Pablo Victor Enríquez Padilla
Expediente 1759/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Victor Enríquez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintidós de diciembre de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra del proveído dictado el treinta de noviembre último (fojas 38-40); mediante el cual se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este proveído de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del acuerdo relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)MESA 2 B PRAL. 1759/2015-Oaxaca Juárez, Oaxaca, a treinta de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 16-35), las que negaron categóricamente la existencia del acto que les reclama el quejoso PABLO VÍCTOR ENRIQUEZ PADILLA, consistente en la orden de aprehensión, dictada en su contra por las siguientes autoridades responsables: 1. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL CENTRO. 2. JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL CENTRO. 3. JUEZ TERCERO DE LO PENAL DEL CENTRO . 4. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DEL CENTRO. 5. JUEZ QUINTO DE LO PENAL DEL CENTRO. 6. JUEZ SEXTO DE LO PENAL DEL CENTRO. 7. JUEZ SÉPTIMO DE LO PENAL DEL CENTRO, RESIDENTES EN IXCOTEL, CENTRO, OAXACA 8. PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA. 9. SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA. 10. TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. Y, en su ejecución, por las siguientes: 11. COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES 12. COMANDANTE DEL GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, RESIDENTES EN LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO, OAXACA. Ahora, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes justificados no se hayan agregado con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el nueve horas con doce minutos del día dieciséis de diciembre próximo, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 36 vta.); pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido del informe justificado rendido por las autoridades judiciales responsables, respecto de la orden de aprehensión, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictara en este asunto, sería el mismo. Se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la ley de la materia), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de esos actos de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del día dieciséis de diciembre próximo (fojas 36 vta.). Finalmente, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de este acuerdo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
*pral. 297/2015 mesa amp. 3-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil quince. I. Vistos los autos, advirtiéndose que mediante proveído de tres de noviembre del año en curso (foja 114), se tuvo a la presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, informando con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y, por ello, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente laboral 1404/2009, de la que se advierte declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar dicho expediente al auxiliar dictaminador de esa Junta, para que dentro del término de ley procediera a elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 111). Por tanto, a fin de establecer sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio que con transcripción de este acuerdo se le envíe, comunique las medidas que ha adoptado para cumplir con la ejecutoria de amparo y envíe las constancias de ello. Con apercibimiento a dicha autoridad judicial, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá en su perjuicio una multa entre cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 y 238 de la ley de la materia invocada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese.
- Incidental
NOTIFICACION PARTE QUEJOSA Número de expediente: 307/2015 Acuerdo: *PRAL. 307/2015 MESA AMP. 1-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil quince. Vistos los autos, toda vez que no se ordenó notificar personalmente la resolución que antecede de trece de noviembre en curso; sin embargo, dada la naturaleza de la resolución a notificar, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso e) y 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario que corresponda, a efecto de que se haga presente en los domicilios de las partes aún en horas y días inhábiles a realizar la referida notificación en forma personal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Número de expediente: 307/2015 Acuerdo: *PRAL. 307/2015 MESA AMP. 1-A Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a FRANCISO GERALDO SOSA JUÁREZ, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
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