Paloma Santamaría Córdoba Huerta
Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paloma Santamaría Córdoba Huerta
Actuaciones
- Principal
..se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE NUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el escrito aclaratorio firmado por la quejosa Paloma Santamaría Córdoba Huerta, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 160/2021. ACTO RECLAMADO. La resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente 1180/2006 de su índice, que declaró infundado el recurso de revocación que interpusiera la quejosa en contra del auto de siete de diciembre del dos mil veinte, hecho valer contra negativa de la responsable a certificar si Sofía Garcés Martínez, cuenta con cédula profesional registrada ante el Juzgado o en el padrón único de abogados del Poder Judicial del Estado de Veracruz. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con los numerales 612, fracción XXIII, 623, y 1074, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el mismo tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; o bien, cuando se impugne el acto final que concluye el procedimiento, ya sea por violaciones cometidas en el mismo o dentro de su trámite. En ese sentido, la resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente 1180/2006 de su índice, que declaró infundado el recurso de revocación que interpusiera la quejosa en contra del auto de siete de diciembre del dos mil veinte, hecho valer contra negativa de la responsable a certificar si Sofía Garcés Martínez, cuenta con cédula profesional registrada ante el Juzgado o en el padrón único de abogados del Poder Judicial del Estado de Veracruz; sobre el particular, debe indicarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. En ese entendido, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener un fallo favorable; y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duele, puede ser reclamable mediante el juicio de amparo directo, tal como lo prevé el artículo 1725, fracción IX de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de los preceptos legales transcritos, el segundo interpretado contrario sensu, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y que se entiende por actos de esa naturaleza aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trascienda a la ejecución del fallo del referido juicio natural, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la parte solicitante del amparo contra la resolución que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. . Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el expediente de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso y una adecuada defensa; lo cierto, es que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen en el ofrecimiento y admisión de pruebas de la legislación aplicable. En consecuencia, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. . DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que precisa en el escrito de su demanda, y por autorizado de su parte a Ociel Arturo Armas Domínguez, en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, se constató que la cédula indicada en la certificación secretarial de cuenta corresponde a la persona que designó como autorizado y con la restricción que establece dicho numeral a Miguel Ángel Segovia Cuevas, esto es, únicamente para imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente en la demanda. . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con Apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no se opone a la publicación de sus datos personales en listas de notificación....
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