Paloma Lizeth Ruiz Villa
Expediente 110/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Paloma Lizeth Ruiz Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA X.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales. HACM
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MESA C. Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. En sentencia de siete de junio dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional amparó y protegió a ************, para que las autoridades responsables Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, realizaran lo siguiente: Reintegren a la quejosa la cantidad debidamente actualizada, relativa al concepto de derecho de alumbrado público inserta en la tabla siguiente: [...] V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia amparadora. VI. Una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la ley de la materia, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, es susceptible de depuración. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo citado, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Finalmente, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así como, no existe tomo de pruebas por separado y tampoco obran documentos originales exhibidos por las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. JRL.
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AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Agréguese a los autos el escrito signado por ***, parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: El auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente **, mediante el cual, en atención a la solicitud de la parte quejosa relativa a tener por no contestada la demanda por cuanto al demandado ***, acordó que debería estarse a lo determinado mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que, en esencia, únicamente tuvo por contestada la demanda a ***, *** y ***, en su carácter de ***. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se combaten en esta vía constitucional corresponden a actos dictados dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afectan materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] Así, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Sobre esa base, en el caso se advierte que el acto reclamado únicamente tiene efectos procesales en la medida que solo trae como consecuencia que el órgano jurisdiccional continúe la secuela procesal correspondiente y, desahogada esta última, se dicte la sentencia definitiva que en derecho corresponda; condición que, en principio, se traduce en un aspecto puramente procesal, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo. En otros términos, el acto reclamado no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales del aquí quejoso, en la medida que las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado y sus efectos pueden quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, pues en ese caso la determinación procesal de admitir las pruebas pericial en trabajo social y la inspección judicial no habrán trascendido en modo alguno a su esfera de derechos. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo -sin prejuzgar sobre ese aspecto-. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que los actos reclamados no producen efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***.
- Principal
AVISO. MESA X. Vista la demanda de amparo presentada por *********, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Dieciocho en el Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 110/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. PREVENCIÓN Ahora, tomando en consideración que el artículo 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en que el Juez de Distrito mandará prevenir a la parte promovente de la demanda de amparo cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. Se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la misma ley. No se hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o esté resulte insuficiente. No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda. En cualquiera de los supuestos que anteceden o la combinación de ellos, el Juez dictará un auto en el que expresará las irregularidades o deficiencias que deba subsanar el promovente para que satisfaga los requisitos omitidos, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias necesarias, lo cual deberá efectuar la parte quejosa dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de dicho auto según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, y la apercibirá de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, se previene al promovente de amparo para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumpla con lo siguiente: [...] REQUERIMIENTO DE COPIAS Para tal efecto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá presentar su escrito de aclaración en original y con las copias suficientes del mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 110, de la Ley de Amparo, para efecto de correr traslado a cada una de la partes en este asunto. [...] APERCIBIMIENTO En consecuencia, se le apercibe que de no dar cumplimiento en su integridad a lo ordenado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, vista la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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