Paloma Alejandra Soto Meraz
Expediente 249/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Paloma Alejandra Soto Meraz
- Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Se declara que dicho auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, contra los actos de la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando primero de esta determinación. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando segundo de esta resolución.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Especializada en Delito de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de quince de junio del año en curso, remite copia certificada de la carpeta de investigación 189/2016, por tanto, se tiene por cumplido el mismo.
- Principal
Durango, Durango, a quince de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio firmado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Especializada en Delito de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango, por medio del cual, en cumplimiento a los diversos requerimientos que se le han formulado en el presente juicio remite diversas constancias relativas a la carpeta de investigación 189/2016. Ahora bien, las constancias con las que pretende dar cumplimiento la autoridad responsable no ostentan la certificación de la persona legalmente autorizada para ello, por tanto, se trata de copias simples que carecen de valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis I.11o.C.1 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1269, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. Asimismo del análisis de las constancias en cuestión, no se aprecia que obren las que reiteradamente se le han solicitado a la representación social, es decir, la relativa al acuerdo en el que ordenó el archivo definitivo de la referida carpeta de investigación, pues mediante oficio ERVC/389/2016, de dieciséis de mayo pasado, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Especializada en Delito de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango, informó que la quejosa Paloma Alejandra Soto Meraz, no compareció ante esa representación con motivo del citatorio que al efecto se le envió e indicó que el asunto se archivó, en virtud de que, a las partes afectadas les pagaron sus daños y éstas otorgaron el perdón legal; sin embargo, ha sido omisa en enviar dicha documental. En consecuencia, devuélvase a la autoridad ocursante dichos anexos y requiérasele de nueva cuenta, a fin de que dentro del término de tres días, contados legalmente, remita copia certificada de la constancia relacionada en el párrafo que antecede, toda vez que con ella se pretende acreditar una causal de improcedencia en el juicio de amparo, cuyo estudio es oficioso y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, con relación en el diverso 259, de la ley de la materia y de conformidad con el sexto párrafo, apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro, es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Ruperto Triana Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco César Olivas Calleros, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
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