Pamela Anahi Nava Gonzalez

Expediente 254/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
254/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Pamela Anahi Nava Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. DEVUELVASE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el tres de mayo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: De autos se advierte que existe glosado el oficio 023.302/SP/0380/2022, escrito de cinco de marzo del año en curso, oficio 023.302/SP/0380/2022, oficio 023.302/SP/1523/2020, escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, oficio SG/067/2021, copia certificada de consentimiento para ser asegurado, todos con firmas originales, así como copia certificada del acta de defunción a nombre de Juan Fernando Nava Pérez y de la promovente del amparo; en tal virtud, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente juicio de garantías, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que se deje en autos para tal efecto, así como, previa copia certificada que de los documentos a devolver se deje en este expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes.

  3. Principal

    V-Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa PAMELA ANAHI NAVA GONZÁLEZ, el acuerdo dictado el once de abril de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por Pamela Anahí Nava González, por su propio derecho solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la suplente en ausencia del titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 254/2022- V-A. De inicio, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia; para ello es menester establecer lo que los términos "manifiesto" e "indudable" significan; por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que se actualiza; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda. Por tanto, cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, procederá a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Para tal efecto, resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías. En este sentido, de la lectura del escrito inicial de demanda de amparo y su anexo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: A) La resolución contenida en el oficio No. 023.302/SP/0380/2022, la cual carece de motivación y fundamentación. B) La negativa de proporcionarme el nombre de la aseguradora por la cual se le descontó de la pensión de mi finado padre Juan Fernando Nava Pérez el 0.7% como prima seguro consistente en la cantidad de $174.27 pesos. C) La negativa de pagarme el monto de aseguramiento consistente en 18 meses de la pensión que en vida gozaba mi padre Juan Fernando Nava Pérez. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5o. fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5°. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias las anteriores que no concurren en el presente caso. En efecto, para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del caso concreto, en el que el Juez constitucional debe analizar: a) El origen material y la finalidad del acto respectivo. b) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos, es decir, la actualización de la relación de supra a subordinación. c) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica. En el caso de lo manifestado por la quejosa y de las constancias exhibidas, se tiene que la resolución contenida en el oficio número 023.302/SP/0380/2022, deriva de la solicitud que planteó ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los escritos de cinco de marzo, seis de octubre y diecinueve de diciembre de dos mil veinte, reiterado en el diverso de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, relativos al trámite para efectuar el cobro como beneficiaria del seguro de vida contratado a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que este se retenía de la pensión 1667064 de su difunto padre como trabajador pensionado. Sobre lo cual, este Juzgado de Distrito advierte que dicha prestación es evidentemente de carácter laboral conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXIX, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General,2 relacionado con los diversos 283, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo,3 17 y 81 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,4 que establecen como prerrogativas de los trabajadores en general el proporcionarles seguridad social, destacando un seguro de vida a su favor, y en tratándose de trabajador o pensionado del servicio público, el seguro de vida o el de sobrevivencia, según corresponda. De modo que el acto reclamado deriva de una relación de seguridad social entre la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el trabajador pensionado fallecido, por virtud de la cual se generó una prestación social consistente en la contratación de un seguro de vida cuyo pagos convino realizar el pensionado a través de retenciones mensuales a su pensión de jubilación, a cuyo fallecimiento su beneficiaria reclama el pago del seguro de vida. En ese contexto, el pago de la prestación está vinculada por ordenamientos de derecho laboral específicos, lo que significa que cualquier decisión que adopte el instituto con la prestación y el pensionado y/o sus beneficiarios no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado precisamente de esa relación de seguridad social. En estas condiciones, es que se surte de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II; todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda promovida, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Ahora, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/20206, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 557 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a la consulta de un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente, la que podrán tramitar a través de la página electrónica https://www.firel.pjf.gob.mx/. Asimismo, acorde con lo establecido en la fracción II, del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano