Panfilo Florentino Bautista
Expediente 1040/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Panfilo Florentino Bautista
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de once de diciembre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de esta misma fecha que a lo conducente dice: Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde informe justificado, sin que haya lugar a darle vista a la parte quejosa con dicho informe, por las siguientes consideraciones: De las copias certificadas que exhibe dicho tribunal, se advierte que el uno de diciembre de este año, (tres días después de la presentación de su demanda de amparo), dictó sentencia definitiva en el expediente 272/2016, promovido por Pánfilo Florentino Bautista, contra Eva Luz González Torreblanca; documentales, que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación de supletoria a la Ley de Amparo, y con las que se demuestra que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley en comento, que es de estudio preferente según lo establecido en ese precepto; el numeral invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En efecto, han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual infringida, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento la parte quejosa deja de verse afectada en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. Así, se tiene que el disconforme, Pánfilo Florentino Bautista, por escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remitido en la misma fecha por razón de turno a este juzgado, promovió demanda de amparo contra el acto y autoridades que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Uno, con domicilio en calle Antón de Alaminas número 24, fraccionamiento Magallanes, en esta ciudad." IV.- ACTO RECLAMADO IV.- ACTO RECLAMADO: De la única autoridad señalada como responsable le reclamo: la omisión a dictar la sentencia que en derecho corresponda en el juicio ordinario agrario de mejor derecho a poseer, que ante ella se encuentra radicado bajo el número de expediente, 272/2016, de su índice, promovido por el suscrito, en contra de la C. EVA LUZ I GONZALEZ TORREBLANCA." I J, En auto de veintinueve de noviembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al fiscal Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de las documentales que exhibe el citado tribunal agrario responsable, cuya valía procesal ya quedó señalada, se advierte que el uno de diciembre de este año, dictó sentencia definitiva en el expediente 272/2016, promovido por Pánfilo Florentino Bautista, contra Eva Luz González Torreblanca. Por ende, la omisión o abstención reclamada, ha quedado subsanada toda vez que la responsable dictó la sentencia definitiva ; en ese contexto, claro resulta que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que si bien en un inicio la esfera jurídica del impetrante de amparo fue vulnerada con la omisión de la autoridad responsable, después de que dictó la sentencia respectiva, fueron destruidos los efectos de ésta en forma total e incondicional, sin dejar huella en la esfera jurídica el promovente del juicio constitucional, con lo que se le restituye en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Ello es así, porque los efectos de la inactividad han quedado insubsistentes con todas sus consecuencias en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En torno al tema, es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, tomo seis, materia común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página doscientos diez, volumen séptimo, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo título y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Además, la actualización de la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, razón por la cual, el sobreseimiento debe hacerse fuera de audiencia, pues ninguna probanza es jurídicamente eficaz para desvirtuarla. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo diecisiete, marzo de dos mil tres, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha que se había señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente.
- Principal
se admite demanda, sin tramitarse incidente de suspensión, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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