Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja

Expediente 1286/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1286/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
27/02/2017

Partes del expediente

  • Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja
  • Nancy Viridiana Morúa Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    La licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, certifica: Que tras una revisión del expediente en el que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito, sobre el cual se tenga que proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a ninguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria. Lic. María Elena Gómez Magaña. En veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, da cuenta a la Titular, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la vista otorgada a las partes con el cumplimiento realizado por la autoridad responsable Oficial del Registro Civil de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Municipio de Zacatecas, encargado de la Oficialía del Registro Civil de dicho municipio, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera; vista que no desahogó en el tiempo que tenía para ello. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, esta Juzgadora procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia protectora de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a las quejosas Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, para que la autoridad responsable Oficial del Registro Civil en la Ciudad de Zacatecas, en el ámbito de sus facultades, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis; y, b) En su lugar, emitiera otro comunicado en el que, de estimar que se cumplían los requisitos legales correspondientes, debía declarar procedente la solicitud de matrimonio formulada por Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, teniendo en cuenta que, ante lo inconstitucional del artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, en la parte que concibe al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, no podría aplicarse a las quejosas en el presente ni en el futuro. El diez de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se requirió al Oficial del Registro Civil en Zacateas, para que diera cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles. Así, para efectos de comprobación, deben traerse a cuenta las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad facultada para el procedimiento oficioso de ejecución; y en ese sentido, de la secuela del procedimiento tenemos que: El Secretario de Gobierno del Municipio de Zacatecas, encargado de la Oficialía del Registro Civil del Municipio de Zacatecas, por incapacidad del Titular de dicha Oficialía, a través del oficio con número de referencia RCZ/23/2016 de dieciséis de febrero del presente año, emitió la declaratoria correspondiente en relación al precepto declarado inconstitucional en este juicio. Dejó insubsistente el acto de aplicación impugnado consistente en el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis; y, Allegó el oficio RCZ/22/2017, por el que hizo del conocimiento de las aquí quejosas los requisitos necesarios para contraer matrimonio. Luego, confrontados los efectos de la concesión y las acciones antes reseñadas, se hace evidente que se materializaron los extremos necesarios para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Es así, ya que quedó satisfecha la obligación que tenía la autoridad vinculada de desaplicar la norma declarada inconstitucional, pues al afecto manifestó que no aplicaría a las quejosas el artículo 100 del Código Familiar vigente. Con base en ello, dejó insubsistente el oficio aquí impugnado PMZ/SGM/5538/2016 que contenía la negativa a la solicitud de las quejosas para contraer matrimonio civil, sobre el caso de que la unión no podía ser entre personas del mismo sexo. En su lugar, emitió otro oficio en que hizo del conocimiento de las quejosas los requisitos necesarios para contraer nupcias. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron vulnerados. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Por tanto, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido, en la inteligencia que al no estar considerado como de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse concedido la protección constitucional, por lo que el presente expediente será destruido después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, a excepción de la demanda y la sentencia, actuaciones que serán conservadas en definitiva. Hágase la anotación correspondiente en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados, ni se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. SISE _______ DEY*ÁNGELES_______

  2. Principal

    En diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con dos oficios, con números de registro: 2231 y 2299. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos los oficios de cuenta que remiten el Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Quincuagésima Segunda Legislatura y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; a través del cual informan el cumplimiento al fallo protector; atento al contenido del primero de ellos, este órgano de control constitucional determina integrarlo al sumario únicamente para que obre como corresponda, en razón de que como quedó establecido en la ejecutoria de amparo no se le vinculó al cumplimiento del fallo protector, de ahí que se estime innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Ahora, en cuanto ve al contenido de la segunda comunicación de mérito, téngase a dicha autoridad informando el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta, a efecto de que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado, a menos de que se estime que deba ser así en función directa de la oposición expresa que se suscite en ejercicio del derecho de réplica aquí otorgado, pues tal manifestación revelará por sí misma la trascendencia que tiene para la parte inconforme dando pauta para que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, este tribunal determine que deba practicarse de manera personal a fin de que tenga efectivo conocimiento de la resolución y haga valer en su caso el recurso que corresponda, pues en la ley de la materia no se establece de manera expresa que deba ser así. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Razón. En la propia fecha se agrega lo de cuenta y se cumple con lo ordenado. Conste. Ángeles

  3. Principal

