Paloma Jurado Guerrero
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Paloma Jurado Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero Oral Familiar, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 318/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe la autoridad responsable Juez Tercero Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, así como con las que acompañó la quejosa a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la asesora jurídica de la Defensoría Pública, en cuanto representante especial de la menor quejosa, designada dentro del presente juicio, formularon los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y de otra autoridad. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 318/2022 y, en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se determinó que le asistía el carácter de tercero interesado a ********************; por tener intereses contrarios a la parte de la quejosa, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le reconoció tal carácter y se ordenó su emplazamiento. Tercero. Sentencia y recurso de revisión. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional y con fecha veintiséis de julio siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó negar a la quejosa la protección constitucional solicitada. Inconforme con dicha determinación, ********************, interpuso el recurso de revisión, por lo que se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad de Morelia en turno, y mediante resolución correspondiente al nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión civil ********************, el tribunal colegiado determinó revocar la sentencia impugnada a efecto de que se designara a la menor de edad quejosa un representante especial de tipo coadyuvante que asegure el ejercicio efectivo de sus derechos procesales y sustanciales y una vez que dicha representación especial acudiera al juicio constitucional, se procediera a emitir la resolución correspondiente. Atento lo anterior, se solicitó al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública con sede en esta ciudad, designara un asesor jurídico que pudiera fungir en el presente juico como representante especial de la menor de iniciales ********************., y al efecto designó a Olivia Benítez Reyes, Asesora Jurídica Federal adscrita al citado instituto, quien a través de su escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el diez de abril de dos mil veintitrés, aceptó y protestó el cargo conferido, y mediante su diverso ocurso acordado el dieciocho de abril posterior, formuló sus alegatos. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso consiste en lo siguiente: El auto de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre divorcio voluntario promovieron el aquí tercero interesado ******************** y la quejosa ********************. Auto en el cual la autoridad responsable, a petición del promovente y en atención al resultado de la prueba pericial en genética, así como el reconocimiento de paternidad, determinó que la menor de iniciales ********************., debía llevar como segundo apellido el de ********************, en lugar de ********************, así como los datos de su padre ********************, por lo que ordenó girar oficio a la Oficialía Ocho del Registro Civil de Morelia, Michoacán, para que asienten dichos datos en el acta de nacimiento de la infante, registrada el cuatro de febrero de dos mil ********************. Acto que atribuye a las autoridades responsables siguientes: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, Jefe del Registro Civil de la Oficialía Ocho del Registro Civil de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. De igual forma, debe tenerse por cierto el acto atribuido a la autoridad Jefe del Registro Civil de la Oficialía Ocho del Registro Civil de Morelia, Michoacán, consistente en la anotación en el acta de nacimiento de la menor de iniciales ********************., ordenada por la juez familiar, no obstante que fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido notificado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, como se desprende del sello que obra en la minuta correspondiente, pues la juez responsable aceptó la determinación reclamada. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad, consistentes en copia certificada de las constancias del expediente ******************** relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre divorcio voluntario promovieron ******************** y ******************** [constantes de un tomo de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a calificar los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, conviene destacar las siguientes actuaciones del expediente de origen: Mediante escrito recibido el ocho de noviembre de ********************, en la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ******************** y ********************, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento, trámite que correspondió conocer a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, quien con fecha catorce de noviembre siguiente lo admitió a trámite y lo registró bajo el número ********************. Seguido el trámite respectivo, el ******************** de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se aprobó el convenio voluntario allegado por los promoventes, con carácter de sentencia ejecutoriada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Acuerdo de voluntades del que se desprende que en el hecho cuarto los promoventes manifestaron: "CUARTO. En este orden de ideas, es preciso señalar que hemos decidido disolver el vínculo matrimonial que aún nos une, por así convenir a nuestros intereses, determinación que ya habíamos tomado incluso desde antes de ser sabedores del estado de gravidez de la primera, decisión que tomamos con todas las consecuencias inherentes y legales, razones por las cuales se adjunta el convenio con cada una de las cláusulas que hace alusión el dispositivo legal 281 del Código Familiar para el Estado de Michoacán." Luego, en la cláusula "I" del referido convenio, los promoventes establecieron: "I. PRUEBA BIOLÓGICA CONDICIONANTE: Ambos nos encontramos conformes en que una vez que nazca el infante, se le practicará una prueba biológica denominada Ácido desoxirribonucleico de acrónimo (ADN), la cual resulta idónea para establecer en alto grado de verosimilitud el vínculo filial; por consecuencia de arrojar la prueba un vínculo filial positivo, entre el suscrito ********************, y el infante próximo a nacer, se deberá armonizar todos los derechos inherentes, como es pensión alimenticia, convivencia, patria potestad, así como el derecho a una identidad, atendiendo al interés superior del infante, bajo los lineamientos que se especificaron en el presente convenio. Asimismo, cabe hacer la siguiente connotación, a título de prever dicho resultado de paternidad, estamos conformes en abordar cada uno de los rubros subsecuentes, en el entendido de que estarán sujetos al resultado de la prueba aludida, refiriéndome específicamente, custodia del menor, régimen de visita y convivencia, pensión alimenticia para el infante, permisos para salir al extranjero, ejercicio de la patria potestad todos los demás temas abordados quedaron en igual de circunstancias independientemente del resultado de la prueba antes descrita." Lo resaltado es propio. Luego, también se estableció en la sentencia que en audiencia celebrada en la propia fecha, los interesados ratificaron su solicitud de divorcio voluntario y además, realizaron adiciones al convenio presentado en autos, entre las que destacan, -para lo que aquí interesa- la siguiente: Que la promovente ******************** dio a luz a una niña el ******************** de ******************** de ********************, a la cual se le realizaría una prueba de ADN el nueve de enero siguiente, a fin de confirmar la paternidad de ********************; que únicamente existía un certificado de nacimiento y no se había levantado el acta de nacimiento hasta que se obtuvieran los resultados de la prueba de ADN a realizar. Posteriormente, mediante ocurso presentado el dos de junio de dos mil ********************, ********************, informó a la juez responsable que dentro de las diligencias promovidas se pactó el pago de alimentos para la infante descendiente, la cual nació el ******************** de ******************** de ******************** y a esa fecha la progenitora había sido omisa en aceptar que acudieran a realizar su registro, porque al parecer, ya la había registrado bajo el nombre de Camille Jurado ********************, es decir, no lo había incluido en el citado registro, pese a ser un derecho humano elemental [foja 39 del tomo de pruebas]. Asimismo, mediante diverso escrito presentado el ocho de junio de dos mil ********************, el referido ******************** de la Puente informó que ya contaba con los resultados de las pruebas de paternidad en sentido positivo, por lo que continuaría cumpliendo con lo pactado en el convenio de divorcio en lo referente a la pensión alimenticia de su menor descendiente, con lo cual se dio vista a la aquí quejosa. De igual forma, a través del escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, el progenitor de la infante solicitó que en cumplimiento a la cláusula "I" del convenio que suscribieron en el expediente de origen, se requiriera a ******************** para que compareciera a señalar la fecha en la que habrían de constituirse en la Oficialía del Registro Civil del Estado con la finalidad de que el promovente realizara el reconocimiento de la paternidad de la menor Antoinnette Camille Jurado ********************, bajo apercibimiento que de no hacerlo la juez de los autos procedería de manera forzosa al cumplimiento del citado acuerdo de voluntades; lo cual se acordó favorable en auto de veintitrés del propio mes y año [fojas 53 a 135 del tomo de pruebas]. En el propio escrito, el promovente también hizo del conocimiento que por cuerda separada demandó en la vía ordinaria oral familiar a la referida Jurado ******************** el reconocimiento de la paternidad de la infante en cita, demanda que correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, quien registró dicho asunto bajo el número ********************; trámite respecto del cual se advierte se llevó a cabo el emplazamiento de ********************, mediante instructivo de quince de ******************** de dos mil ******************** y a través de escrito acordado el trece de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la accionada dando contestación a la demanda, en donde incluso esta hizo valer la excepción de cosa juzgada, y en atención a las constancias exhibidas por la demandada aquí quejosa, en el propio auto el Juez Familiar mencionado dejó sin efectos el referido trámite, en virtud de que el cumplimiento al acuerdo de voluntades celebrado por las partes respecto del vínculo filial de ******************** y la menor de iniciales ********************., se debía realizar en la etapa de ejecución del expediente sobre diligencias de jurisdicción voluntaria ******************** [fojas 78 a 80 y 89 a 93, 123 y 124 del tomo de pruebas]. Luego, mediante escrito presentado el ******************** de marzo de dos mil veintidós, ********************, solicitó a la juez natural hiciera efectivo el apercibimiento formulado a ********************, en el citado auto de veintitrés de febrero, al haber transcurrido en exceso el término concedido para dar cumplimiento a lo ordenado, en el sentido de informar el día y hora en que acudirían ante el Oficial del Registro Civil de esta ciudad, a fin de levantar el acta de reconocimiento respecto de la menor de iniciales ********************., lo cual se acordó favorable en auto de catorce de marzo siguiente. La última determinación indicada constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Expuesto el anterior panorama, procede analizar los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, en los cuales adujo esencialmente: Que con el dictado del auto reclamado la responsable viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque dentro del convenio que se llevó a cabo dentro del juicio de divorcio, en el hecho primero de los antecedentes, en ningún momento se acordó que una vez llevada a cabo la prueba pericial de ADN, se cambiaría el registro del nombre de la menor. Que el auto impugnado se dictó indebidamente, con violación a las leyes del procedimiento y sin las formalidades esenciales del mismo, justificando ese hecho en el interés superior de la infante, basándose en que la misma tiene derecho a una identidad, lo cual es falso ya que como consta del juicio de divorcio, la menor sí cuenta con una identidad, como se acreditó en el juicio de origen con el acta de nacimiento exhibida; aunado a que en el convenio celebrado, el aquí tercero interesado manifestó su deseo expreso de que para el caso de que la prueba de ADN saliera positiva, se haría cargo de cumplir con su obligación alimentaria, mas no se estipuló que se obligaban a llevar a cabo el cambio de apellidos de la menor, ni que dicha infante sería registrada con los apellidos de ********************, como pretende la autoridad responsable, con lo que la juez trata de modificar un convenio que fue debidamente suscrito y ratificado por las partes. Aduce también que la autoridad ordena una acción del estado civil sin haberse llevado a cabo el procedimiento familiar respectivo, ya que aun cuando el tercero interesado hubiese solicitado el reconocimiento de la paternidad de la menor en el juicio de divorcio ********************, el Juzgado Tercero de lo Familiar debió negar dicha petición y dejar a salvo los derechos del promovente para que ejercitara la acción familiar correspondiente en la vía y términos establecidos, pero por el contrario, sin fundamento alguno ordenó se asiente el cambio de apellidos de la infante sin su consentimiento, impidiéndole con ello ser oída y vencida en el juicio correspondiente y vulnerando con ello lo establecido en el artículo 14 Constitucional que contempla a favor de todo gobernado la garantía de audiencia. Al respecto, cita la tesis aislada de rubro: "FILIACIÓN. EL ARTÍCULO 426, VINCULADO CON EL 430 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, QUE REGULA LO RELATIVO A LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS, VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO." Los anteriores argumentos deben calificarse como infundados, como se explica a continuación. Como se precisó con antelación, la juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de febrero del mismo año, y dictó el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: Determinación que en concepto de quien esto resuelve, resulta ajustado a derecho por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, se advierte que en el convenio celebrado dentro del expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, los progenitores de la menor de iniciales ********************. sí acordaron lo relativo a la identidad de dicha infante, al establecer en su cláusula "I", denominada "PRUEBA BIOLÓGICA CONDICIONANTE", que de arrojar la prueba un vínculo filial positivo, entre ********************, y el infante próximo a nacer, se deberían armonizar todos los derechos inherentes, como es pensión alimenticia, convivencia, patria potestad, así como el derecho a una identidad, atendiendo al interés superior del infante. Esto es, si bien no se estableció dicha cláusula en los términos que señala la quejosa, en el sentido de que se cambiaría el registro del nombre de