Paola Alejandra Noriega Reyes

Expediente 930/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
930/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Paola Alejandra Noriega Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido... Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de medios electrónicos de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, recibido vía Sistema Integral de seguimientos de Expedientes (SISE) enviado por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, representante legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera de nueva cuenta a la autoridad vinculada a fin de que acaten el fallo protector dictado dentro del presente juicio. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que una vez que una vez que transcurra el plazo de tres días que se concedió a la responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante oficio 17916/2020, de ocho de septiembre del año en curso, recibido el veinticinco del mismo mes y año, por el cual se le requiere informe la cantidad exacta que se le adeuda a la quejosa MA. ELIZABETH ARRIAGA WALLE, dentro del expediente laboral 83/E/2011, se acordará lo que en derecho proceda.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Ahora, de la documental se anexa al informe justificado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa Paola Alejandra Noriega Reyes, se duele de la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de dictar acuerdo de radicación de demanda y emplazar al demandado. En ese orden, de las documentales que obran en autos se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido dicho ocurso, y procedió a radicar la demanda laboral, admitiendo la misma y registrándola con el número 142/E/2020, ordenando en vía de consecuencia el emplazamiento de la parte demanda Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas. Por lo anterior, es dable concluir que ha cesado el efecto del acto reclamado de radicar la demanda laboral, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en cuanto al diverso acto reclamado que el impetrante señala como la omisión de emplazar al demandado al juicio natural, dicho acto es inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues el mismo le resulta el carácter de futuro e incierto, ya que la autoridad no puede llevar a cabo la notificación de un acto que no ha sucedido o acontecido, pues para que la autoridad sea omisa debe existir el acuerdo que ordene llamar a juicio a la parte demanda, lo cual como se ve, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía tal orden, pues apenas en fecha reciente se radico la demanda laboral; y lo reclamado no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario como ya se mencionó que el acto exista previo a la promoción de la demanda. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinópsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada y demostrarse la inexistencia del diverso acto, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se fijó para las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de medios electrónicos de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  4. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL QUE VISTO el oficio número 1021/2020 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad mediante el cual remite ejecutoria del cinco de agosto de dos mil veinte, en relación con el amparo en revisión 314/2019, interpuesto por Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y Presidente de la República, por conducto del Subprocurador Fiscal Federal de Amparo, en la que se resuelve: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito de origen en el considerando quinto de la sentencia recurrida, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Combustibles de Victoria, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, consistentes en los artículos 25, fracción I, inciso a), y decimocuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete.". Por tanto, hágaseles saber lo anterior a las autoridades responsables Congreso de la Unión y Presidente de la República, ambos con residencia en la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes, sin que haya lugar a requerir a dichas autoridades para que informen sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que el efecto es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio de la parte quejosa. Finalmente, toda vez que el tercero interesado, Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, C. P. 03930, Benito Juárez, en la Ciudad de México, en tal virtud con fundamento en los artículos 27 de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el citado domicilio, y notifique a la parte tercero interesada el presente proveído

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