    La licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para todas ellas del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil dieciséis, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de enero y cuatro, cinco y seis de febrero del año que transcurre, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su devolución. Que no existen tomos de prueba por devolver a alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diez de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. La Secretaria Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. En la misma fecha, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el contenido de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia en la que por una parte decretó el sobreseimiento en el presente juicio y, por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. VINCULACIÓN DE AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas, con sede en esta ciudad, queda vinculado por razón de sus funciones a realizar todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en el entendido que estará sujeto a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo al respecto, entre las que se encuentra aquélla de corte penal que más adelante se precisará. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada en el párrafo procedente, para que dentro del plazo de tres días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponda, de cumplimiento de manera total al fallo protector en los términos que fueron indicados, debiendo remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo; haciéndole hincapié en que, deberá emitir la declaratoria correspondiente, es decir, deberá expresar por escrito que se abstendrá de aplicar a la parte quejosa el artículo declarado inconstitucional en la presente instancia, en lo presente y en lo futuro, hasta en tanto no sea reformado o derogado. Sin que sea necesario remitirle copia autorizada de la aludida resolución, toda vez que la misma se le hizo llegar mediante oficio 2192/2017 de fecha veintitrés de enero de la anualidad que transcurre. SOBRE LA RESERVA DE VINCULAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En el presente caso ha de reservarse el requerimiento que se debe realizar al superior jerárquico de la autoridad requerida, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuya teleología descansa en vencer la renuencia de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de aquélla autoridad que por razón de sus funciones tenga una injerencia directa en su materialización, pues en caso de una inusitada contumacia, su superior no quedará exento de la obligación que estatuye a su cargo el artículo citado, pues esta determinación no constituye ninguna dispensa, menos aun cuando está de por medio la ejecución de una sentencia que en sí es de orden público y que adquiere mayor relevancia cuando está de por medio el restablecimiento de una persona en el goce de sus derechos humanos. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe al Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio en el plazo concedido para tal efecto, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las nuevas disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone en relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquél funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de las quejosas. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197512, de rubro que dice así: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados, ni se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, quien actúa legalmente ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Ángeles

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1286/2016-7, promovido por Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, se procedió por la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la secretaria que da fe del acto, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, a celebrarla sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura al escrito inicial de demanda, al informe justificado rendido por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en este expediente. A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo y que precisó en dicho escrito, así como con las aportadas por la autoridad responsable Congreso del Estado y Director Jurídico del Municipio de Zacatecas. A lo que la Juez dispone. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las pruebas documentales con las que la secretaria ha dado cuenta, mismas que se tomarán en consideración al momento de resolver en definitiva. En la etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior la Juez determina. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, de conformidad con el numeral 124 invocado con antelación se levanta la presente acta y se procede a emitir la resolución correspondiente. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1286/2016-7, promovido por Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas con residencia en esta ciudad, Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES a). Como ordenadoras: 1. Legislatura del Estado de Zacatecas. 2. Gobernador del Estado de Zacatecas. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 4. Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas. 5. Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. 6. Presidente Municipal de Zacatecas. b). Como ejecutoras: 1. Oficial del Registro Civil del municipio de Zacatecas, Zacatecas. 2. Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas. Todas con domicilio en su residencia oficial. IV. ACTOS RECLAMADOS. "1. Del Oficial del Registro Civil Zacatecas, se reclama el contenido del oficio PMZ/SGM/5538/2016, de fecha 9 de noviembre de 2016, por el cual se desestima nuestra solicitud presentada en fecha 21 de octubre del año en curso, negando dar trámite para la celebración del matrimonio entre las quejosas al no considerarse en la legislación estatal dicho supuesto, no obstante de que de las disposiciones en que se apoyan para dar trámite a la formalización de nuestro matrimonio, han sido declaradas inconstitucionales las normas estatales que excluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo por ser discriminatorias. 2. Del Director del Registro Civil de Zacatecas, se reclama la aplicación de las reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, al negar la celebración del matrimonio entre las quejosas al no considerarse en la legislación estatal dicho supuesto, a pesar de haber sido declaradas inconstitucionales las normas estatales que excluyan el matrimonio entre personas del mismo sexo por ser discriminatorias. 3. De la Legislatura del Estado de Zacatecas se reclama: Las reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79; mismas que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos humanos fundamentales en razón de son (sic) discriminatorias por excluyentes. 4. Del Gobernador del Estado de Zacatecas se reclama: La promulgación y publicación de reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de que contiene disposiciones discriminatorias por excluyentes las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prohibidas por los Tratados Internacionales. 5. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas se reclama: El refrendo de las reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el Decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de que contienen disposiciones discriminatorias por excluyentes las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Del Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas: El refrendo de las reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de que contiene disposiciones discriminatorias por excluyentes las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Del Administrador del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas: La publicación de las reformas al Código Familiar del Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto 535, en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, en fecha 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de que contiene disposiciones discriminatorias por excluyentes las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Del Presidente Municipal de Zacatecas, se reclama: El refrendo de las reformas y adiciones al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el decreto No. 535, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día 03 de octubre de 2007, en el suplemento número 79, que se estiman directamente violatorias de nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de que contiene disposiciones discriminatorias por excluyentes las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación." SEGUNDO. Trámite del expediente. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que se registro bajo el número 1286/2016-7, se admitió a trámite el nueve de diciembre de dos mil dieciséis; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, toda vez que se trata de un amparo promovido contra la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, particularmente su artículo 100, cuya aplicación tuvo lugar en el Estado de Zacatecas, demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que las quejosas Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa reclaman del Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno, del Coordinador General Jurídico, del Administrador del Periódico Oficial y del Presidente Municipal, todos del Estado de Zacatecas: La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente su artículo 100. Del Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas: * La aplicación del artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Del Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas, Zacatecas: * El oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Asimismo, de la demanda de derechos, particularmente del capítulo relativo a los actos reclamados (foja 2 vuelta), se desprende que las quejosas reclaman del Gobernador del Estado de Zacatecas, además de la promulgación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, su publicación, sin que resulte factible atribuirle tal acto a la citada autoridad, virtud a que tal actuación, esto es, la publicación del Decreto no le corresponde, pues únicamente ordena la publicación de una ley en un medio de difusión oficial. TERCERO. Inexistencia de actos. Identificados los actos reclamados se analizará su inexistencia o certeza, como lo estableció la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del epígrafe y contenido que a continuación se trascribe, la cual, es aplicable al caso por analogía: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." El Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado y el Presidente del Consejo Municipal Interino de Zacatecas, Zacatecas, al rendir su informe justificado, negaron el acto que la parte quejosa les atribuye, toda vez que en ningún momento han realizado el refrendo de las reformas y adiciones al Código Familiar ni al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, promulgadas en el Decreto 535, publicado en el periódico oficial el tres de octubre de dos mil siete, en el suplemento número 79, en razón a que no se encuentra dentro de sus facultades, además, del referido Decreto se advierte que fueron diversas autoridades las que lo refrendaron, no así el Presidente Municipal responsable; por ello, es evidente que debe declararse inexistente el acto atribuido a esta última autoridad. Por su parte, el Director del Registro Civil de Zacatecas, Zacatecas, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido requerido mediante oficio 47587, mismo que fue recibido el doce de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, no ha lugar a tener como cierto el acto a él atribuido, consistente en la aplicación del artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, pues de las constancias que obran en autos se advierte el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual la Oficial del Registro Civil de esta ciudad, aplicó la disposición reclamada, en el que se negó a las quejosas celebrar matrimonio por incumplir los requisitos previstos en ese dispositivo. Además, en el expediente no se advierte la existencia de acto alguno en el cual el Director responsable hubiera aplicado dicha disposición o se hubiere actualizado la hipótesis normativa correspondiente; de ahí la inexistencia del acto de aplicación reclamado de dicha autoridad. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 2a. LXX/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUÉL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto de los actos reclamados del Presidente del Consejo Municipal Interino y del Director del Registro Civil de esta ciudad de Zacatecas, consistentes en el refrendo del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente su artículo 100, y su aplicación, respectivamente. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la LXI Legislatura, al Gobernador, al Secretario General de Gobierno y al Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, consistentes en el respectivo ámbito de su competencia en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente su artículo 100, porque así lo manifestaron dichas autoridades al rendir sus informes justificados. Además, al reclamarse un precepto contenido en un ordenamiento de carácter general es innecesario acreditar su existencia, pues basta su publicación en el medio de difusión oficial, en el caso, Periódico Oficial, para comprobar esa circunstancia, ya que la divulgación de la norma constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo de su numeral 2. Sustenta la consideración que antecede, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es cierto el acto atribuido al Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, consistente en el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, ya que así lo manifestó a través del Director Jurídico de esta ciudad al rendir su informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este juzgado considera que respecto de los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno y al Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, consistentes en el refrendo y la publicación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente en su artículo 100, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". La fracción XXIII del artículo 61 trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. La fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo prevé que en las demandas de amparo debe señalarse la autoridad o autoridades responsables, pero al reclamarse normas generales únicamente tendrán ese carácter las que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio o en su publicación, cuando dichos actos se impugnen por vicios propios. De una interpretación en sentido contrario del referido artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una norma legal y se señalan como autoridades responsables a las encargadas del refrendo y la publicación de la ley, sin reclamar las mencionadas etapas del proceso legislativo, por vicios propios. En la demanda de amparo las quejosas señalaron como autoridades responsables al Secretario General de Gobierno y al Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, a quienes atribuyeron, en el ámbito de su respectiva competencia, el refrendo y la publicación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente su artículo 100; sin embargo, dichas actuaciones no las reclamaron por vicios propios, pues omitieron expresar conceptos de violación en su contra. Por tanto, al carecer del carácter de autoridades responsables el Secretario General de Gobierno y el Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, procede es sobreseer en el juicio constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede analizar los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que resulte necesario transcribirlos, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Las quejosas aducen, esencialmente, que el artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas vulnera sus derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, tutelados en el artículo 1 constitucional, pues dada su orientación homosexual, dicho precepto les impide contraer matrimonio. Limitando la posibilidad de obtener los derechos y obligaciones que nacen y se adquieren como consecuencia de esa unión. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma como la aquí reclamada, por excluir del matrimonio a parejas homosexuales sin existir razón para ello; además, el precepto reclamado vulnera el artículo 4 constitucional porque éste permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, al no ser contrario al concepto de familia, a diferencia del reclamado, el cual es discriminatorio por no permitir a parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial de forma igualitaria que a las parejas heterosexuales. Los reseñados argumentos son fundados. En principio, resulta pertinente conocer los diversos criterios que sobre el tema emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 46/2015 (10a.), 1a./J. 45/2015 (10a.) y 1a./J. 43/2015 (10a.), de los rubros y contenidos siguientes: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad." "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o bien, puede discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado." "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente". Del contenido de las referidas jurisprudencias deriva que asiste la razón a las quejosas, en el sentido de que el artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, es inconstitucional, pues constituye una medida legislativa discriminatoria, al hacer distinción con base en la preferencia sexual de las personas, traducida en la diferenciación arbitraria de las parejas homosexuales al acceso a la institución matrimonial. El citado numeral establece: "Artículo 100. El matrimonio es la unión jurídica de un hombre y una mujer donde ambos, mediante una comunidad de vida, y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyan una familia, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada." El contenido del dispositivo transcrito, proporciona la definición de matrimonio, al señalar que es la unión jurídica de un hombre y una mujer, bajo los valores ahí referidos, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Por su parte, el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Este artículo refiere que en este país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece; prevé también las interpretaciones conforme y pro persona, de las normas relativas a los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual manera, en su último párrafo prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De lo anterior, se observa que el principio de igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva en un mandamiento vinculante para el legislador ordinario, que le exige dar trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita uno desigual. La Suprema Corte ha sostenido en múltiples precedentes que cuando la distinción impugnada contenida en una norma, se apoya en una "categoría sospechosa" debe realizarse un escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. En este sentido, una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios enunciados que prevé el último párrafo del artículo 1 constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo que significa que sobre dichas normas pesa la sospecha de ser inconstitucionales. En estos casos, puede decirse que las leyes que las emplean para hacer alguna distinción se ven afectadas por una presunción de inconstitucionalidad. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN UN CASO PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución, los tribunales deben ser especialmente exigentes con el legislador, desde la perspectiva del principio de igualdad, en dos hipótesis básicas: a) cuando la norma legal analizada utiliza para la configuración de su contenido normativo los criterios clasificatorios allí enumerados y b) cuando la norma legal analizada tiene una proyección central sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Federal. Determinar si en un caso la norma legal impugnada se inscribe o no en alguna de las dos hipótesis anteriores no es una operación semi-automática que el intérprete pueda hacer de manera rápida y expedita, sino una tarea que puede exigir la revisión del texto constitucional entero y el despliegue de una tarea interpretativa sensible a los fines y propósitos que dan sentido a las disposiciones constitucionales. Por lo que se refiere a las normas que usan criterios específicamente mencionados como motivos prohibidos de discriminación en el artículo 1o., hay que tomar en consideración los propósitos que el constituyente persigue mediante esa mención explícita, que no son sino proteger de los eventuales y con frecuencia graves efectos del prejuicio a personas o a grupos que cuentan con una historia de desventaja o victimización, o cuyos intereses -por razones que en gran parte tienen que ver con su identificabilidad con el rasgo que la Constitución menciona- pueden no ser tenidos en cuenta por el legislador o los demás poderes públicos del mismo modo que los intereses de todos los demás. Sin esta operación interpretativa previa, el ejercicio de aplicación del artículo 1o. podría desembocar fácilmente en absurdos. Por poner un ejemplo, el artículo 1o. dispone expresamente que "queda prohibida toda discriminación motivada por ... las preferencias". Sin embargo, es claro que sería absurdo pensar que la Corte debe revisar con especial cuidado las leyes que organizan su contenido normativo haciendo distinción entre los que tienen la "preferencia" de robar y los que no albergan esta preferencia, o entre los que tienen la preferencia de incendiar bosques y los que no. En cambio debe hacerlo respecto de personas o colectivos identificados socialmente en alusión a ciertas preferencias sexuales. En este país como en otros, hay pautas culturales, económicas, sociales -históricamente rastreables y sociológicamente distintivas- que marcan a personas con orientación u orientaciones sexuales distintas a las que se perciben como mayoritarias. El escrutinio cuidadoso o intenso de las normas legales que tuvieran que ver con este factor estaría plenamente justificado. En contraste, pero por las mismas razones, el artículo 1o. no da motivo para someter a escrutinio intenso las clasificaciones legislativas incluidas en leyes o actos de autoridad encaminadas a luchar contra causas permanentes y estructurales de desventaja para ciertos grupos. Existen medidas pro-igualdad que difícilmente podrían instrumentarse sin recurrir al uso de criterios de identificación de colectivos tradicionalmente discriminados, cuyas oportunidades el derecho trata de aumentar -pensemos, por ejemplo, en las normas que reservan cuotas en los cuerpos legislativos o en las instituciones de educación superior para sus miembros-. Sería erróneo que el juez constitucional contemplara dichas medidas con especial sospecha. En el caso, el artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas distingue expresamente entre las parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo: a las primeras les está permitido el acceso al matrimonio, mientras las segundas no tienen dicha posibilidad. Al respecto, la Primera Sala considera que la medida impugnada se basa en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas. Robustece lo anterior, por similitud jurídica, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA QUE DEFINE LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO, CONTIENE UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. El primer párrafo del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, al establecer que "el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida", prevé una distinción implícita entre las parejas de heterosexuales y las homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas no se les otorga esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino que también es necesario conocer qué se les permite hacer a esas personas. Aunque la norma citada conceda el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comporta en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual si niega su orientación sexual, que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que el primer párrafo del citado artículo 143 está basado implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución."Por otra parte, si bien el artículo 4º constitucional ordena la protección de la familia sin mayor especificación, la Suprema Corte se ha encargado de precisar el alcance de este mandato constitucional. En la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno de la Suprema Corte sostuvo, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4 constitucional, que este precepto no alude a un "modelo de familia ideal" que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual, cuya finalidad sea la procreación. En ese sentido, el Alto Tribunal aclaró que la constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear tradicionalmente vinculada al matrimonio -padre, madre e hijos biológicos-, sino a la tutela de la familia entendida como realidad social, lo cual significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y, desde luego, también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. De acuerdo con lo anterior, se estima que la distinción que realiza el artículo en comento, con base en las preferencias sexuales no está directamente conectada con el mandato constitucional de protección de la familia interpretado en los términos antes expuestos. Así, el Pleno del Alto Tribunal señaló que "es un hecho innegable que la secularización de la sociedad y del propio matrimonio, así como la transformación de las relaciones humanas, han llevado paulatinamente a diversas formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua y, de ahí, a modificaciones legales en cuanto a la institución del matrimonio, que han derivado en la redefinición del concepto tradicional que del mismo se ha tenido en cada época y a su desvinculación de una función procreativa, como fin del mismo." Encuentra sustento a lo señalado, el contenido de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). La protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate." En el precedente en cita, la Suprema Corte sostuvo que esa desvinculación entre matrimonio y procreación quedaba de manifiesto con una gran variedad de situaciones: la existencia de parejas heterosexuales que deciden tener una familia sin acudir a la institución matrimonial; matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden tener hijos y recurren a los avances médicos para lograrlo; matrimonios heterosexuales que sin tener un impedimento biológico para procrear optan por la adopción; matrimonios heterosexuales que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera. En este sentido, el Pleno concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común". Al caso se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada; sin que tal protección constitucional aluda ni defina a la institución civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario. Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo específico de familia como podría ser la nuclear -conformada por padre, madre e hijos- con base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar." Bajo esa premisa, el precepto reclamado es claramente discriminatorio porque las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. Así, pues la vida familiar de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja; la procreación y la crianza de menores no es un fenómeno incompatible con las preferencias homosexuales, pues existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para casarse. De acuerdo con lo anterior, la distinción legislativa impugnada no está ni directa ni indirectamente conectada con la única finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, si la distinción no está directamente conectada con la finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio desde el punto de vista constitucional, no se puede considerar constitucional dicha medida porque se estaría avalando una decisión basada en prejuicios que históricamente han existido en contra de los homosexuales; la razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra; la ausencia de los beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas homosexuales por razón de su preferencia sexual. Por otra parte, no debe dejarse de lado que el derecho al matrimonio no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados con el mismo, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución, pues acceder al matrimonio comporta en realidad "un derecho a otros derechos"; los derechos que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas, pues en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Respecto a los derechos que otorga el matrimonio civil, la Suprema Corte destacó los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y, (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. Esto es, el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos; en este sentido, negarle a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase". De ahí que no existe ninguna justificación racional para negarles a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos, o bien, otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Así, la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales, esta salvedad no sólo afecta a las parejas homosexuales, sino también a los hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. Al respecto se cita la tesis 1a./J. 86/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales." Con base en lo anterior, debe concluirse que deviene inconstitucional el artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, al permitir que sólo lo contraigan las parejas heterosexuales. En las relatadas circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa contra los actos reclamados de la LXI Legislatura y del Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en la aprobación y promulgación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente su artículo 100. La protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación de la norma de carácter general en cita, emitido por el Oficial del Registro Civil de Zacatecas, Zacatecas, consistente en el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, porque los efectos de una sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de una norma, son nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con la parte quejosa y, si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional. En otras palabras, el efecto inmediato de la sentencia protectora contra una ley es nulificar su eficacia jurídica en relación con el quejoso, pues si mediante el examen de los conceptos de violación el órgano de control constitucional la consideró conculcadora de sus derechos constitucionales resolviendo protegerlo y ampararlo, tal resolución es determinante para que deje de tener validez jurídica y vigencia para él. Por vía de consecuencia, si el quejoso solicitó y obtuvo el amparo con motivo del primer acto de aplicación, al estar fundado en normas inconstitucionales, ese acto de aplicación adolece del mismo vicio, dado que las relaciones entre el quejoso y la norma se rigen por la sentencia protectora. Los razonamientos anteriores encuentran sustento en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invocan a continuación: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA QUE SE PRONUNCIE. El efecto inmediato de la sentencia protectora contra una ley es nulificar su eficacia jurídica en relación con el quejoso, pues si mediante el examen de los conceptos de violación el órgano de control constitucional la consideró conculcatoria de sus garantías constitucionales resolviendo protegerlo y ampararlo, tal resolución es determinante para que deje de tener validez jurídica y vigencia para él, sin que ello quiera decir que la ley pierda sus características de generalidad y obligatoriedad, pues continúa siendo de observancia obligatoria para todos aquellos gobernados que estén colocados en la hipótesis normativa y que no gocen de la protección constitucional. Por vía de consecuencia, si el quejoso solicitó y obtuvo el amparo con motivo del primer acto de aplicación, al estar fundado en ley inconstitucional, ese acto de aplicación adolece del mismo vicio, y ninguna autoridad puede volverle a aplicar la ley que ya se juzgó, dado que las relaciones entre el quejoso y la ley se rigen por la sentencia protectora." En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, por lo que en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano judicial determina con precisión los efectos de la concesión, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, para lo cual, la Oficial del Registro Civil de Zacatecas, Zacatecas deberá: a) Dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis; y, b) emitir otro comunicado en el que, de estimar que se cumplen los requisitos legales correspondientes -diversos a los aquí analizados-, deberá declarar procedente la solicitud de matrimonio formulada por Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, teniendo en cuenta que, ante lo inconstitucional del artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, en la parte que concibe al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, no podrá aplicarse a las quejosas en el presente ni en el futuro. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paloma Guadalupe Bermúdez Ceja y Nancy Viridiana Morúa Villa, contra los actos reclamados de la LXI Legislatura y del Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en el respectivo ámbito de su competencia en la aprobación y promulgación del Decreto 535, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el tres de octubre de dos mil siete, particularmente el artículo 100 del citado ordenamiento, así como del atribuido a la Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, consistente en el oficio PMZ/SGM/5538/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano