Pamela Ramos Bustillos

Expediente 2825/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2825/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Pamela Ramos Bustillos
  • Jennifer Andrea Ramos Bustillos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 2825/2022-VII, promovido por Jennifer Andrea y Pamela, ambas de apellidos Ramos Bustillos en contra de los actos reclamados a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en Mérida, Yucatán, por violación a los artículos 1, párrafo primero y 17, párrafo segundo Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada en línea el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por Jennifer Andrea y Pamela, ambas de apellidos Ramos Bustillos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos consistentes en la omisión de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, que atribuyó a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de demanda. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós; se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que, los quejosos Jennifer Andrea y Pamela, ambas de apellidos Ramos Bustillos, reclaman a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, la omisión de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, en relación con el incidente de oposición al avalúo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con turno matutino, con sede en esta ciudad Yucatán, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, pues si bien lo negó al rendir su informe justificado, de las constancias se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, no se había iniciado la audiencia de oposición, lo cual se corrobora de las constancias que agregó a las cuales se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2 de este último ordenamiento Cuarto. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, en relación con el incidente de oposición al avalúo; se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Ahora bien, la razón por la que se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, es porque de la revisión de las constancias que integran el juicio de sucesión laboral 309/2021, remitidas por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, así como del juicio de amparo 2654/2022 del índice de este Juzgado y además del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte como hecho notorio que fue presentada el diez de noviembre de dos mil veintidós; posteriormente, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el aludido juicio de control constitucional, promovido por la propia, contra el acto de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, en relación con el incidente de oposición al avalúo; que por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, en atención a la Circular SECNO/STCCNO/1345/2022 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a través del cual se notificó el punto de acuerdo 219/2022, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de diversos juicios de amparo originalmente turnados a este Juzgado, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo, turnándose por parte de este Juzgado cuarenta y ocho expedientes de amparo en trámite y veintidós con audiencia celebrada y que entre los asuntos seleccionados se encontró el juicio de amparo 2654/2022-VI; registrándolo el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con el número 386/2023, juicio de amparo que sobreseyó a través de la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, la cual causó ejecutoria el dos de mayo de ese mismos año. Luego de conformidad con el precepto señalado, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Esta figura no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercible la acción de amparo de modo absoluto. Lo anterior, es con el propósito de que dicha figura de cosa juzgada revele las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. A efecto estimar la actualización de esta figura en el juicio de amparo en que se actúa, debe decirse que sólo se da en caso de reunirse los supuestos de que exista identidad en los siguientes sujetos y objetos: a) Parte Quejosa (Jennifer Andrea y Pamela, ambas de apellidos Ramos Bustillos solicitó el amparo en el juicio de amparo 2654/2022 del índice de este juzgado federal, actualmente 386/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Yucatán). b) Autoridades responsables (en los dos juicios se tiene a la misma autoridad responsable Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad); y, c) Acto Reclamado (consistente en la omisión de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, en relación con el incidente de oposición al avalúo). En la especie, es claro que se actualiza la citada causal de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que en el diverso juicio constitucional 386/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, se reclamó la omisión de dar trámite al juicio de sucesión testamentaria a bienes 309/2021 de Azael Jesús Ramos Rosado, en relación con el incidente de oposición al avalúo, mientras que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado consiste precisamente en la misma denegación de justicia; por ende, se trata de la misma parte quejosa, contra el mismo acto reclamado atribuido a la misma autoridad responsable, incluso son los mismos conceptos de violación en ambas demandas de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 616 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Página: 410, 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del tenor: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." En las relatadas circunstancias, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra un mismo acto que ya fue materia de un diverso juicio de amparo, en el que si bien no se entró al estudio de fondo del asunto, cierto es que en ella se determinó un sobreseimiento que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo, toda vez que se actualizó la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, al llevarse a cabo el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la audiencia de oposición al avalúo interpuesto por la parte quejoso, en el cual se declaró procedente el incidente y resolvió que el avalúo rendido por el perito José Augusto Erosa Vázquez, respecto del predio doscientos noventa y dos de la calle Cincuenta y tres letra B por Cuarenta y seis y Cuarenta y ocho del fraccionamiento Francisco de Montejo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de la materia. Por tanto, dicha omisión ya no existe, por lo que no puede ser objeto de nuevo análisis en el juicio de amparo ahora intentado, pues la cosa juzgada en aquél constituye verdad legal, de modo tal que no es jurídicamente factible realizar examen alguno relacionado con las cuestiones debatidas y abordadas en el primer juicio de amparo promovido; pretender lo contrario, atentaría no sólo contra la técnica del juicio de amparo, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que a ningún fin práctico conllevaría el otorgar la protección constitucional en este procedimiento para los mismos efectos del juicio precedente. Ilustra lo considerado, la tesis aislada en Materia Común, Sexta Época, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 9, quinta parte, tomo XLIII, Sexta Época, que dice: "AMPAROS IMPROCEDENTES. En los términos de la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio constitucional que se promueve contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo." Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jennifer Andrea y Pamela, ambas de apellidos Ramos Bustillos en contra de los actos reclamados a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio y constancias remitidas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, encargada del despacho por audiencia de su titular, con las que da cumplimiento a lo requerido por este juzgado federal mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso, los que se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse el oficio y anexos de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Ahora bien, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido del informe de cuenta y anexos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guarda este expediente y a fin de resolver el presente asunto con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el estado procesal que guarda el expediente de donde deriva el acto reclamado, y remita copia certificada de la audiencia principal de diez de marzo de dos mil veintitrés; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado o informar el impedimento que tiene para ello, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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