Pako Norberto Ocampo Vázquez
Expediente 1854/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1854/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2023
Partes del expediente
- Pako Norberto Ocampo Vázquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de la quejosa por el que desahoga la vista ordenada en autos y al efecto manifiesta que la sentencia no ha sido cumplida por las razones que expone, de lo que se toma conocimiento. En ese sentido, tomando en consideración lo manifestado por la quejosa en el escrito de cuenta y el diverso registrado con el folio *****, así como los oficios ********* y *********** remitidos por las autoridades responsables del Tribunal Superior Agrario, en que manifestaron haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a pronunciarse en relación a si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no, y/o en su caso, si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: "[.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, el Titular de la Unidad General Administrativa, ates (sic) denominado Oficial Mayor y la Directora General de Recursos Humanos, ambos adscritos al Tribunal Superior Agrario, por sí y por conducto de las autoridades administrativas que en el ámbito de su respectiva competencia corresponda, realicen lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la afectación a la compensación garantizada y la eliminación de los seguros de separación individualizada y el de gastos médicos mayores. De igual forma, deberán dejar de aplicar a la quejosa en el presente y en lo futuro la porción correspondiente a los Acuerdos mencionados. Dejen insubsistente el acto de aplicación del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como todos los efectos y consecuencias derivados de esa aplicación, por lo que deberán devolver las cantidades que indebidamente se dejaron de pagar a la parte quejosa al haberse fundado en el Acuerdo citado. [.] La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venían percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 1133/2021 de su estadística, determinó lo siguiente: "[.] Por lo expuesto y fundado, se resuelve. PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Pleno del Tribunal Superior Agrario, de conformidad con el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida TERCERO. Se sobresee en el juicio respecto del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del considerando quinto de esta resolución. CUARTO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia revisada. [.]" Ahora, cabe precisar que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia Federal para los efectos siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la afectación de cada una de las siguientes prestaciones: Compensación garantizada, devolución de diferencias, tomando en cuenta incrementos salariales y posibles afectaciones a otras prestaciones. Seguro de separación individualizada, restituir las aportaciones a la compañía aseguradora, desde enero de dos mil diecinueve a la fecha, con sus respectivos intereses. Seguro de gastos médicos mayores, restituir las aportaciones que debieron pagarse a la aseguradora desde enero de dos mil diecinueve a la fecha en que quede cumplido el fallo protector. En ese orden, en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requirió al titular de la Unidad General Administrativa, antes denominado oficial Mayor y la directora general de Recursos Humanos, ambos adscritos al Tribunal Superior Agrario, para que cumplieran con la sentencia en los términos y para los efectos precisados. Así, en cumplimiento a la ejecutoria la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, en representación de las autoridades responsables, mediante el oficio DAJ/PC/01069/2023 de diez de noviembre de dos mil veintitrés, informó, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] [.]" Constancias con las que en acuerdo de catorce de noviembre pasado se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a lo informado por las autoridades responsables y las constancias exhibidas. En auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la quejosa en desahogo a la vista dada en autos, manifestando su inconformidad por los motivos que expuso, con el pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo por las autoridades responsables del Tribunal Superior Agrario y se ordenó dar vista a la directora general de Recursos Humanos y titular de la Unidad General Administrativa, antes denominado Oficial Mayor, ambos del Tribunal Superior Agrario para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Por acuerdo de uno de diciembre de este año, se recibió el oficio DAJ/PC/01143/2023 de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, de la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, en representación de las autoridades responsables, por el que manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] [.]" Con lo expuesto, se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a si interés conviniera respecto a lo informado y, al efecto, por los motivos que expuso en el escrito de cuenta, manifestó que la sentencia no ha sido cumplida en sus términos. En cumplimiento a la ejecutoria, el titular de la Unidad General Administrativa, antes denominado oficial Mayor y la directora general de Recursos Humanos, ambos del Tribunal Superior Agrario informaron que la Unidad General Administrativa, a través de la Subdirección de Presupuesto, desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa el acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como todos los efectos y consecuencias derivadas de su aplicación, lo que refiere fue sólo durante el año dos mil diecinueve, dado que dicho acuerdo actualmente está abrogado. Por otra parte, respecto a la afectación a la compensación garantizada comunicó que la Subdirección de Presupuesto informó que para cuantificar la cantidad relativa, tomó como parámetro salarial las prestaciones de las que gozaba la quejosa con motivo del ejercicio en que se encontró sus funciones, es decir, las establecidas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como referencia tabular para la aplicación en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve (período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve), dando como resultado a reintegrarse la cantidad de ********************), que se puso a disposición de la quejosa a través de cheque, emitido por la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior Agrario. En otro aspecto, con relación a la afectación provocada con la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, las responsables manifestaron la imposibilidad física y material para dar cumplimiento a la ejecutoria, argumentando que de conformidad con el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se establecieron medidas de austeridad, entre otras, la no asignación de recursos públicos para la contratación de las pólizas colectivas de dichos seguros y se mantuvieran las vigentes, añadiendo que no realizaron ningún tipo de descuento por concepto de pago de tales pólizas, ya que carecían de facultades y atribuciones para contratarlas en favor de un servidor público de mando o enlace en ese Tribunal y, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, no contempla erogación alguna de recursos públicos para los seguros eliminados o la contratación de nuevas pólizas de manera colectiva o individual. Expuesto lo anterior, al