la menor, ni se estipuló que se obligaban a llevar a cabo un cambio de apellidos de la misma, ni que sería registrada con los apellidos de ********************, ello se debe principalmente a que no había nacido y por tanto no estaba registrada, pero no significa que con la anotación ordenada por la responsable en el acta de nacimiento respectiva se modifique el convenio suscrito y ratificado por ambos progenitores respecto de la filiación de la infante mencionada, pues el referido derecho a la identidad comprende el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad. Por ello, al margen de que la madre hubiere registrado a la menor de edad únicamente con sus apellidos [Jurado ********************], a efecto de garantizar su derecho a la identidad la orden de la juez responsable ordenó hacer la anotación respectiva en el acta de nacimiento para incluir en segundo término el apellido del progenitor, esto es, ******************** en lugar de ********************, así como el nombre del padre, dejando intocado lo relativo a los nombres previamente asignados y el primer apellido correspondiente a la progenitora. Lo que se estima correcto porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en correlación con el diverso 344, fracción I, del mismo ordenamiento legal, aplicado por analogía y mayoría de razón, al margen de lo convenido por los padres, al haber sido procreada dentro del matrimonio celebrado por ******************** y ******************** el ******************** de ******************** de ********************, de inicio cuenta con la presunción juris tantum de ser hija legítima de los cónyuges y por tanto, es su derecho contar con nombre y con los apellidos que le correspondan de ambos progenitores, ya que también le asiste el derecho de conocer su filiación y su origen, acorde con el interés superior de la niñez y además, porque el vínculo filial con ********************, fue probado en el juicio de origen con la prueba biológica denominada ácido desoxirribonucleico (ADN), tal como fue convenido por ambas partes. Luego, si la modificación del segundo apellido asentado en el acta de nacimiento de la infante involucrada deja incólume el resto de los datos que permiten conocer su filiación, como serían el nombre de la madre o los abuelos, no existe impedimento para la procedencia de la rectificación ordenada por la juez natural, máxime cuando ésta pretenda adecuar la identificación jurídica a la realidad social de la menor. Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 C (10a.), visible en la página 1640 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Décima Época, registro digital 2004216, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA RECTIFICACIÓN DE LOS APELLIDOS DE UNA PERSONA NO CONLLEVA, EN SÍ MISMA, LA AFECTACIÓN DE LA FILIACIÓN, SI DEJA INCÓLUME EL RESTO DE LOS DATOS QUE PERMITAN CONOCERLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros. En concordancia con lo anterior, el artículo 102, fracción III, del Código Civil para el Estado de Chiapas, al establecer el derecho a rectificar el nombre, por enmienda "sin que esto implique el reconocimiento de algún derecho sobre parentesco", no establece más limitante que la afectación de la filiación de la persona. Así, tal dispositivo no prohíbe, en forma absoluta, la rectificación del nombre o los apellidos de una persona, sino que la condiciona a que no altere su filiación. De esta forma, si la petición de modificación de alguno de los apellidos asentados en el acta de nacimiento del interesado deja incólume el resto de los datos que permiten conocer su filiación, como serían el nombre del padre, la madre o los abuelos, no existe impedimento para la procedencia de la rectificación, máxime cuando ésta pretenda adecuar la identificación jurídica a la realidad social de la persona." De ahí que, en oposición a lo que aduce la impetrante del amparo, si bien al momento del dictado del auto reclamado la menor ya contaba con una identidad -virtud al registro que ella misma llevó a cabo-, lo cierto es que debe reconocerse el derecho de la infante a modificar tal registro a fin de adecuarlo a su realidad social, de acuerdo al resultado de la prueba biológica que los mismos promoventes pactaron, pues la acción de reconocimiento de paternidad constituye una garantía para proteger y respetar el derecho humano que tienen los hijos para que en sede judicial se declare quién es su progenitor biológico, por tanto, el derecho de la menor de edad a conocer su identidad parental debe ser prioritaria frente a los derechos fundamentales de los adultos; máxime que no se advierte que dicha enmienda sea motivo para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceros, principalmente, en el ámbito de las relaciones familiares. