Pablo Vidal Agular

Expediente 1010/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1010/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Pablo Vidal Agular

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, se agregó el escrito signado por ************ autorizada del quejoso, a través del cual realizó diversas manifestaciones de inconformidad en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informado por la autoridad responsable; atento a ello y acorde con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria se encuentra cumplida. En sentencia de diez de enero pasado, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, contra actos del agente del Ministerio Público 5 de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en la Región "C", para el efecto siguiente: "El agente del Ministerio Público responsable deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. En su lugar dicte otro en el que, con libertad de atribuciones, responda la petición del quejoso sobre la exhumación y cremación del cuerpo de la víctima directa, lo cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá: Partir del supuesto de que el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo prohíbe de forma genérica, sino solo en caso de duda sobre la causa de muerte. En caso de que existan diversos motivos concretos en la investigación que impidan, por el momento, acordar de conformidad, deberá explicarlos de forma fundada y motivada. Dicha resolución causó ejecutoria en proveído de treinta y uno de enero pasado, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante oficio registrado con el número 1394, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con residencia en esta ciudad, remitió copia del acuerdo de diez de febrero actual, dictado dentro de la carpeta de investigación 135720/2021, del que se desprende que dejó insubsistente el diverso proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y dictó otro, en el que en atención a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, negó la petición del hoy quejoso, lo que hizo en los siguientes términos: "Se ACUERDA lo siguiente: (.) SEGUNDO.- Al respecto de la solicitud hecha por parte del ************, en su calidad de VICTIMA INDIRECTA dígasele que NO ES PROCEDENTE llevar a cabo la exhumación del cuerpo de su hijo ************, menos aún llevar a cabo la CREMACIÓN del cuerpo del mismo, lo anterior en virtud de que: Partiendo por lo estipulado en el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra señala: "Levantamiento e identificación de cadáveres.- En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará: I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos; II. El levantamiento del cadáver; III. El traslado del cadáver; IV. La descripción y peritajes correspondientes, o V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, practicada la inspección o la necropsia Correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver. Cuando se desconozca la identidad del cadáver se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a su identificación. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado". Se está en el entendido de que si bien, dicho artículo señala de manera genérica: ". En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales". también lo es que se tiene pleno conocimiento que la muerte de la persona fallecida es considerada como violenta, es decir, ************* no murió por causas naturales, sino que ésta fue provocada por persona o personas hasta el momento desconocidos, quien o quienes le ocasionaron esas lesiones mortales con un arma de fuego. Por lo que, si bien es cierto, ya se cuenta con una certeza respecto de la causa de muerte de quien en vida respondía al nombre de ***********, al contarse con el informe de necropsia, de la cual se informó con la debida diligencia respecto a la práctica de la misma a la defensa abstracta, también los es que no se puede realizar la incineración del cadáver, pues al ordenar la cremación del cadáver se pierde totalmente el indicio principal de un hecho que la ley señala como delito, en este caso el de HOMICIDIO y no se preserva la evidencia que pudiera revelar nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Aunado a lo anterior, también debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los principios generales: ." La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente".; De los derechos de toda persona imputada: ."IV Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndoles el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley" Además lo estipulado por los artículos 6, 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que interesan señalan: "Artículo 6º. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código". "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa". "Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, Tratados y la leyes que de ellos emanen". Así como lo señalado en la fracción novena del artículo 113 del Código Nacional del Procedimientos Penales: "Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: .IX.- A qué se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no puedo presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código". Es decir, el autorizar la cremación del cadáver de quien en vida respondía al nombre de *************en este momento, encontrándose la carpeta de investigación en la etapa de una Investigación inicial, dejaría en su momento a quien resultase imputado, en estado de indefensión, pues este perdería el derecho de solicitar algún dato de prueba concerniente al indicio del cadáver, en caso de que para su debida defensa advirtiera la necesidad de llevar a cabo alguna otra diligencia pericial al cuerpo, ya que ya no se pudiera llevar a cabo, en razón a que el cadáver hubiese sido incinerado; perjudicando así el debido proceso, no salvaguardándose esos principios de contradicción y de igualdad ante la ley y entre las partes. Lo, anterior de ninguna manera se trata de una postura personal, sino de no dejar la menor duda respecto de las causas de toda muerte violenta, siendo esta la causa por la cual no se da la autorización de cremar cuerpos que sufrieron muerte violenta, solicitada con insistencia por familiares, pues hay que dejar abierta la posibilidad de disponer de pruebas físicas en un futuro, de ser necesario y de que estas puedan ser controvertidas o confrontados por quien o quienes resulte imputados, al ser uno de sus derechos. Finalmente no podemos perder de vista lo establecido en el apartado VI.2 del ACUERDO 5/2016 POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, el cual señala: "DISPOSICIÓN FINAL. La Cadena de Custodia terminará por resolución que haya quedado firme