Pamela Ivette Rangel Izaguirre

Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1190/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • PAMELA IVETTE RANGEL IZAGUIRRE y Otros.
  • Pamela Ivette Rangel Izaguirre

Actuaciones

  1. Principal

    ...AGRÉGUESE EL OFICIO SIGNADO POR...SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA...RÍNDASE EL INFORME SOBRE LA MATERIA DE...ES CIERTO REL ACTO RECLAMADO...REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO...COPIA CERTIFICADA DE...PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO...

  2. Principal

    ***AVISO FIJADO EN PUERTA: SE NOTIFICA POR LISTA, UNICAMENTE A LA QUEJOSA P... EL AUTO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN VIRTUD DE QUE SE NOTIFICÓ PERSONALMENTE AL QUEJOSO C.. EN ESTE JUZGADO FEDERAL; QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia se provee: Vistos los escritos de demanda y aclaratorio por los que ***, quien acredita dicho carácter en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, promueve juicio de amparo contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Querétaro; y previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. .." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. ..". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. .." Así, de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: a) El auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación al embargo hasta por la cantidad de $*** decretado en autos del juicio sumario de desahucio ***, promovido por ***, del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Querétaro. Ampliación a dicho embargo que se originó con motivo de la procedencia de la tercería excluyente de dominio al embargo de bienes trabado en autos que fue planteada por ***. Asimismo, se advierte que los quejosos son parte demandada, se les emplazó al juicio natural y se vincularon al mismo. Lo que se desprende de la demanda de amparo y su aclaración. Este órgano jurisdiccional advierte en forma manifiesta e indudable, que en ocasión a ambos actos reclamados se actualiza de manera clara y manifiesta, la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.].XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." Numeral que estatuye la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones de tipo jurisdiccional, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que se conoce como principio de definitividad. Lo anterior, implica que previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto y que tienen el alcance de dejarlo sin efectos o variar la sustancia del acto reclamado, salvo las excepciones establecidas en el precepto trascrito de la Ley de Amparo. Ello, salvo que la parte quejosa sea extraña a juicio, es decir, que no figure como parte en dicho procedimiento, o bien, que tenga dicha calidad por equiparación derivado de que no se le emplazó al juicio en el que fungió como demandado, siempre y cuándo dicho procedimiento ya está concluido por sentencia, dado que en caso contrario y al ser parte en el juicio podrá comparecer a juicio, a fin de hacer valer sus derechos y los medios de impugnación oportunos para combatir los actos que ahí se dicten. En el particular, la parte quejosa está vinculada al procedimiento pues reconoce que ha sido emplazada e incluso ha realizado actuaciones durante el procedimiento lo cual constituye una confesión que prueba en su contra en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y cuyo contenido se constata con los documentos que la promovente exhibe adjuntos a su demanda como es la diligencia donde los quejosos comparecieron a ratificar el mandato otorgado en el juicio natural a la mandataria que ahora promueve la demanda. Con base en lo anterior, y toda vez que la parte quejosa es parte demandada al procedimiento al cual está vinculada, en lo que respecta al acto reclamado se actualiza la causal en estudio, toda vez que en contra del acuerdo reclamado que decretó la ampliación del embargo, procede recurso de apelación, mismo que no se hizo valer por la parte quejosa previo a la promoción de este juicio, se explica. Conforme a la legislación que rige el juicio sumario de desahucio fuente de ese acto reclamado, es decir, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, salvo disposición expresa en contrario, tanto los autos como los decretos dictados en los juicios regulados por ese Código son impugnables, ya sea mediante recurso de revocación, o bien, vía apelación, siendo que atento a la naturaleza del acto reclamado (auto definitivo), dicho medio de impugnación es apelable, empero a pesar de ello, la quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, porque en el caso concreto, la parte quejosa desatendió que los artículos 508, 728 y 736 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, disponen: "Artículo 508. La sentencia que decrete el desahucio, será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin el otorgamiento de fianza. La que lo niegue, será apelable en ambos efectos. Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas." Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley. Numerales que estatuyen que contra los autos definitivos o las interlocutorias dictados en juicio cuya sentencia es apelable puede interponerse recurso de apelación, a fin de que el Tribunal de alzada determine si el acuerdo recurrido se encuentra ajustado a derecho, en cuyo caso podrá confirmarlo, y en caso contrario deberá modificarlo o revocarlo. Por tanto, del análisis de los preceptos transcritos con anterioridad, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos, pues el auto reclamado se emitió por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil de Querétaro, es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de apelación, establecido en el numeral 728 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que procede en términos de los diversos 508 y 736 de dicha codificación. Es decir, ese contexto normativo sirve para concluir que si lo combatido por la parte quejosa es un auto emitido en un juicio sumario de desahucio, cuya sentencia se estipula expresamente apelable, es que se llega a la conclusión de la procedencia del recurso de apelación, pues se ubica tanto en el supuesto del artículo 508, como en la parte conducente de lo preceptuado en el artículo 736 del código adjetivo civil local, si se tiene en cuenta que la sentencia es apelable, y por ende, también los autos que tengan fuerza de definitivos, siendo que en el caso, se cumplen estos dos supuestos normativos, dado que el embargo tiene esa características pues la sentencia no se ocupa de dicho análisis además de que su impacto es irremediable en los derechos de la parte promovente ante la afectación a sus bienes. Además, la cuantía del asunto es de $**, la cual excede de trescientas veces el salario mínimo, a que se refiere el artículo 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, porque, el salario mínimo vigente al momento de la presentación de la demanda (2022) corresponde a la suma de $***, lo que al ser multiplicado por un factor de 300 da como resultado la cantidad de $ 51,861.00 (cincuenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.), de modo que la cantidad reclamada como suerte principal y a la que corresponde la cuantía del juicio sumario de desahucio es mayor a la prevista para que sea apelable, y por ende, los actos que durante su trámite se dicten es procedente el citado recurso. Por tanto, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la quejosa debió agotar el medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de garantías, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de garantías, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Máxime que la parte quejosa no se encuentra en ninguno de los supuesto de excepción para inobservar el citado principio de definitividad, conforme al propio artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d) de la Ley de Amparo, pues dicho acto al derivar de un procedimiento jurisdiccional de carácter civil no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, y tampoco consiste en una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni en un auto de vinculación a proceso; además de que la quejosa es parte demandada en el juicio natural fuente el acto reclamado el cual está en trámite, es decir, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación dado que puede vincularse a dicho juicio y hacer valer los recursos procedentes en contra de dicho auto, y la procedencia del recurso de apelación, no está sujeta a interpretación adicional a la de los propios preceptos que la regulan, aunado a que su fundamento es suficiente para determinar la procedencia de dicho medio de impugnación. Lo anterior es así, dado que de la simple lectura de los artículos 508, 728 y 736, del Código Adjetivo Civil del Estado, se obtiene que al ser el auto reclamado en una determinación que no podrá ser reparada en sentencia definitiva, además, de que atendiendo a la cuantía del asunto $***, superada los 300 salarios mínimos (que asciende a $ ***, se estima que para actualizar tal causal de improcedencia no se requiere de una interpretación adicional. Luego entonces, la causal de improcedencia de mérito es notoria y manifiesta, pues de admitirse la demanda de amparo en nada cambiaría las circunstancias para actualizar la misma causal de improcedencia, en una posterior determinación, como es en la audiencia constitucional, pues hasta el momento en autos obran los datos necesarios para actualizar tal causal. Sin que se soslaye, para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos (embargo a sus bienes), porque aún bajo ese supuesto, queda obligado a acatar el principio de definitividad, en conformidad con la tesis de jurisprudencia obligatoria, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. 1" En tal virtud, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO."

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