Pamela Berenice Torres Gomez
Expediente 77/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pamela Berenice Torres Gomez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima el cuaderno de pruebas correspondiente a copias certificadas relativas al expediente laboral 486/2013; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Finalmente, el suscrito Secretario encargado del despacho, ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA, para los efectos legales que haya lugar. Ahora bien, vistas las constancias remitidas se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho dictó laudo relativo al juicio laboral interpuesto por *************, apoderado de **************. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de dictar laudo. En esas condiciones, si el treinta y uno de enero del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las once horas con dieciocho minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para su verificativo.
- Principal
Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables que los suscriben, así como las copias certificadas del expediente laboral ******, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con las copias certificadas del expediente laboral, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado, sin perjuicio de tomarlo en cuenta al momento de resolver el presente juicio. En mérito de lo anterior, para dar margen a que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, como lo dispone el artículo 117, de la Ley de Amparo; con la finalidad de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas, que en su caso, estimen convenientes dentro del referido término, se difiere en forma anticipada la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, y en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por **********************, apoderado especial de ***********************, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo acreditado ante la autoridad responsable; contra actos del PLENO QUE INTEGRA LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA. Regístrese en el libro de juicios de amparo de este juzgado, bajo el número 77/2018-II-MO. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tienen como autorizados de la quejosa a *************************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal el que indica en su demanda de amparo. Obligación señalar autoridades. En otro aspecto, es preciso señalar que el arábigo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, contempla, entre otras, la obligación del promovente en el sentido de señalar las autoridades responsables, lo que de suyo se traduce en una designación precisa de manera que sea posible llamar a juicio a la o las que hayan sido señaladas con tal calidad, debiéndose aclarar, además, que tocante a este tema no opera la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja a que alude el precepto 79 de la norma en comento, puesto que esta última versa respecto a los conceptos de violación o agravios. Bajo esta perspectiva, se apercibe a la parte quejosa de que en caso de que alguna o algunas de las autoridades a las que les atribuya el carácter de responsables no exista con la denominación que indica en su escrito de demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y en su oportunidad se resolverá como proceda conforme tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento del nombre de dicha o dichas responsables. Todo lo anterior encuentra justificación en el hecho de que corresponde a la parte accionante de amparo estar al pendiente tanto de que su escrito de demanda colme las exigencias del mencionado precepto 108, como del trámite del proceso de amparo, lo cual además guarda armonía con lo contemplado en el párrafo segundo del dispositivo 17 de la Ley Fundamental, que postula la impartición de justicia pronta y acorde con el principio de celeridad procesal. Lo anterior, sin perjuicio que durante la substanciación del presente asunto, el quejoso aclare la denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables, en cuyo caso, se acordará lo que en derecho proceda. Por otra parte, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Acceso Información. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 1, 3°, 5, y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 26, fracción I, 30, 34 y 47 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2°, fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XXI y XXII, 3°, 5° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General 11/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversos Acuerdos Generales del propio consejo, con el objeto de actualizar atribuciones y procedimientos en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, se hace del conocimiento de las partes que al dictarse la ejecutoria correspondiente se elaborará en versión pública a fin de proteger sus datos personales; sin que ello implique la supresión de sus nombres, al tratarse de un amparo en materia laboral que no encuadra en los supuestos de datos sensibles a los que alude el Acuerdo General 11/2017 de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.
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