Paloma Medina Renteria

Expediente 606/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 57 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
606/2018
Año
2018
Actuaciones
57
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Paloma Medina Renteria
  • Ernesto Medina Gallardo
  • PALOMA MEDINA RENTERIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió tener por cumplida la sentencia de amparo, determinación que el once de marzo de dicha anualidad se notificó al quejoso, sin que se inconformara dentro del término que para tal efecto establece el primer párrafo del artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en ese precepto y en el diverso 196 del ordenamiento invocado, SE TIENE A LA PARTE QUEJOSA CONSINTIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida por este juzgado Federal, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada; por consiguiente, una vez que haya transcurrido el término de tres años, esto es, previo desglose del escrito de demanda, de la sentencia y de la resolución interlocutoria para su conservación. Esto, ya que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Asimismo, el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su guarda por cuerda separada y transcurridos SEIS MESES, contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ofreció como pruebas de su parte diversos documentos, en tal virtud, con apoyo en artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad con lo establecido en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021 emitidos de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que la Comisión Especial adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Asimismo, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene presente el contenido del "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" vigente, de conformidad con el diverso Acuerdo General 25/2020, en que se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas, entre otros, por el referido Acuerdo General 13/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el quejoso no desahogo la vista de diez de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: ANTECEDENTES El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia (fojas 339 a 404), en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: La CONADE, el INDE de Baja California y la Federación Mexicana de Natación, a fin de restablecer el estatus, la posición y la reputación de la nadadora promovente en el contexto deportivo frente al tratamiento discriminatorio sufrido, deberán emitir una carta oficial en la que reconozcan que la niña quejosa sí clasificó a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional 2018 con base en la convocatoria emitida por CONADE por quedar dentro de los primeros 24 lugares en la categoría 15-16 años en la prueba de 1,500 metros libres del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. Asimismo, deberán admitir que discriminaron a la niña quejosa por aplicar o tolerar la aplicación de mayores requisitos en su contra que a los demás niños y niñas que quedaron dentro de los primeros 24 lugares en la prueba de 1,500 en la categoría 15-16 años del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. En particular, el INDE de Baja California deberá aceptar que discriminó a la niña quejosa por aplicarle mayores requisitos que a los demás niñas y niños representantes del Estado de Baja California que quedaron dentro de los lugares 8 a 24 en la prueba de 1,500 en la categoría 15-16 años del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. Por último, deberán reconocer que la niña es un atleta de alto rendimiento porque así lo demostró con sus tiempos, esfuerzo e historial de entrenamiento. La CONADE y el INDE de Baja California, deberán realizar las acciones necesarias para coordinar el ejercicio de sus atribuciones en materia de cultura física y deporte, en particular, para garantizar el acceso de la menor quejosa a esas actividades. Asimismo, la CONADE y el INDE de Baja California, en coordinación deberán declarar formalmente la invalidez de la convocatoria estatal emitida por el INDE de Baja California respecto de la quejosa, específicamente el apartado que establece que únicamente clasifican a la etapa final de la olimpiada nacional 2018 los primeros 8 lugares del concurso nacional clasificatorio pues, en el caso concreto, la CONADE es la única autoridad competente para establecer los procesos de eliminación de eventos nacionales clasificatorios y en la final nacional. Cabe resaltar que en el caso concreto de las Olimpiadas Nacionales 2018, la convocatoria de INDE de Baja California es válida sólo para la etapa institucional, municipal y estatal de Baja California pues la CONADE delegó la facultad de establecer los procesos de clasificación al INDE de Baja California para dichas etapas y se reservó las mismas para los eventos nacionales clasificatorios (a la que pertenece la competencia nacional clasificatorias de curso corto) y la final nacional. Al momento en que la menor quejosa asista a entrenamientos o participe en competencias, las autoridades responsables se deben abstener de llevar a cabo cualquier acto discriminatorio que atente contra su dignidad por su condición de edad y sexo, y deben garantizar a la menor el derecho a la práctica del deporte en forma igualitaria y transparente. Asimismo, no deben reiterar que la quejosa participó en la olimpiada 2018 por virtud de la suspensión concedida por este Órgano Jurisdiccional y deberán abstenerse de afirmar que la niña quejosa supuestamente incumplió con los criterios de calidad exigidos por la convocatoria y el anexo técnico de natación para la Olimpiada Estatal 2018 y Olimpiada Juvenil 2018 del Estado de Baja California, y que dichas exigencias resultan ilegales, en especial, cuando se trate de documentos oficiales como es el caso de los informes justificados rendidos en este juicio constitucional, o cualquier comunicación que pueda ser del conocimiento de terceros o incluso pueda llegar a ser información del dominio público. Máxime que la quejosa participó en la Olimpiada Nacional gracias a su disciplina y desempeño deportivo, por haber cumplido los tiempos exigidos por CONADE; de modo que la medida cautelar del Juzgador únicamente sirvió para garantizar el derecho de la niña a participar en lo que ella misma había conseguido en las clasificatorias nacionales. Garantizar un ambiente libre de discriminación en el entorno deportivo en que se desenvuelve la quejosa. Garantizar que no se niegue la participación de la menor quejosa en futuras competencias deportivas organizadas por las autoridades responsables por razones de género, edad o sexo que pudiera llegar a provocar cualquier tipo de discriminación, ya sea directa o indirectamente. Garantizar la participación en futuras competencias nacionales sin imponer a la niña quejosa requisitos adicionales o distintos a los impuestos a los demás concursantes que se encuentren en un plano de igualdad por participar en el mismo evento deportivo y sobretodo sin exponer una justificación objetiva y racional para brindarle el trato distinto. El INDE de Baja California se abstenga de decir que la niña quejosa no cumplió con el criterio de calidad requerido por el estado de Baja California y que reconozca que la niña quejosa adquirió el derecho de participar en la etapa final de la Olimpiada Nacional 2018 por haber cumplido con los mismos requisitos que los demás niños y niñas mencionados en el considerando décimo. Dicha sentencia fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; en consecuencia, los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: a. La CONADE, el INDE de Baja California y la Federación Mexicana de Natación, a fin de restablecer el estatus, la posición y la reputación de la nadadora promovente en el contexto deportivo frente al tratamiento discriminatorio sufrido, deberán emitir una carta oficial en la que reconozcan que la niña quejosa sí clasificó a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional 2018 con base en la convocatoria emitida por CONADE por quedar dentro de los primeros 24 lugares en la categoría 15-16 años en la prueba de 1,500 metros libres del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. Asimismo, deberán admitir que discriminaron a la niña quejosa por aplicar o tolerar la aplicación de mayores requisitos en su contra que a los demás niños y niñas que quedaron dentro de los primeros 24 lugares en la prueba de 1,500 en la categoría 15-16 años del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. En particular, el INDE de Baja California deberá aceptar que discriminó a la niña quejosa por aplicarle mayores requisitos que a los demás niñas y niños representantes del Estado de Baja California que quedaron dentro de los lugares 8 a 24 en la prueba de 1,500 en la categoría 15-16 años del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto 2017. Por último, deberán reconocer que la niña es un atleta de alto rendimiento porque así lo demostró con sus tiempos, esfuerzo e historial de entrenamiento. 4. Asimismo, no deben reiterar que la quejosa participó en la olimpiada 2018 por virtud de la suspensión concedida por este Órgano Jurisdiccional y deberán abstenerse de afirmar que la niña quejosa supuestamente incumplió con los criterios de calidad exigidos por la convocatoria y el anexo técnico de natación para la Olimpiada Estatal 2018 y Olimpiada Juvenil 2018 del Estado de Baja California, y que dichas exigencias resultan ilegales, en especial, cuando se trate de documentos oficiales como es el caso de los informes justificados rendidos en este juicio constitucional, o cualquier comunicación que pueda ser del conocimiento de terceros o incluso pueda llegar a ser información del dominio público. Máxime que la quejosa participó en la Olimpiada Nacional gracias a su disciplina y desempeño deportivo, por haber cumplido los tiempos exigidos por CONADE; de modo que la medida cautelar del Juzgador únicamente sirvió para garantizar el derecho de la niña a participar en lo que ella misma había conseguido en las clasificatorias nacionales. 8. El INDE de Baja California se abstenga de decir que la niña quejosa no cumplió con el criterio de calidad requerido por el estado de Baja California y que reconozca que la niña quejosa adquirió el derecho de participar en la etapa final de la Olimpiada Nacional 2018 por haber cumplido con los mismos requisitos que los demás niños y niñas mencionados en el considerando décimo. En proveído de seis de enero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En contra de la determinación anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de inconformidad; del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número INCONF. 5/2020. Dicho órgano colegiado declaró fundado el referido recurso, a fin de que se requiera a las autoridades responsables lo siguiente: "(.) Como consecuencia de las consideraciones desarrolladas, y toda vez que este tribunal disiente de la conclusión adoptada en el auto motivo de inconformidad, pues se advierte defecto en el cumplimiento, lo procedente es declarar fundado este medio de defensa y revocar el proveído de mérito, de suerte que el juzgador federal deberá requerir a las cinco autoridades antes identificadas, que emitan una carta oficial dirigida a la parte quejosa, en la cual se haga constar: a) su clasificación a la Olimpiada Nacional -en los términos ya expuestos y mencionando que ese desempeño deportivo corresponde al de una atleta de alto rendimiento-, y b) que, como quedó decidido en la ejecutoria de amparo, la exigencia de requisitos superiores a los aplicables para otros deportistas constituyó un acto de discriminación (.)" En consecuencia, por proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento en los términos indicados por la Superioridad. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Por oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el tres de noviembre de dos mil veinte, el Presidente de la Federación Mexicana de Natación remitió la carta oficial dirigida a la parte quejosa, en la cual se hizo constar: a) su clasificación a la Olimpiada Nacional -en los términos ya expuestos y mencionando que ese desempeño deportivo corresponde al de una atleta de alto rendimiento-, y b) que como quedó decidido en la ejecutoria de amparo, la exigencia de requisitos superiores a los aplicables para otros deportistas constituyó un acto de discriminación. Con la constancia de referencia, este órgano dio vista a la parte quejosa el diez de noviembre de dos mil veinte, notificado por lista el once de noviembre de ese año. CONCLUSIÓN Como se observa, la autoridad responsable demostró haber formulado la carta oficial dirigida a la parte quejosa, en la cual se hizo constar: a) su clasificación a la Olimpiada Nacional -en los términos ya expuestos y mencionando que ese desempeño deportivo corresponde al de una atleta de alto rendimiento-, y b) que, como quedó decidido en la ejecutoria de amparo, la exigencia de requisitos superiores a los aplicables para otros deportistas constituyó un acto de discriminación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, la sentencia SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Presidente de la Federación Mexicana de Natación, por el que exhibe la constancia con la que aduce el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la quejosa con copia del oficio de cuenta y se remite su anexo original previa copia certificada se deje en autos para constancia legal, y se requiere para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Federación Mexicana de Natación, asociación civil; por el por el que exhibe constancias con las que aduce dar cumplimiento al fallo protector, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad oficiante, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad en el recurso de revisión 15/2019 y a la resolución dictada en la inconformidad 5/2020, ambas del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente al que se le notifique este acuerdo, cumpla de forma inmediata y total con el fallo constitucional, que consiste en: "(.) Como consecuencia de las consideraciones desarrolladas, y toda vez que este tribunal disiente de la conclusión adoptada en el auto motivo de inconformidad, pues se advierte defecto en el cumplimiento, lo procedente es declarar fundado este medio de defensa y revocar el proveído de mérito, de suerte que el juzgador federal deberá requerir a las cinco autoridades antes identificadas, que emitan una carta oficial dirigida a la parte quejosa, en la cual se haga constar: a) su clasificación a la Olimpiada Nacional -en los términos ya expuestos y mencionando que ese desempeño deportivo corresponde al de una atleta de alto rendimiento-, y b) que, como quedó decidido en la ejecutoria de amparo, la exigencia de requisitos superiores a los aplicables para otros deportistas constituyó un acto de discriminación (.)" Asimismo, es importante señalar que, en atención a las consideraciones vertidas por la superioridad, el documento con el que se dé cumplimiento; en concreto, debe contener un reconocimiento de que la quejosa: "-Clasificó a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional por la vía deportiva, esto es, por haberse ubicado dentro de los primeros veinticuatro lugares de la categoría, con lo cual su desempeño correspondió al de una deportista de alto rendimiento; y, -Sufrió discriminación por haberle sido exigidos requisitos superiores al de otros atletas en condiciones similares." Por último, en el oficio con el que se pretenda dar cumplimiento, deberá abstenerse de mencionar que el mismo se expide en cumplimiento a la suspensión o a cualquier resolución dictada en el presente juicio de amparo. Se apercibe a la responsable, que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los artículos 238, primer párrafo, y 258, ambos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución y 192 de la ley de la materia, es decir, para que el omiso sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

Quedan 53 actuaciones en este expediente

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