realizar una confrontación entre lo informado y las constancias exhibidas por las autoridades responsables del Tribunal Superior Agrario, y lo manifestado por la quejosa a ese respecto, se advierte no se ha cumplido en sus términos los efectos de la sentencia. Se llega a esa conclusión, dado que las responsables demostraron haber desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa el acuerdo reclamado e que informaron que dejaron de aplicar en lo presente y en lo futuro la porción correspondiente a ese acuerdo, así como los efectos y consecuencias que derivaron del mismo; sin embargo, no han realizado acciones de cumplimiento respecto del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizada. Debe destacarse que con relación a la afectación a la compensación garantizada, específicamente respecto a la cantidad a reintegrarse (********************), las responsables no exponen detalladamente los incrementos salariales correspondientes a enero de dos mil diecinueve hasta que dejó de tener vigencia el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora, con relación a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, las responsables realizaron diversos planteamientos que fueron desestimados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México en el amparo en revisión 1133/2021 de su estadística. Aunado a que en la parte considerativa de la sentencia ejecutoridada emitida en este asunto, al realizar el análisis de violaciones al derecho humano de irretroactividad de la ley, se precisó que las autoridades responsables del Tribunal Superior Agrario al emitir el acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, vulneraron en perjuicio de la quejosa tal derecho. En efecto, en el caso, quedó suficientemente demostrado que en la esfera jurídica de la quejosa como magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, se vulneró en su perjuicio el principio de retroactividad de la ley en su vertiente de aplicación retroactiva, protegido en el régimen especial establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que impedía a la autoridad reducirle su remuneración durante el desempeño del encargo, y si bien la remuneración debe ser determinada anualmente en los presupuestos de egresos de la Federación correspondientes, como lo ordena el segundo párrafo del artículo 127 constitucional, la solicitante de amparo se ubicaba en un supuesto de excepción en términos del régimen establecido por el referido artículo 14 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Por lo que se concluye que, aun cuando en cumplimiento al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se aplicara la disminución de la remuneración de la quejosa como integrante del Tribunal Superior Agrario, de conformidad con el citado manual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en específico, la reducción en el concepto de compensación garantizada, así como la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, su aplicación resultó lesiva del derecho a percibir una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional al encargo, dada la arbitrariedad con la que se condujeron las autoridades ejecutoras del gasto, al haber utilizado como parámetro para el cálculo de la remuneración el tope establecido para cuantificar el salario del presidente de la República. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase a la (1) titular de la Unidad General Administrativa (antes Oficialía Mayor) y al (2) director de Recursos Humanos, ambos, del Tribunal Superior Agrario (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) presidente del Tribunal Superior Agrario (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realicen lo siguiente: Respecto de la compensación garantizada, en atención a los escritos de la quejosa, expliquen de manera detallada como se obtuvo el resultado en su favor por la cantidad de ********************). Respecto del seguro de separación individualizada, realicen las aportaciones omitidas a la compañía aseguradora desde enero de dos mil diecinueve con los aumentos a las cantidades por ese concepto en ese año. Respecto del seguro de gastos médicos mayores, realicen el pago al quejoso de las aportaciones que debieron pagarse a la empresa aseguradora desde enero de dos mil diecinueve. En el entendido que tales emolumentos se deberán cuantificar hasta que dejó de tener vigencia el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ..." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ... ." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual, remite la promoción con folio 31856 a la cual se adjunta copia con evidencia criptográfica de la resolución dictada en el recurso en revisión 218/2023, del índice del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente por así haberlo solicitado expresamente. En consecuencia, se procede a acordar lo conducente: Téngase por recibido el oficio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acompaña la resolución dictada en el amparo en revisión 218/2023, de su estadística. Acúsese recibo. En ese sentido, hágase del conocimiento que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia del recurso, se MODIFICA la sentencia de emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés en el juicio de amparo 274/2023, promovido por ********************, SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos y las autoridades precisadas y por las razones expuestas en el considerando segundo de la sentencia que por esta vía se revisa, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Efectos de la resolución Ahora, del análisis de la ejecutoria de amparo emitida por el órgano colegiado oficiante, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] a) Deberá calcular el impuesto que la contribuyente quejosa tendría que enterar a su cargo en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, conforme a la mecánica integral que prevé en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, tomando en consideración el valor catastral que para dicho ejercicio correspondía al inmueble propiedad de la tributante -rango "H" de la indicada porción normativa-, lo que dará como resultado el impuesto predial natural a enterar. b) Al impuesto predial natural a enterar, deberá aplicársele el descuento de veinticinco por ciento, propio del rango "G" del mencionado precepto de la codificación fiscal, así como el que pudiera haber correspondido a la parte quejosa, de ser el caso, por la realización del pago en forma anticipada. Lo que permitirá obtener el impuesto predial a cargo subsidiado. c) Hecho lo anterior, obtendrá la diferencia entre el impuesto predial efectivamente pagado por la contribuyente actora, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintitrés y el impuesto predial a cargo subsidiado, de modo que le sea devuelta la cantidad excedente actualizada que pudiere resultar a su favor. Parámetro que habrán de observar las autoridades que resulten vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria. [.]" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral relativo al inmueble en que tributa el quejoso en la cuenta predial ********************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión citado, remítaseles copia simple de esta ejecutoria, así como del estado de cuenta predial del inmueble materia de este juicio. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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