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XXXII.1 C (10a.), consultable a fojas 2724 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Undécima Época, registro digital 2019887, del contenido siguiente: "RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO. EN LOS JUICIOS CIVILES EN QUE SE TRAMITA ESTA ACCIÓN, DEBE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD, SIEMPRE QUE NO SEA MOTIVO PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS U OBLIGACIONES EN PERJUICIO DE TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). En los juicios civiles cuya acción verse sobre la rectificación o modificación del acta de nacimiento, prevista en el artículo 134 del Código Civil para el Estado de Colima, no puede actuarse con el rigorismo de un estricto derecho civil, sino que debe suplirse la deficiencia de la queja, habida cuenta que el nombre de las personas se encuentra reconocido como un derecho fundamental a la identidad en el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza a todas las personas la asignación de los componentes esenciales de identificación jurídica (nombre, apellidos, natalicio, sexo) mediante el registro inmediato del nacimiento, así como la posibilidad de modificar los elementos esenciales de identificación jurídica asentados en su atestado de nacimiento, cuando sea necesario para adecuarlos a su realidad social pues, actuar de otra manera, implicaría hacer nugatorio el derecho humano a la identidad, el cual, como se destaca, es de rango constitucional, lo que no es factible atento al principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Carta Magna. Lo anterior, en el entendido de que, siempre y cuando la enmienda del acta de nacimiento para adecuar los datos de identificación a la realidad social del interesado, no sea motivo para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceros, principalmente, en el ámbito de las relaciones familiares." En otra parte de sus conceptos de violación la quejosa argumenta que la autoridad responsable ordenó una acción del estado civil sin haberse llevado a cabo el procedimiento familiar respectivo, y que se debieron dejar a salvo los derechos de ********************, para que ejercitara la acción familiar correspondiente en la vía y términos establecidos. Lo que no es acertado, pues al respecto debe decirse que cuando dentro de un acto prejudicial, la persona a quien se imputa la filiación la acepta y la ratifica ante el Juez, éste debe ordenar la expedición del acta de reconocimiento correspondiente, lo que tiende a satisfacer los derechos fundamentales del menor, tanto a su nombre y apellidos, como a su identidad, en atención al interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución General. En esa virtud, basta con que se respete el derecho de audiencia del otro, lo que también se estima cumplido pues desde el inicio de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas, la quejosa suscribió el convenio que contiene la cláusula "I" relativa a la "prueba biológica condicionante" y además, de constancias se advierte que con las diversas peticiones que formuló ********************, para que se fijara fecha a fin de comparecer en la Oficialía del Registro Civil para realizar el reconocimiento de paternidad de la menor, se dio vista a la quejosa para que se impusiera de las mismas y manifestara lo que a su interés conviniera, sin que en esas condiciones se hiciera necesario -como señala la peticionaria de amparo- acudir a un juicio autónomo, pues ello retrasaría injustificadamente la expedición del acta respectiva y, en consecuencia, la definición del nombre e identidad de la menor de edad, lesionando su derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, protegido por el artículo 17 de la propia Constitución General. Sirve de apoyo a lo antes argumentado, en lo conducente, la tesis VII.1o.C.63 C (10a.), visible en la página 2241 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo III, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Undécima Época, registro digital 2023902, del rubro y texto: "FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD. SI EN EL ACTO PREJUDICIAL RELATIVO SE ACEPTA Y SE RATIFICA ANTE EL JUEZ, ÉSTE PUEDE RESOLVER LA PETICIÓN DE UNO DE LOS PROGENITORES REFERENTE AL ORDEN EN QUE DEBEN COLOCARSE LOS APELLIDOS DE AQUÉL, BASTANDO CON QUE SE RESPETE EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO ACUDIR A UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el artículo 157 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, cuando dentro de un acto prejudicial, la persona a quien se imputa la filiación la acepta y la ratifica ante el Juez, éste debe ordenar la expedición del acta de reconocimiento correspondiente (lo que tiende a satisfacer los derechos fundamentales del menor, tanto a su nombre y apellidos, como a su identidad); de modo que en atención al interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución General, debe estimarse que dicho juzgador también puede resolver la petición de uno de los progenitores relativa al orden en que deben colocarse los apellidos de su menor hijo, bastando con que se respete el derecho de audiencia del otro, sin que sea necesario acudir a un juicio autónomo, pues ello retrasaría injustificadamente la expedición de dicha acta y, en consecuencia, la definición del nombre e identidad del menor de edad, lesionando su derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, protegido por el artículo 17 de la Constitución General." De suerte que, no es dable establecer que se hubiere coartado el derecho de la quejosa a ser oída y vencida pues es parte en el expediente de origen