Pacual Chiunti Loyo

Expediente 1031/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1031/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Pacual Chiunti Loyo
  • Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado por este órgano jurisdiccional y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para conocer de la demanda de amparo promovida por Pascual Chiunti Loyo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 1031/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado en su estadística bajo el número 854/2018, en virtud de que no aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, por las razones que ahí expone. Al respecto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y acúsese el recibo de estilo. SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL. Ahora bien, del oficio que se provee se desprende que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, no aceptó la competencia declinada por este juzgador federal, al considerar esencialmente que, en el caso, se actualiza la regla competencial prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, al ser una resolución de segunda instancia que confirma la de primer grado, es de naturaleza declarativa; por tanto, no puede reputarse como un acto de ejecución material, ya que sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal. Al respecto, este juzgador sostiene que para determinar si un acto tiene ejecución material o no, es menester establecer en qué medida la resolución reclamada es o no de carácter ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva. En términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En esa medida, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones que, sin embargo, presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa tesitura, las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Las razones expuestas generan que los juicios de amparo contra las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia deban ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada. Sentado lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señaló el quejoso, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. Pascual Chiunti Loyo promovió demanda de nulidad de repudiación de herencia, en contra de la Notaria Pública número cinco de Cosamaloapan, Veracruz, y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad antes mencionada. 2. Tocando conocer de la aludida demanda al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, Veracruz, quien la radico bajo el número de expediente 993/2017. 3. Seguido el trámite del procedimiento judicial, el veinticuatro de mayo del año en curso el Juez natural determinó no entrar al fondo del asunto, bajo el argumento de que se actualizaba la figura de la falta de litis consorcio pasivo, señalando que debía llamarse a cada uno de los hermanos del promovente que participaron en la repudiación de la herencia, por lo que ordenó devolver los autos a trámite con el objeto de que se llame a juicio a Magdalena, Teresa, Pascual y Dinah, todos de apellidos Chiunti Loyo, requiriéndose a la parte actora para que en términos de cinco días proporcionara el domicilio de sus hermanas. 4. Posteriormente, el aquí quejoso, promovió recurso de apelación en contra de la resolución de fecha veinticuatro de mayo de la presente anualidad, quedando radicado bajo el toca número 1675/2018, del índice de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, determinó confirmar la resolución de primer grado, emitida dentro de los autos del expediente civil número 993/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa, es la precisada con el punto I, pues la resolución del recurso de apelación de veinticinco de septiembre dos mil dieciocho, por la que se confirmó la diversa de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, sí conlleva ejecución material, toda vez que la resolución que se confirmó ordenó que se devolvieran los autos a trámite con el objeto de que se llamara a juicio a Magdalena, Teresa, Pascual y Dinah, todos de apellidos Chiunti Loyo, por lo que se requirió al impetrante de amparo para que en un término de cinco días proporcionara los domicilios de sus hermanas; lo que si bien, no es propiamente una reposición, sin embargo sí conlleva un mandato para que se realicen actos procesales encaminados a cumplir con una regularización del procedimiento en los autos 993/2017, atendiendo a que el juzgador natural advirtió que se actualizaba la figura de litis consorcio pasivo, por lo que debía emplazarse a cada una de las hermanas del promovente que participaran en la repudiación de la herencia. De tal suerte que, en el caso, se estima cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido precepto 37, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, dado que la emisión del acto combatido implica una ejecución que deberá realizar el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Cosamaloapan, Veracruz, es decir, para proceder en determinado sentido, no se limita a una mera declaración, pues es innegable que las resoluciones de alzada son declarativas, pero lo trascendente para efectos de la competencia constitucional es verificar si tienen ejecución material o no, lo que lleva a sostener al suscrito que aquellos fallos pronunciados por las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo efecto sea ordenar una reposición del procedimiento del juicio de primera instancia, o en su caso convalidan una ordenada o una resolución que conlleva ejecución, deben ser estudiados por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad instructora, al no considerarse factible suponer que esos fallos carezcan de ejecución material. Resulta aplicable al caso concreto, por su contenido, la jurisprudencia número 2a./J.37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo antes expuesto, la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." También se cita como apoyo, la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, a consideración de este órgano jurisdiccional, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por estar ubicado dentro del territorio donde tiene sede el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, quien es el que realizará los actos procesales para la ejecución del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido en los auto del expediente 993/2017, de su índice. En ese orden de ideas, conforme a las consideraciones establecidas en el proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho y las aquí vertidas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito insiste en declinar la competencia planteada; en consecuencia, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con sede en esta ciudad, a fin de que sea éste quien resuelva respecto al conflicto competencial suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Pascual Chiunti Loyo, por propio derecho, contra actos de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1031/2018. De la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el acto que reclama la solicitante de amparo consiste en: " a).