Pamela Guadalupe Leal Zavala

Expediente 273/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
273/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Pamela Guadalupe Leal Zavala
  • Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 20 fracciones II y XII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil veintitrés, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa. De igual modo, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, deberá devolver el remanente que exceda de la aplicación del equivalente a 8 unidades de medida y actualización vigente que pagó por concepto de inscripción de documento público, la cual deberá de calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa; y, la respectiva actualización de la cantidad a devolver. Resolución que causó ejecutoria el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el diez de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $19,926.94 (diecinueve mil novecientos veintiséis pesos 94/100, moneda nacional), mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de once de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Archivo. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Josué Jesús Gaona Ortiz, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141, en relación con el 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaria de la Comisión Permanente, quien actúa con el licenciado José Javier Ruiz Martínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. William

  2. Principal

    quince de mayo de dos mil veintitrés12477PRAL 273/2023 En quince de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza, con el estado de autos y con el escrito con número de registro 12477.- Conste. Tepic, Nayarit, quince de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no se ha acatado la ejecutoria de amparo, no obstante, a que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que no se cumpliría lo establecido en el artículo 17 constitucional, es decir, procurar una justicia pronta y expedita. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables ejecutoras para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acredite haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria. Esto es, para que se desincorpore de la esfera jurídica a la parte quejosa, los preceptos declarados inconstitucionales, tanto en el presente como en el futuro; asimismo, que la autoridad ejecutora dentro del ámbito de su competencia devuelva el remanente que exceda de la aplicación del equivalente a 8 Unidades de Medida y Actualización vigente, por el pago de concepto precisado en la propia sentencia, el cual deberá calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa. De igual manera, deberá devolver el cobro respecto de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del estado de Nayarit, ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, sólo respecto de los conceptos de documento público o privado y de préstamo hipotecario; cantidad a devolver la cual deberá estar debidamente actualizada. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Se recibe escrito. Téngase por recibido el ocurso suscrito por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual formula diversas manifestaciones en torno a la omisión de las autoridades responsables al dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, solicita se hagan efectivas las medidas de apremio por las que fue apercibida y se inicie el incidente de inejecución respectivo. En consecuencia, ténganse por formuladas las manifestaciones que refiere en su ocurso de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora, en cuanto a las peticiones que plantea, dígasele al promovente que por el momento no ha lugar a proveer favorablemente, toda vez que como se observa de párrafos precedentes, con esta data se está requiriendo nuevamente a las autoridades responsables ejecutoras, para que dentro del plazo indicado acaten en sus términos la sentencia protectora del amparo; a quienes además, se les apercibió de multa en caso de omisión. Asimismo, se le hace de su conocimiento que este Juzgado, previo a instaurar el procedimiento sancionador establecido en el artículo 193 de la citada ley, esto es, antes de imponer la multa respectiva, debe requerir a la autoridad responsable el cumplimiento de dicha ejecutoria, toda vez que ha demostrado que se encuentra en vías de cumplimiento, tomando en cuenta que para cumplir con la sentencia de amparo, debe llevar a cabo el trámite respectivo. Cobra aplicación a lo antes señalado la tesis VII.2o.C.16K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página mil doscientos noventa y cinco, libro ocho, julio de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguientes: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. La obligación prioritaria del órgano jurisdiccional de amparo estriba en lograr el puntual cumplimiento de la sentencia amparadora, entendido éste, en términos del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, como el acatamiento total, sin excesos ni defectos. En ese sentido, por una parte, el órgano jurisdiccional de amparo al apercibir en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la referida ley, a la autoridad responsable para que dé puntual cumplimiento a la sentencia amparadora podrá, en atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo de dicho precepto, ampliar el plazo legalmente establecido para acatar el fallo protector. Por otra parte, cuando dicho órgano reciba por primera vez el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria amparadora, y estime que ésta no se cumplió puntualmente, ya sea porque no fue acatada en su totalidad o lo fue con excesos o defectos, antes de instaurar el procedimiento sancionador establecido en el artículo 193 de la citada ley, esto es, antes de imponer la multa respectiva y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, deberá requerir por una vez más a la autoridad responsable el puntual cumplimiento de dicha ejecutoria, en aras de lograr la obligación prioritaria mencionada en un principio. Esto último, encuentra fundamento en el tercer párrafo del invocado artículo 193, en cuanto dispone que si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Así, sólo cuando la autoridad responsable inobserve el nuevo requerimiento, esto es, reitere el incumplimiento de la sentencia amparadora, el órgano jurisdiccional de amparo podrá actuar en términos del artículo antes mencionado". Igualmente, la Jurisprudencia I.3º.C.J/7 (10ª.), visible a página dos mil ochocientos noventa y dos, libro dos, enero de dos mil catorce, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias". Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  3. Principal

    veintisiete de abril de dos mil veintitrés10723PRAL 1673/2017 En veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado de autos y oficio registrado con el número de folio 10723 y anexos.- Conste. TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se aprecia que por auto de seis de marzo del año en curso, se envió el oficio 9370/2023, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para el efecto de que dentro del plazo de tres días, proporcionara los nombres de quienes al día de hoy integraran el Cabildo del citado Ayuntamiento, el cual se conforma por el Presidente, Síndico y Regidores de esa municipalidad. De igual forma, respecto de quienes resultaran ser los titulares del Tesorero, Jefe de Recursos Humanos y Secretario, todos del mencionado Ayuntamiento. Ello, toda vez que dicha información resulta necesaria para el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional pueda realizar los pronunciamientos respectivos e imponer las multas procedentes, en caso de desacato. Sin que al día de hoy, se haya remitido información alguna al respecto, aún y cuando la citada autoridad municipal, fue notificada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, según se observa de acuse de recepción respectivo, el cual obra agregado en autos. En esa tesitura, requiérase nuevamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para el efecto de que dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente, proporcione la información previamente destacada. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, se le impondrá al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con los dispositivos 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Vías de cumplimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, téngase en vías de cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la oficiante se observa que se señalaron las trece horas del treinta de mayo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la ejecución del laudo emitido en autos del juicio laboral 231/2011 de su índice; asimismo, acompañó las constancias de notificación practicada a las partes. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días posteriores a la fecha señalada para el verificativo de la diligencia en comento, acredite haber celebrado la misma; para lo cual deberá acompañar copia debidamente certificada que justifique tal circunstancia; o bien, manifieste lo acontecido en ella. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá al Presidente de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Estado de autos. Respecto al domicilio que señala la autoridad oficiante en su misiva de referencia para oír y recibir notificaciones, dígasele que deberá de estarse a lo proveído en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el cual se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad vinculada Recaudador de Rentas de la mencionada a Secretaría, a través del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 88, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba dos copia más de su escrito de agravios. Lo anterior; toda vez que del sello de la oficialía de partes de este juzgado federal, se advierte que únicamente acompañó el original y ocho copias; sin embargo, son necesarias diez copias, a fin de distribuirlas entre las partes dado que el original se remitirá al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad y las copias se repartirán de la siguiente forma: una para glosarla al presente sumario constitucional, otra para cada una de las diversas autoridades responsables, las cuales son siete, una más para la parte quejosa y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación. Apercibimiento. De conformidad con el ordinal 89 de la legislación en comento, se le apercibe a la parte promovente que de no cumplir con dicho requerimiento, dentro del término indicado, se tendrá por no interpuesto el aludido medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 5, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Notifíquese.

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