Pamela Ruiz Velasco Heredia y Otros.

Expediente 1563/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1563/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Pamela Ruiz Velasco Heredia y Otros.
  • Pamela Ruiz Velasco Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ******************, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1563/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, se hace consistir en: El auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente 359/2003 del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, entre otras cosas, se requiere a ************* y **********, para que realicen la entrega material y jurídica del inmueble marcado con el número *********************, a favor de ******************, y para el caso de que muestren resistencia, se procederá a la desocupación forzosa del inmueble. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que con las expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de amparo, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente; y de lo anterior, se advierten los antecedentes siguientes: Mediante escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, la madre de la quejosa ***************** y el señor **************, promovieron divorcio por mutuo consentimiento, mismo que fue radicado dentro del expediente 359/2003 del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, presentando convenio en cumplimiento con lo establecido por el artículo 255 del Código Civil para el Estado, mismo que fue aprobado y elevado a sentencia definitiva. Derivado de los diversos incumplimientos en el pago de pensión alimenticia en que incurrió *****************, la madre de la agraviada instó diversos procedimientos tanto en vía civil como en la vía penal para el cumplimiento en el pago de dicho concepto; lo que originó que éste en contubernio con su hermano **************, promovieron juicio de amparo a efecto de que se excluye el inmueble del clausulado, argumentando su hermano ser propietario del inmueble, amparo radicado con el progresivo 563/2016 de la estadística de este juzgado federal, en el que se resolvió a favor de éste último excluir las clausulas referentes al inmueble y restituirlo en sus derechos de posesión y dominio al estado en el que se encontraban con anterioridad, como consecuencia de recurso de revisión que interpuso. En ese sentido, vista la certificación de cuenta, se advierte que en el índice de este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 563/2016, instado por ***************, en el que obra el auto de treinta de octubre del año en curso, dictado por el juez responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Asentado lo anterior, es evidente que los actos que aquí combate la quejosa, derivan del citado juicio de amparo 563/2016 del índice de este juzgado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor, tal y como en la especie aconteció. Interesa resaltar el segundo caso de improcedencia previsto por la invocada fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que se refiere a actos encaminados a dar cumplimiento a una resolución que derive de un juicio de amparo, en el caso concreto, en tratándose de un fallo protector de derechos fundamentales. En este tema, debe decirse que en el caso de que la resolución materia de cumplimiento sea concesoria, es condición indispensable para actualizar la causa de improcedencia, que en el antecedente juicio de amparo, la autoridad jurisdiccional federal haya definido el fondo del litigio planteado, sin otorgar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, de suerte que, no exista la posibilidad de que la responsable inserte nuevos razonamientos que escapen al precedente estudio ya sometido a la potestad del poder judicial federal vía amparo. En efecto, la causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Entonces, como ya se dijo, esta causa de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal. Pues bien, en el caso analizado se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada con antelación, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedente vertió la solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, así como de las constancias que se toman como hecho notorio, se destaca se advierte lo siguiente: Por ejecutoria de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito revocó la sentencia dictada en el presente sumario y concedió el amparo y protección de la justicia federal a ***************, para el efecto que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados solo en aquella parte en que se haga alusión a la afectación del inmueble defendido por ********************y se extraiga del procedimiento el inmueble afectado, asimismo, se respete el derecho de propiedad del quejoso conforme a derecho corresponda. En consecuencia, para dar cumplimiento a dicha determinación y habiendo delimitado el tribunal colegiado los efectos de la concesión del amparo, el juez de origen señalado como responsable, dictó el auto de treinta de octubre de la presente anualidad; que es de donde deriva precisamente el auto reclamado materia del presente juicio que se intenta. Entonces, el juez que fungió como autoridad responsable en dicho juicio de amparo, en cumplimiento al fallo federal concesorio relatado, dictó la determinación de treinta de octubre de dos mil diecisiete, por el que requiere la entrega del inmueble descrito en párrafos que anteceden y del que deriva el auto que por esta vía se combate. El contenido de las anteriores determinaciones, revela que en lo que concierne a la decisión materia del presente amparo, esto es, la declaratoria de improcedencia del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, encuentra su apoyo en un mandato de autoridad judicial federal, que en ese rubro específico, no dota de libertad jurisdiccional al juez de origen, ya que el fondo del litigio sometido a la potestad del órgano resolutor, era precisamente la entrega del inmueble, el cual ordenó su restitución al quejoso, por ende, como ya se destacó en la crónica de antecedentes, no se confirió libertad de jurisdicción a la autoridad laboral responsable, ya que estaba constreñido a acatar la ejecutoria de amparo en los términos ya apuntados. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue dictado por la Juez Tercero Familiar de Querétaro con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el amparo indirecto 563/2016, promovido por *************, seguido ante este juzgado, de cuyo contenido se tiene que no se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para cumplimentar la ejecutoria, dado que el órgano federal estudió el fondo del litigio planteado en amparo indirecto. Ergo, la improcedencia de la demanda de amparo que nos concierne, surge de la necesidad de tutelar la institución jurídica de la cosa juzgada, ya que el problema jurídico ventilado en el juicio de amparo relacionado con la demanda que ahora se provee, ya fue dirimido en forma definitiva por este órgano jurisdiccional, a través de la ejecutoria del Tribunal de alzada, en cuya substanciación inclusive la aquí parte quejosa estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios de defensa para combatir dicha determinación y postular los argumentos que a su interés estimara convenientes respecto al litigio planteado, de conformidad con el artículo 202, segundo párrafo de la Ley de Amparo, mismo que no puede retomarse por este juzgador federal sin menoscabar la verdad legal prevaleciente merced a la decisión de la citada Superioridad. No es óbice reiterar que con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión a la hoy quejosa, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a un fallo protector de derechos fundamentales, incluso por vicios propios en la ejecución, de suerte que, tales vías pueden instarse siempre que se esté en la hipótesis de procedencia correspondiente. Así las cosas, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia antes invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ***************, *************, y con las facultades de la última parte del segundo párrafo del invocado numeral, a las personas restantes, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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