y fue notificada de todas las determinaciones tomadas en el mismo, con lo que se estima cumplido lo establecido en el artículo 14 Constitucional que contempla a favor de todo gobernado la garantía de audiencia. En ese estado de cosas, es evidente que no asiste razón a la quejosa cuando aduce que con el dictado del auto combatido de catorce de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable vulnere sus derechos establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues como quedó precisado en los apartados que anteceden, lo relativo al derecho a la identidad de la menor nacida dentro del matrimonio celebrado por ******************** y ********************, fue acordado por las partes en el convenio suscrito por ambos progenitores y sancionado mediante sentencia de ******************** de enero de dos mil veinte. Finalmente, atendiendo a la causa de pedir contenida en la tesis que cita, debe decirse que contrario a lo manifestado, la juez familiar cuidó que el nuevo registro no debía contener las anotaciones marginales a que se refiere el artículo 72 del Código Familiar de Michoacán. Además, el que se haya dejado en primer orden el apellido materno, termina con una práctica discriminativa contra la mujer, ya que ésta no debe ser vista como integrante de la familia del varón. En las condiciones apuntadas, el acto reclamado no infringe en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo conducente es negarle la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. Toda vez que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************., contra el acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Olivia Benítez Reyes, asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, mediante el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del ocursante referido. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Delegación Michoacán del Instituto de Defensoría Federal Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, designa como representante de la menor de iniciales********************a la licenciada ********************. Asimismo, se tiene por recibido el escrito firmado de manera electrónica por la profesionista antes mencionada, a través del cual acepta y protesta el cargo conferido como representante especial del menor ********************, señala domicilio para recibir notificaciones, designa autorizados y solicita acceso al expediente electrónico. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, téngase a la promovente aceptando y protestando el leal cumplimiento del cargo conferido. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se tienen únicamente como autorizadas para recibir notificaciones, documentos y consultar el expediente a las diversas personas que refiere. Por otra parte, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal que proporciona para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le hace saber que no existe inconveniente en que se le permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De igual forma, como lo pide la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que indica y téngasele autorizando para recibirlas a las personas que menciona, previo recibo que se deje en autos. Sin que resulte procedente autorizar notificaciones a la cuenta de correo electrónico personal que proporcionó la representante, toda vez que la Ley de Amparo no contempla dichos supuestos, por lo que únicamente se tienen por señalados dichos medios de comunicación para establecer contacto e informarle en su caso determinaciones administrativas no jurisdiccionales. Por tanto, se comisiona al actuario tome nota de lo anterior, realice las notificaciones subsecuentes de carácter personal en el domicilio referido, y verifique que la promovente pueda acceder al expediente electrónico. Finalmente, hágasele del conocimiento a la representante de la menor que el tribunal de alzada revocó la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, y ordenó reponer el procedimiento en el juicio en que se actúa, para los siguientes efectos: "a) Que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado deje insubsistente la sentencia fuente de este recurso. b) Hecho lo cual, reponga el procedimiento para el efecto de que designe a la menor de edad quejosa un representante especial de tipo coadyuvante que asegure el ejercicio efectivo de sus derechos procesales y sustanciales. c) Una vez que dicha representación especial acuda al juicio constitucional en defensa de los intereses de la menor de edad quejosa, proceda a emitir la resolución que corresponda en el controvertido constitucional de mérito." Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la representante especial y cúmplase con la encomienda del actuario. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Pablo Román Villa Perez416/2021
- Pablo Salvador Castro Herrejon1378/2023
- Pablo Valdez Chavez1175/2017
- Pablo Valdovinos Nambo764/2021
- Paciana Soto García27/2019
- Paloma García Vega241/2023
- Pamela Georgina Coria Navarrete125/2020
- Pamela Victoria Hernández Zavala1213/2017
- Paola Olivera Huato359/2018
- Paola Teresa Piñon de la Cruz1268/2022
- Paola Viridiana Moreno Mata706/2021
- Paris Jorge Salmeron Ayala1176/2021