interesada, en atención a su contenido, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por señalado el correo electrónico, el cual será únicamente para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada la sentencia dictada en autos; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 163/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "La sentencia de segunda instancia de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte." Segundo. Admisión. El veinte de febrero siguiente, se admitió a trámite; dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita; requirió informe justificado; ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley; la representante social adscrita no formuló pedimento; se emplazó a la tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, ... Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el toca 2564/2019 por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la resolución emitida el siete de noviembre de dos mil diecinueve por el Juez Vigésimo Cuarto de la propia especialidad y residencia, en el incidente de casación de la obligación alimentaria, y canceló de la pensión alimentaria definitiva a la quejosa. Tercero. Existencia. Son ciertos los actos reclamados, como lo aceptó la sala responsable y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: ... Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: El acto reclamado contraviene las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque incorrectamente se canceló la pensión alimentaria. El mercado laboral es escaso y poco remunerado para la carrera técnica que la impetrante estudió, y en la actualidad se exige una licenciatura para obtener mejores ingresos, porque proporciona mayores herramientas para la vida. Si está demostrado en el expediente que actualmente la impetrante estudia una licenciatura, aunque previamente cuente con una especialidad técnica, por esa causa sigue necesitando lo alimentos, aun a pesar de su mayoría de edad. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados, por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora bien, el acto reclamado se sustenta en una premisa extintiva, consistente en la falta de necesidad de alimentos por contar con estudios aptos para que la quejosa pueda valerse por sí sola, y ser mayor de edad, al amparo de las cuales se relevó a la entonces deudora alimentaria del deber de ministrar los bienes para atender tal necesidad. Las conclusiones de la Ad Quem se sustentaron principalmente en la valoración del informe exhibido el ocho de abril de dos mil diecinueve, donde se comunicó al juzgador familiar instructor que la quejosa era alumna en ese momento del Centro de Estudios Lomas, sociedad civil, reinscrita al ciclo escolar 2018-2019/2. Además, que la fecha de inscripción al bachillerato con carrera técnica en comunicación fue el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, que el inicio del sexto semestre del bachillerato con carrera técnica y comunicación en el ciclo 2018-2019 fue del cinco de febrero al ocho de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, que la fecha de evaluación final del sexto semestre de bachillerato fue del doce al veinte de junio de dos mil diecinueve, y que la entrega del certificado de terminación de estudios de bachillerato con carrera técnica en comunicación en el ciclo escolar 2018-2019, fue en agosto de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, consta en el acto reclamado que la sala responsable relacionó el diverso informe de la Universidad Tecnológica, donde se hizo constar que la impetrante es alumna de la licenciatura en enfermería. Al amparo de tales circunstancias, se concluye en la sentencia reclamada que si la acreedora cuenta con preparación técnica, debe entonces considerársele capacitada para obtener ingresos propios, aunque manifieste su intención de seguir cursando una profesión. Tales consideraciones son apegadas a la constitución y aptas para cancelar el derecho a los alimentos porque una vez actualizada la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, pues ésta cesa por ministerio de ley y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador. Al respecto el artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, dice: "Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas: I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes." De la interpretación funcional al precepto transcrito se colige que integra una regla de reconocimiento al derecho de la acreedora a cuyo favor se decreta una pensión alimenticia, sujeto a límites susceptibles de la carga probatoria, para determinar su temporalidad al amparo de las causas también previstas en la propia norma. La función que dicha norma tiene dentro de la figura de los alimentos es determinar la vigencia formal del derecho, mediante una garantía bilateral para las partes, en tanto que sólo en esos supuestos se podrá extinguir el derecho y que éste cesa únicamente ante aquellos; lo cual debe leerse en el sentido que al actualizarse y/o demostrarse cualquiera de los supuestos, la propia legislación considera extinto ese derecho y, por consiguiente, la deudora alimentaria se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Lo cual implica que una vez actualizada la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial que así lo decrete, pues al estar sujeta a la actualización de la hipótesis jurídica, una vez suscitada, fenece su vigencia por ministerio de la propia ley -que no por resolución judicial-pues la circunstancia de que eventualmente se haga necesario instaurar una acción para que el juez declare judicialmente su extinción únicamente tiene por efecto que se reconozca que se produjo el supuesto previsto por la ley. De modo que el supuesto extintivo surtió efectos desde su realización; en tal caso, la liberación de la obligación no surge como consecuencia de esa declaratoria judicial, sino por virtud de la consecuencia legal y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador. Máxime si trata de los alimentos definitivos, porque estos ya no parten de una presunción que rige en absoluto la necesidad de asegurar cautelarmente los derechos del demandante, sino que se basan en los resultados de la función probatoria para justificar los términos del desplazamiento patrimonial, por ende, si la acreedora alimentario oculta el hecho previsto por la norma que fija el límite del derecho y sigue disponiendo de las cantidades que por ese concepto le son ministradas por virtud del mandato judicial, resulta inconcuso que ese actuar ya no encuentra sustento jurídico, por presentarse el hecho que causó la extinción del derecho a los alimentos; una estimación en contrario conllevaría concluir que existen derechos absolutos en el orden jurídico, y sujetar a deberes a los gobernados de manera indeterminada y discrecional. Por consiguiente, la obligación continuar pagando los alimentos cesó en el momento en que la acreedora alimentista se ubicó en el supuesto de extinción del derecho. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.6o.C.43 C (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, de registro 2008138, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SI LA ACREEDORA CONTRAE NUEVAS NUPCIAS, OCULTÁNDOLO Y SIGUE DISPONIENDO DE LAS CANTIDADES QUE LE SON OTORGADAS POR ESE CONCEPTO, ESTÁ OBLIGADA A REINTEGRAR LOS MONTOS PERCIBIDOS A PARTIR DE QUE SE EXTINGUIÓ ESE DERECHO, EN CUYO CASO, EL DEUDOR ALIMENTARIO ESTARÁ FACULTADO PARA DEMANDAR SU DEVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 42/2011). En términos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, el derecho alimentario del cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, surge a partir de la sentencia que decreta el divorcio, y subsiste hasta en tanto el acreedor alimentista se une en concubinato o contrae nuevas nupcias, o bien, cuando ha transcurrido un término igual al de la duración del matrimonio; de manera que, cuando se actualiza cualquiera de esos supuestos, la propia legislación considera extinguido ese derecho y, por tanto, el deudor alimentario se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Por consiguiente, una vez que se actualiza la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial, pues ésta cesa por ministerio de ley y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador; de ahí que si la acreedora contrae nuevas nupcias y, no obstante ello, oculta ese hecho y sigue disponiendo de las cantidades que por ese concepto le son ministradas por virtud del mandato judicial, resulta inconcuso que ese actuar ya no encuentra sustento jurídico alguno y, por ende, existe obligación de reintegrar los montos percibidos a partir de que se extinguió el derecho, en cuyo caso, el deudor alimentario estará facultado para demandar su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo; de ahí que, en tal supuesto, resulte inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 33, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS.", en la medida en que de su contenido se advierte que la conclusión de la Primera Sala del Alto Tribunal se sustenta en que los alimentos provisionales sí tienen una causa legal que justifica el desplazamiento patrimonial hasta en tanto no se decide en definitiva sobre su procedencia y, en ese tenor, no existe obligación de devolverlos, aun cuando se demuestre que se carecía del derecho. Sin embargo, no acontece lo mismo cuando, como en el caso, el derecho a la pensión alimenticia definitiva se extingue por alguna de las causas expresamente previstas en la ley, pues si bien es cierto que a pesar de que originariamente existió causa legal; también lo es que, al contraer nuevas nupcias, aquél se extingue como consecuencia de la ley." Sobre esa base, los autos son evidencia que la causal extintiva de los derechos de la acreedora alimentaria invocada, fue que la deudora dejó de necesitar alimentos por contar con estudios de bachillerato técnico terminados, y obtener el certificado respectivo, la cual fue acreditada y es idónea para extinguir el deber alimentario, desde la expedición y/o entrega de tal documento. Lo cual se obtiene al confrontar los hechos expresados en el proceso conforme a los cuales se demuestra que la acreedora es mayor de edad, cuenta estudios técnicos, quien tampoco demostró aún necesitar los alimentos que se le proporcionaban, o tener algún impedimento legal o físico para conseguir trabajo y percibir ingresos para su subsistencia. Aunado a que tampoco se integró la litis con pruebas para exhibir que los ingresos percibidos por la acreedora sean insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, de modo que al contar con un certificado de estudios de bachillerato técnico, y certificado que la faculta legalmente para ejercer, obtener empleo y generar ingresos propios, es claro que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 320, fracción II, del Código Civil local, a partir de la expedición de tal documento. Este último hecho que en términos del acto reclamado, fue entregado a la quejosa en agosto de dos mil diecinueve, sin prueba en contrario. Aunado a que bajo las circunstancias descritas correspondía a la acreedora demostrar que aún necesita los alimentos que se le proporcionaban, conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, en tanto que en términos del numeral 311 del Código Civil, los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad de quien debe percibirlos, por ello, no sería jurídico ni equitativo condenar a la deudora a continuar proporcionando alimentos, a quien cuenta con la capacitación y condiciones indicadas, que le confieren habilidades para conseguir empleo acorde a los conocimientos que acreditó tener con las constancias respectivas y ofrecidas en el juicio. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.3o.C.808 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 164281, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL ACREEDOR ES MAYOR DE EDAD Y CUENTA CON PREPARACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA OBTENER INGRESOS PROPIOS, AUN CUANDO SU INTENCIÓN SEA LA DE SEGUIR ESTUDIOS PROFESIONALES. El artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, en su fracción II, establece la figura de la suspensión o cesación de la obligación de dar alimentos, con motivo de que el acreedor alimentista alcance la mayoría de edad (supuesto en el que la propia ley establece la presunción de que una persona puede disponer libremente de su persona y de sus bienes) sólo por excepción sus padres deben otorgarlos hasta los veinticinco años de edad de dicho acreedor, si él demuestra que sigue estudiando en grado acorde a su edad; sin embargo, si de los elementos probatorios allegados al juicio se advierte que existe constancia de que el acreedor cuenta con preparación y estudios técnicos, debe considerársele capacitado para obtener ingresos, aunque manifieste y demuestre su intención de seguir estudios profesionales, atento a que en el sistema educativo los estudios técnicos evidencian una capacitación educativa plena." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, una vez que reanuden los plazos conforme a lo previsto por la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal."

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 163/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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