Pano Avalos Comparan

Expediente 1477/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1477/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Pano Avalos Comparan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de julio de dos mil veintitrés. Interpone recurso de queja. Visto el escrito presentado por **** autorizado en amplios términos de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de seis de julio del año en curso. Distribución del escrito de agravios. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las demás partes con copia del escrito de agravios, a fin que dentro del lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen las constancias que se deberán remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, que deba resolver el citado recurso. III. Sustanciación del recurso. Una vez que fenezca el plazo concedido a las partes, ríndase el informe con justificación y mediante oficio solicítese el turno del citado recurso a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer de dicho medio de impugnación. Tan pronto como obre constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del precitado recurso, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente al representante social de la adscripción.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2159/2022, Gustavo Adolfo Pulido Peña, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la citada ley, en virtud del periodo vacacional autorizado a la titular Mabel Cortez Navarrete en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés y comunicado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3250/2023, ante Gilberto Velasco Vidrio, Secretario que da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que integran el presente sumario, entre las cuales destacan la demanda de protección de derechos fundamentales, su ampliación, los proveídos en donde se admitieron y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que integran el presente sumario. En este momento se da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el estado procesal de autos, del cual se aprecia que por autos de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y veinte de febrero de dos mil veintitrés, se reservó a proveer respecto de las pruebas testimoniales que ofreció la parte quejosa, hasta en tanto se contara con los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció, por lo que se procede a acordar en los siguientes términos. Ahora, por lo que respecta a las testimoniales a cargo de los promoventes Martha Magaly Zaragoza Bué y José Luis Sánchez Vargas, así como a cargo de las autoridades responsables con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, deberán desecharse, por las razones que enseguida se verán: Los artículos 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, disponen lo siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.]". "Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.". De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. También se desprende, entre otras disposiciones, que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En el caso, los testigos ofrecidos como tal, Martha Magaly Zaragoza Bué y José Luis Sánchez Vargas, así como las autoridades responsables, son parte en el asunto en que se actúa, razón por la que debe desecharse la testimonial a su cargo, puesto que las manifestaciones que ésta rinda se equipara a una prueba de confesión por posiciones y ese medio de convicción es inadmisible en materia de amparo, toda vez que del precepto en cita, se advierte que en el juicio de amparo, no deben admitirse pruebas consistentes en la declaración de una de las partes mediante posiciones. Sirven de apoyo a lo anterior, por lo que en su contenido informan, los criterios siguientes: "Registro digital: 181052 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VIII.3o.14 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 1780 Tipo: Aislada PRUEBAS EN EL AMPARO. ES INADMISIBLE LA DECLARACIÓN DE UNA DE LAS PARTES A TRAVÉS DE "POSICIONES", INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE SE FORMULE, PUES EQUIVALE A UNA CONFESIONAL NO PERMITIDA POR LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías no es admisible la prueba "de posiciones"; ello lleva a considerar que no debe admitirse la prueba de declaración de una de las partes, bajo la denominación de "prueba testimonial", pues una de las notas que distingue a la confesional de la testimonial, es el carácter que tienen en el juicio las personas a cargo de las cuales se desahogarán, toda vez que la doctrina suele distinguir las declaraciones procesales según el sujeto que las haga, y las denomina "confesiones" cuando provienen de una de las partes del proceso, y "testimoniales" cuando son de otras personas; así, en la prueba testimonial el sujeto declarará hechos que no le son propios, pero le constan, por haberlos presenciado u oído, mientras que en la confesional el sujeto refiere hechos que le son propios, es decir, que por sí mismo efectuó o dejó de hacer, surgiendo así una diversa nota, que distingue una de la otra, como lo es que el testigo expresa hechos que no le son perjudiciales, mientras que en la confesional, quien la desahoga, declara contra sí mismo. De ahí se tiene que, independientemente de la forma en que se formule un cuestionamiento a una de las partes, esto es, en forma de "posición" o de "interrogatorio", la prueba a su cargo propiamente se trata de una confesional y de estimar lo contrario, el argumento de que no le son formulados cuestionamientos conforme al formalismo establecido para las "posiciones", se llegaría al extremo de desvirtuar la naturaleza de la prueba confesional, asimilándola a la testimonial, ya que ésta no persigue que las partes reconozcan algún hecho que realizaron o dejaron de hacer que les perjudique en el juicio, lo cual es propio de la confesional a través de posiciones.". "Registro digital: 186741 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.C.150 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Junio de 2002, página 680 Tipo: Aislada PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. ES INADMISIBLE LA OFRECIDA A CARGO DEL TERCERO PERJUDICADO. Dentro de los medios de prueba reconocidos por las leyes del procedimiento, sin distingo alguno que se conozca, la testimonial es la declaración de un tercero sobre hechos que le constan, relacionados con las cuestiones debatidas en juicio o en otro procedimiento en donde es permitida la prueba de esa naturaleza que, es obvio, en ningún caso puede quedar a cargo de alguna de las partes, ya que tocante a éstas, el conocimiento de la verdad sólo puede provenir de su confesión en la demanda, su contestación o en cualquier otro estado del procedimiento cuando es de su propia voluntad y, en su defecto, por la llamada prueba confesional a través de posiciones a absolver por solicitud de la contraria; ello, toda vez que su finalidad es obtener una confesión o reconocimiento de hechos que favorezcan las pretensiones del oferente de la prueba. En ese orden de ideas, el ofrecimiento del dicho de dos terceros perjudicados en el juicio de amparo, no puede admitirse como prueba testimonial, independientemente de sus fines y del probable beneficio de quien los propone, y tampoco puede admitirse que depongan los terceros perjudicados por medio de la absolución de posiciones, ante la estricta prohibición del artículo 150 de la ley de la materia, al establecer que: "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.". Sin que sea óbice para lo anterior, que dentro de la Ley de Amparo no exista precepto que impida que los terceros perjudicados puedan rendir declaración, habida cuenta que dentro del derecho, y de sus fuentes, se comprende lo dicho sobre quienes pueden ser testigos, y en lo que ve a la prueba de posiciones, que no es otra que la confesional, su inadmisión dentro del juicio constitucional obedece al texto expreso de la ley. Si bien es verdad que el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, prevé que: "Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.", ello no puede conducir a estimar que los terceros perjudicados puedan fungir como testigos en el juicio de garantías, en virtud de que de la recta interpretación de dicho numeral se obtiene que la obligación que impone no corresponde a las partes, sino a terceros". "Registro digital: 2009208 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. XXXVII/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II , página 1709 Tipo: Aislada PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. LA PROHIBICIÓN DE SU ADMISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, RESULTA ACORDE CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la prueba confesional por posiciones, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. De esta manera, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versara la confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante y, en segundo término, debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de los gobernados, quejoso o tercero interesado, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Además cabe precisar que lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones, consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. En este sentido la prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo, encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando con ello la igualdad entre las partes, excepcionalidad y equidad procesal, en la tramitación del juicio de amparo, cuyo material probatorio se constriñe a aquellas pruebas que obran ante la autoridad señalada como responsable, considerando que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante dicha autoridad, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo.". Máxime, que no se exhibió el interrogatorio original al momento de ofrecer dichas testimoniales, de ahí que deba desecharse, en razón de que si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por ende, es su elemento esencial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. En ese orden de ideas, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2017133 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas". Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el que se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, las documentales exhibidas respectivamente por la parte quejosa y las autoridades responsables; al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Periodo de alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos en el que se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado, no formuló los conducentes; se tienen por reproducidos los formulados por las partes que así lo hicieron; y sin que exista escrito que tener por reproducido en dicho sentido, se declara concluida esta etapa. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se concluye la presente audiencia de ley, en la hora contenida en la evidencia criptográfica respectiva, por así permitirlo las labores del juzgado; y, se declaran vistos los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Gustavo Adolfo Pulido Peña, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la citada ley, en virtud del periodo vacacional autorizado a la titular Mabel Cortez Navarrete en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés y comunicado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3250/2023.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de julio de dos mil veintitrés. Testimonio colegiado. Visto el oficio que suscribe el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2227/2021 y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca de revisión principal 454/2022, de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso de revisión, se resolvió: [.] PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************contra el acto de las autoridades mencionadas en el resultado primero de esta ejecutoria. [.] Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, relativas a que la resolución se confirmó, pues la resolución impugnada decretó el sobreseimiento en el juicio; mientras que en la ejecutoria del Tribunal Colegiado, se desprende que arribó a la misma conclusión; acúsese recibo. Orden de archivo. Archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Toda vez que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlos; apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa. Téngase por recibido el oficio que firma la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, transcribe el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja 257/2023 de su índice, por el cual declara sin materia el mismo, interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

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