- El acto reclamado lo hago consistir en la resolución de fecha 25 de septiembre del año en curso, dictada dentro de los autos del expediente número 1675/2018, del índice de la Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Vracruz, de Ignacio de la Llave, mediante la cual se confirma la resolución de primer grado, emitida dentro de los autos del expediente civil número 993/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Ver." Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. De la interpretación de dicho artículo, se concluye que el primer criterio para establecer la competencia de un juicio de amparo se determina atendiendo a la ejecución de los actos reclamados, y el tercero corresponde a la residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto combatido, cuando éste no requiera ejecución material. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación de competencia, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En este contexto, debe determinarse en qué medida la resolución reclamada es o no de carácter ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva. En términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En esa medida, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones que, sin embargo, presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa tesitura, las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Las razones expuestas generan que los juicios de amparo contra las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia deban ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada. Sentado lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señaló el quejoso, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. Pascual Chiunti Loyo promovió demanda de nulidad de repudiación de herencia, en contra de la Notaria Pública número cinco de Cosamaloapan, Veracruz, y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad antes mencionada. 2. Tocando conocer de la aludida demanda al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, Veracruz, quien la radico bajo el número de expediente 993/2017. 3. Seguido el trámite del procedimiento judicial, el veinticuatro de mayo del año en curso el Juez natural determinó no entrar al fondo del asunto, bajo el argumento de que se actualizaba la figura de la falta de litis consorcio pasivo, señalando que debía llamarse a cada uno de los hermanos del promovente que participaron en la repudiación de la herencia, por lo que ordenó devolver los autos a trámite con el objeto de que se llame a juicio a Magdalena, Teresa, Pascual y Dinah, todos de apellidos Chiunti Loyo, requiriéndose a la parte actora para que en términos de cinco días proporcionara el domicilio de sus hermanas. 4. Posteriormente, el aquí quejoso, promovió recurso de apelación en contra de la resolución de fecha veinticuatro de mayo de la presente anualidad, quedando radicado bajo el toca número 1675/2018, del índice de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, determinó confirmar la resolución de primer grado, emitida dentro de los autos del expediente civil número 993/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa, es la precisada con el punto I, pues la resolución del recurso de apelación de veinticinco de septiembre dos mil dieciocho, por la que se confirmó la diversa de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, sí conlleva ejecución material, toda vez que la resolución que se confirmó ordenó que se devolvieran los autos a trámite con el objeto de que se llamara a juicio a Magdalena, Teresa, Pascual y Dinah, todos de apellidos Chiunti Loyo, por lo que se requirió al impetrante de amparo para que en un término de cinco días proporcionara los domicilios de sus hermanas. De tal suerte que, en el caso, se estima cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido precepto 37, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, dado que la emisión del acto combatido implica una ejecución que deberá realizar el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Cosamaloapan, Veracruz, es decir, para proceder en determinado sentido, no se limita a una mera declaración, pues es innegable que las resoluciones de alzada son declarativas, pero lo trascendente para efectos de la competencia constitucional es verificar si tienen ejecución material o no, lo que lleva a sostener al suscrito que aquellos fallos pronunciados por las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo efecto sea ordenar una reposición del procedimiento del juicio de primera instancia, o en su caso convalidar una ordenada, deben ser estudiados por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad instructora, al no considerarse factible suponer que esos fallos carezcan de ejecución material. Resulta aplicable al caso concreto, por su contenido, la jurisprudencia número 2a./J.37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo antes expuesto, la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." También se cita como apoyo, la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por estar ubicado dentro del territorio donde tiene sede el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, quien es el que realizará los actos procesales para la ejecución del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido en los auto del expediente 993/2017, de su índice. En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de la presente demanda de amparo y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a esos Juzgados, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y autógrafa de este acuerdo, sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, dado que no encuadra en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Sánchez Bueno, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 29548 y como autorizado con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del precitado artículo, a Juan Manuel Tepetla Carrizo, toda vez que dentro de Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparece el registro correspondiente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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