del Agente del Ministerio Público-del Juez, según corresponda, bajo su estricta responsabilidad, estableciendo la disposición final o última de los indicios o elementos materiales probatorios, previa a la realización de las pruebas periciales correspondientes en términos de la normatividad aplicable". Por lo que al encontrarnos en una etapa de investigación inicial no podemos establecer que se tenga una resolución firme del Agente del Ministerio Público o del Juez, menos aún pudiéramos establecer que se han recabado las pruebas periciales correspondientes al indicio consistente en el cadáver de quien en vida respondía al nombre de ************, pues de acuerdo a todo lo ya anteriormente expuesto, aún se continúan investigando los presentes hechos de carácter delictivo, por lo que en su momento al poderse establecer la identidad del o los imputados en la presente investigación, estos pudieran solicitar el recaudo de nuevos datos de prueba para su defensa, siendo este su derecho, y al encontrarse incinerado el cadáver ya precitado no pudieran estar en esa igualdad ante la ley y por lo tanto quedarían en un estado de indefensión vulnerado sus derechos que les corresponden, poniendo en peligro con ello el éxito y esclarecimiento de la investigación. Por lo que de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 10, 11, 113 y 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el apartado VI.2 del Acuerdo 5/2016 por el que se emite el Mandial de Cadena de Custodia de la Procuraduría General De Justicia Del Estado De Guanajuato. Se RESUELVE: PRIMERO.- Dejar insubsistente el acuerdo emitido en fecha 29 de septiembre del año 2021 y SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo por los medios autorizados por el mismo al C. *************, dentro de la carpeta de investigación citad a al rubro." Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la cual desahogó inconformándose, a través del escrito acordado el veintiuno de febrero (registro 1687). Ahora bien, esta Potestad considera que se encuentra cumplida la sentencia protectora pues: 1) Se dejó insubsistente el acuerdo reclamado; y, 2) En su lugar se dictó otro con libertad de atribuciones en el que se respondió la petición del quejoso respecto de su solicitud de exhumación del cuerpo, sin ceñirse al artículo 271 de la ley adjetiva penal, como una prohibición prescriptiva, sino que explicó, como se evidencia de la lectura del texto, por qué, en el caso, y en este momento, es improcedente su solicitud. Es importante destacar que, entre los efectos, se indicó que la autoridad "en caso de que existan diversos motivos concretos que impidan, por el momento, acordar de conformidad, deberá explicarlos de forma fundada y motivada", lo que así hizo, pues señaló que el asunto se encuentra en etapa de investigación inicial; esto es, que no existe resolución definitiva del agente del Ministerio Público ni del Juez sobre ella; además de que "se continúan investigando los presentes hechos de carácter delictivo" y, en concordancia con el derecho que, en su caso, debe asistir a quien pudiera recaer el carácter de imputado, éste podría solicitar una nueva prueba en la corporeidad de la víctima. Así, se considera que se cumple con la exigencia del fallo constitucional, en oposición a lo manifestado por la parte promovente en el escrito de respuesta a la vista que se le dio con él; lo anterior, en la medida en que, si bien, los motivos y razones dadas por la responsable pueden ser insuficientes o inexactos acorde con lo que ahí expone (lo que no se prejuzga); esa cuestión o problemática escapa a la materia del último apartado sobre el cumplimiento, la cual fue de carácter formal (fundamentación y motivación), en oposición a un estudio de fondo. En consecuencia, si la contrastación entre la sentencia y sus efectos, con el cumplimiento dado, son coincidentes y permiten advertir que sí se efectuaron las conductas ordenadas, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Debiéndose conservar, la demanda, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga la calidad de cosa juzgada, así como el presente proveído que ordena el archivo del asunto como totalmente concluido. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Devolución de DVD. Por lo que respecta al D.V.D que remitió el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Celaya, como justificación de su informe de ley, toda vez que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Emilia Carrillo Alva, autorizada del quejoso, por el cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria que informó la autoridad responsable, del que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con residencia en esta ciudad, a través del cual pretende demostrar que cumplió con la ejecutoria de amparo, y remite copia de la constancia con la que pretende acreditarlo, consistente en: El acuerdo dictado el diez de febrero actual, dentro de la carpeta de investigación **********, del que se desprende que dejó insubsistente el diverso acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y dictó otro, en el que en atención a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, negó la petición del hoy quejoso por los motivos ahí expuestos. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la misiva de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga y una vez transcurrido ese plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2° se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable gente del Ministerio Público 5 de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en la Región "C", para que dentro del término de tres días, de cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, lo que deberá hacer en los siguientes términos: "1. El agente del Ministerio Público responsable deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 2. En su lugar dicte otro en el que, con libertad de atribuciones, responda la petición del quejoso sobre la exhumación y cremación del cuerpo de la víctima directa, lo cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá: 2.1. Partir del supuesto de que el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo prohíbe de forma genérica, sino solo en caso de duda sobre la causa de muerte. 2.2. En caso de que existan diversos motivos concretos en la investigación que impidan, por el momento, acordar de conformidad, deberá explicarlos de forma fundada y motivada." Apercíbasele que, de no hacerlo, se le impondrá una multa, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Además, se hace del conocimiento de que de no acatar lo ordenado, en los términos establecidos, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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