Pamela Alejandra Lucero Navarrete

Expediente 1333/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1333/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Pamela Alejandra Lucero Navarrete
  • Congreso del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la presidente del Congreso, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y el gobernador, todos del Estado de Sonora, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes, y por último, se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por la quejosa, así como la documental aportada por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1333/2023, promovido por ********************, contra los actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente hábil, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de uno de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso y del gobernador, ambos del Estado de Sonora, en el ámbito de su respectiva competencia: La discusión, aprobación, expedición y promulgación, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, en específico los numerales 188, fracción II, inciso b), 246, fracción I, 249, 289, 292 Bis y 312, apartado 1, inciso a). Y del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora: La aplicación de los artículos referidos a través de la recaudación del impuesto y contribuciones referidas en los mismos, consignadas en el recibo de pago electrónico folio ********************, de ********************. Inexistencia de actos reclamados No son ciertos los actos reclamados al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 188, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. Lo anterior es así, dado que el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado fue reformado mediante Decreto número 90, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el treinta de diciembre de dos mil veintidós, que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, el cual dispone: "Artículo 188. La base del impuesto será la siguiente, salvo los supuestos a que se refiere el artículo 188-Bis de esta Ley: (.) b) Tratándose de vehículos que su modelo sea hasta 10 años anteriores a la fecha en que se cause el impuesto, el valor de compra que se determine en base al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, determinado para vehículos de propulsión mecánica, sobre precios de automóviles usados. El Tabulador Oficial para el pago del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, determinado para vehículos de propulsión mecánica, sobre precios de automóviles usados, será publicado una vez al año, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. (.)." Dicho precepto legal antes de la reforma mencionada, establecía lo siguiente: "Artículo 188. La base del impuesto será la siguiente, salvo los supuestos a que se refiere el Artículo 188-Bis de esta Ley: Para los bienes muebles distintos a los señalados en las fracciones II y III de este artículo, el valor más alto entre el que tengan en el mercado y el de la factura o del acto o contrato del que derive la traslación de dominio; y Para vehículos de propulsión mecánica: a). El 80% del valor total del vehículo de la primera facturación, para vehículos cuyo modelo corresponda al año de aplicación de esta Ley; b). Tratándose de vehículos que su modelo sea hasta 10 años anteriores a la fecha en que se cause el impuesto, el valor de compra que se determine en base a la guía EBC que es la guía oficial de información para comerciantes en automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre precios de vehículos usados del mes de noviembre del año anterior al de aplicación de la Ley. La guía EBC sobre precios de automóviles usados será publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como en la página electrónica oficial de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. (.)." Ahora, de acuerdo con la reforma del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado, el veintitrés de mayo del año en curso, se publicó en dicho Boletín, el Tabulador Oficial para el pago del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, determinado para vehículos de propulsión mecánica, sobre precios de automóviles usados. Por tanto, si la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el treinta de agosto del presente año, y la reforma al artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, así como la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Tabulador Oficial referido en la misma se llevó a cabo el veintitrés de mayo anterior, resulta evidente que la transgresión constitucional delatada por la quejosa ya no existía, pues del contenido íntegro de su demanda se aprecia que está dirigida a la falta de publicación de la guía EBC que contemplaba el artículo 188 referido antes de su reforma. Además, tratándose de una demanda de amparo contra leyes, no es necesaria su comprobación en autos, toda vez que atendiendo a su naturaleza y obligatoriedad, al aparecer dicho documento publicado en el citado órgano oficial de difusión del Estado de Sonora, tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo, según así lo ha sostenido nuestro máximo tribunal del País, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Registro digital: 191452; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a./J. 65/2000; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 260. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del citado acto reclamado, cuando de las constancias de autos aparezca claramente que no existen los actos atribuidos a las autoridades, esto es, no se ha producido, ni está realizándose al momento de la presentación de la demanda y eso es precisamente lo que acontece en el caso en particular, dado que la demanda de amparo se presentó el treinta de agosto de dos mil veintitrés, mientras que la vigencia de la reforma al artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, fue a partir del uno de enero de este año, y la publicación del Tabulador Oficial (y no Guía como se mencionaba antes de la reforma y a la que se hace referencia en la demanda de amparo) que ahora contempla dicho precepto legal se llevó a cabo el veintitrés de mayo anterior; por ende, a la fecha de presentación de la demanda no existía el precepto legal combatido por la quejosa. Lo anterior, sin duda materializa la causa de sobreseimiento del juicio de amparo, por inexistencia del acto reclamado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que el acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable de manera puntual la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, con número de registro electrónico 206346, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así como la diversa tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 82, Tercera Parte, página 13, Séptima Época, con número de registro electrónico 818482, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. FECHA A QUE DEBE RELACIONARSE COMO MATERIA DEL AMPARO. La existencia del acto reclamado debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presentó la demanda de amparo respectiva; pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja." En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en cuanto a dichos actos reclamados. De igual manera, no es cierto el acto reclamado al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, de donde se hace derivar el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, al recaudar el impuesto relativo, no obstante que al rendir informe justificado, haya manifestado su certeza; lo anterior, atendiendo a las consideraciones siguientes. De las constancias que integran el sumario se advierte que la quejosa anexó a su escrito de demanda, el original del recibo de pago folio ********************, de ********************, expedido a su nombre por la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, lo cual pone de manifiesto que la quejosa fue quien compareció voluntariamente a realizar el pago del derecho impugnado, no así que la autoridad responsable la haya obligado a colocarse en la hipótesis prevista en las normas reclamadas, es decir, la citada responsable únicamente intervino en la recaudación del aludido pago, puesto que en realidad la quejosa se autoaplicó la norma impugnada, individualizándose así en su perjuicio, los supuestos o hipótesis legales respectivos. Constancia a la que se le confiere valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de la propia ley reglamentaria. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En esa tesitura, si en el presente caso, quien se dice agraviada por las normas reclamadas, ha soportado la obligación de pagar la contribución reclamada, sin necesidad de la intervención coercitiva y previa de la autoridad encargada de hacerla cumplir, esa situación descarta por razón lógica la posibilidad de que enderece la acción de amparo contra autoridad ejecutora alguna, aunque sí es posible que de ese modo nazca el derecho del gobernado para promover amparo indirecto contra aquella norma. Ello, pues así ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que es factible identificar como primer acto de aplicación de una norma jurídica, no sólo el que proviene de autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir ya de un particular que actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, como en el caso, cuando en acatamiento a lo que establecen las normas reclamadas, la cumple sin que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de imperio, la conmine a cumplir con dichas normas. Al respecto, se citan las jurisprudencias 2a./J. 153/2007 y 2a./J. 182/2008, q rezan: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo." Lo anterior, no implica que ante una eventual concesión del amparo solicitado, la referida autoridad no pueda quedar conminada al acatamiento del fallo protector, dada su vinculación; máxime si eventualmente se llegara a estar en el supuesto de ejecución de un fallo emitido por un Tribunal de la Federación en un juicio de amparo, que tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus derechos fundamentales. De ahí que ante la inexistencia del acto del acto atribuido al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dicho acto y autoridad. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Sonora, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 246, fracción I, 249, 289, 292-Bis y 312, apartado 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, al así haberlo manifestado al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se corrobora con la prueba documental exhibida por la propia parte quejosa, consistente en el recibo de pago electrónico folio ********************, de ********************, expedido por la dirección general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, ya valorada. Causas de improcedencia actualizadas Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de protección de los derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 observable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, de contenido: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que hace a la constitucionalidad de los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289, 292 bis y 312, apartado 1, inciso a), todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" En efecto, la quejosa reclama, esencialmente, la inconstitucionalidad de los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289, 292 bis y 312, apartado 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, específicamente, concretizado con el cobro en el recibo de pago electrónico folio ********************, de ********************, en el cual se advierten los conceptos que le son aplicados y que reclama en esta vía constitucional. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario, en específico de la copia certificada del recibo oficial ********************, de ********************, exhibida por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se advierte que la parte quejosa consintió el pago de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública", "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", y "expedición de placas", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289, 292 Bis y 312, apartado 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, ya que en la citada data realizó los pagos correspondientes a las contribuciones adicionales y expedición de placas contenidas en los numerales en cita, por lo que se autoaplicó las normas tildadas de inconstitucionales. Por tanto, el pago realizado mediante recibo oficial con folio ********************, de ********************, no es el primero de aplicación de dichos preceptos, sino uno posterior. En consecuencia, acorde a lo antes expuesto, debe decirse que si en la documental antes referida, para el pago de derechos por concepto del impuesto de expedición de placas y sus accesorios, que la autoridad administrativa expide, en la cual se determina el importe de la obligación fiscal que debía pagarse y además se precisa el nombre del contribuyente, el concepto del trámite, la fecha de presentación de la solicitud y la orden de enterar dicha cantidad, resulta inconcuso que ello constituye un acto de aplicación de la ley, pues define de manera particular la situación jurídica de la causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite realizado. Es decir, desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, entonces, se tiene que la quejosa no reclamó los artículos que la constreñían a pagar los impuestos que reclama como inconstitucionales cuando se le patentizó el primer acto de aplicación, que lo fue al realizar el pago del recibo número ********************, de ********************. En esa intelección, es incuestionable que al menos desde esa fecha se enteró del cobro de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública", "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", y "expedición de placas", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289, 292 Bis y 312, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, que reclama; de tal manera que si la demanda de amparo fue depositada el treinta de agosto del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es evidente que dicha presentación se realizó fuera del término de los quince días a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que se reclama, que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la quejosa promueve el juicio de amparo reclamando una ley con motivo de su aplicación pero no en relación del primer acto, sino del segundo o subsecuente, el juicio de amparo en tal hipótesis es improcedente. Resulta aplicable a dichas consideraciones la jurisprudencia P. 30, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que expresa: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." VI. Decisión En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados y la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado José Enrique Ayala García, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cincuenta y tres minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Magnolia

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el subsecretario de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecida la documental que anexa, la cual será valorada en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en su informe. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del gobernador del Estado, y dese vista a las partes con su contenido. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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