Pamela Lilian Quintal Suarez

Expediente 1391/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1391/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Pamela Lilian Quintal Suarez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, apoderada legal de Banco Mercantil del Norte, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda; por tanto, al no existir impedimento legal alguno, devuélvasele la documentación señalada, previo cotejo y certificación que se haga con las fotocopias simples que deberán ser anexadas a este expediente, y hecho lo anterior, entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña en copia certificada, de los que se advierte que el dos de julio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en el expediente 143/2017, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por la aquí quejosa Pamela Lilian Quintal Suarez quien se ostenta como apoderada legal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, misma que se notificó el cuatro de diciembre en curso. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa reclamó en su demanda de amparo, es la notoria dilación y falta del dictado de la sentencia definitiva dentro del Juicio Extraordinario Hipotecario número 143/2017. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que se traduce en la notoria dilación y falta del dictado de la sentencia definitiva dentro del Juicio Extraordinario Hipotecario número 143/2017. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el dos de julio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en el expediente 143/2017, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por la aquí quejosa Pamela Lilian Quintal Suarez quien se ostenta como apoderada legal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en la que se condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora las siguientes prestaciones: a) la cantidad de doscientos noventa y dos mil setenta y siete pesos con sesenta y seis centavos, moneda nacional, en concepto del capital vencido calculado desde el día tres de julio del año dos mil dieciséis hasta el día tres de noviembre del año dos mil dieciséis; b) los intereses ordinarios y moratorios, calculados conforme a las tasas del diez punto cuarenta y uno y del diez punto veinticuatro por ciento anual, respectivamente, generados y que se generen hasta la totalidad del adeudo; resolución que fue notificada a las partes el cuatro de diciembre en curso. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable emitió la sentencia correspondiente y la hizo del conocimiento de las partes al notificarla el cuatro de diciembre en curso, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por PAMELA LILIAN QUINTAL SUÁREZ quien se ostenta como apoderada legal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y para acreditar dicho carácter ofrece copia certificada del testimonio notarial cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho, de fecha cuatro de junio del año dos mil quince, ante el Licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, titular de la Notaría Pública número cuarenta y cuatro, del Estado de México, con residencia en Huixquilucan; por tanto con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente del presente juicio, su carácter de apoderada del citado quejoso; contra los actos que reclama del JUEZ PRIMERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de Veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia.. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que respecta a Abimael Bautista Hernández, resérvese acordar lo relativo al carácter de tercero interesado que pudiere recaerle, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y como autorizado para tal fin a Pamela Lilian Quintal Suárez, Monserrat Montes Valladares y Elizabeth del Carmen Gurrutia Vela, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Yireh Elusai Canul Centeno con las limitaciones que establece el precepto antes mencionado, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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