PABLO VASQUEZ RAMIREZ y Otros.
Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PABLO VASQUEZ RAMIREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por Efraín Velásquez Antonio autorizado legal de los quejosos Pablo Vásquez Ramirez, Evodia González Ramírez, María José Moreno, Irineo Juárez Jiménéz, Isaías Domínguez Ramírez, Leticia Juárez Jiménez, Urbano Domínguez Ramírez, Cándido Hernández Martínez, Ausencio Martínez Ambrosio y Delfina Aurora, atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado en el presente juicio. En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia común de los citados Tribunales Colegiados, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual fue notificada a la parte promovente vía electrónica el seis de julio de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 771/2022. PARTE QUEJOSA Pablo Vásquez Ramirez, Evodia González Ramírez Maria José Moreno Irineo Juárez Jiménez Isaías Domínguez Ramírez Leticia Juárez Jiménez Urbano Domínguez Ramírez Cándido Hernández Martínez Ausencio Martínez Ambrosio; y, Delfina Aurora. Comuneros indígenas de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MIXE, OAXACA. REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MIXE, OAXACA. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NÚMERO 22, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC, OAXACA. ACTO RECLAMADO De forma concreta, la parte quejosa reclama: La celebración, firma, validación y ejecución material del convenio de fecha doce de abril de dos mil veintidós, el cual fue presentado ante el Tribunal Unitario Agrario número 22, con sede en la Ciudad de Tuxtepec, para su calificación y elevación a categoría de sentencia, convenio, mediante el cual las autoridades señaladas como responsables deciden en nombre de su comunidad solucionar el conflicto agrario que existe con la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, mediante la disolución de la mancomunidad existente como Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, estableciendo para ello una línea divisoria a través de mojoneras que afecten sus posesiones, sin haber sido oídos y vencidos en juicio. GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitucionales. INTEGRACIÓN EXPEDIENTE Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DESECHAMIENTO En el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, en relación con lo dispuesto por los diversos ordinales 1°, fracción I, 5°, fracción I, 6° y 10, todos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa carece de personalidad para promover el juicio de amparo en defensa de los intereses del ejido al que pertenecen; y debe desecharse de plano la demanda por notoriamente improcedente. En efecto los artículos en cita disponen: "... ... De acuerdo a lo establecido en las disposiciones antes invocadas, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Así, interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses legítimos provocado por un acto u omisión de autoridad. ... ´ Por su parte, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Octava Época, con registro digital 211702, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." Al resolver la contradicción de tesis 149/2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en su favor, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 Constitucional y del artículo 4° de la Ley de Amparo de anterior vigencia, de similar redacción al actual dispositivo 6° de la ley de la materia. Asimismo, decretó que dicho interés jurídico debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, pues de lo contrario, el juicio de amparo resultaría improcedente en términos de las actuales fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, ambos del propio ordenamiento. En ese sentido se cita la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2008, Novena Época, con registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, se considera que quienes comparecen a instar el presente juicio constitucional, en defensa de los derechos de la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, no se encuentran legitimados para ello; y si bien aducen comparecer por propio derecho, no se advierte que reclamen actos que atenten contra su esfera jurídica en lo particular. Lo anterior, pues de acuerdo a su escrito de demanda, reclamaron de las autoridades responsables: La celebración, firma, validación y ejecución material del convenio de fecha doce de abril de dos mil veintidós, el cual fue presentado ante el Tribunal Unitario Agrario número 22, con sede en la Ciudad de Tuxtepec, para su calificación y elevación a categoría de sentencia, convenio, mediante el cual las autoridades señaladas como responsables deciden en nombre de su comunidad solucionar el conflicto agrario que existe con la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, mediante la disolución de la mancomunidad existente como Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, estableciendo para ello una línea divisoria a través de mojoneras que afecten sus posesiones, sin haber sido oídos y vencidos en juicio. En efecto, de acuerdo a esto, los quejosos pretenden la protección federal respecto de derechos y superficies de terrenos que corresponden al núcleo agrario en el cual aducen son comuneros, pues se ostentan como titulares de derechos sobre tierras de uso común; y aun cuando comparecen al presente juicio de amparo por su propio derecho, aducen violación a los derechos que corresponden a la comunidad, por lo que se trata de un derecho colectivo que corresponde a todos y cada uno de los comuneros, en términos del artículo 73 de la Ley Agraria, el cual prevé que las tierras de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido o comunidad y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. De tal manera que la defensa de tales tierras corresponde al Comisariado, en tanto que se tata de tierras cuyo dominio corresponde a todos los integrantes del núcleo, cuenta habida que el numeral 75 del citado ordenamiento establece que en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe la comunidad o comuneros. Así pues los derechos de uso y disfrute de esas tierras corresponde por igual a todos los miembros de la comunidad empero la titularidad de las mismas corresponde al ente colectivo, y por ello, es este quien debe acudir en defensa de las mismas sin que pueda esgrimirse la representación sustituta, pues tal figura jurídica no se encuentra prevista en la Ley de Amparo vigente, por lo que no es jurídicamente posible instituir una hipótesis normativa inexistente. Siendo importante agregar que aun cuando constitucionalmente se protegen los derechos de ejidatarios, el hecho de que se les reconozca el uso y disfrute de las tierras de uso común no conlleva a que la ley les reconozca el derecho de acudir en lo individual a la defensa de esos derechos, puesto que la normativa reglamentaria del artículo 27 constitucional, claramente establece que la disposición de las tierras de uso común corresponde al Ejido o Comunidad, como ente colectivo. Lo que significa que las tierras de uso común son tierras que no quedan sujetas al derecho común, sino al régimen agrario. En razón de ello, los promoventes de la demanda carecen de interés jurídico para iniciar el presente medio de control constitucional. Además, los quejosos en forma alguna acreditaron estar legitimados para promover el juicio de amparo como representantes del centro de población. Lo anterior es así, puesto que conforme las documentales que exhiben, únicamente se advierte que podrían ser posesionarios de diversas parcelas pertenecientes a la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, (para los efectos del presente juicio); y no que ostenten la representación de la comunidad a la que pertenecen para combatir actos que provoquen una afectación en los derechos colectivos de la misma. Y si aunado a lo anterior, en la Ley de Amparo se eliminó la figura de la representación sustituta que se establecía en la anterior Ley de la Materia, lo cual es un indicativo de que la intención del legislador era acotar -en materia agraria- la legitimación procesal para promover el juicio de amparo. En efecto, ya no se establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual, cuando el Comisariado Ejidal no lo hace en representación del núcleo de población correspondiente, esto es, como se dijo, ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del presente juicio, en su calidad de ejidatarios, carecen de legitimación. Por lo que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Amparo, únicamente quien conforme a la Ley Agraria cuenta con la personalidad para ostentarse como representante del Ejido, es quien puede instar en favor del núcleo de población el juicio de protección de derechos, no así cualquier otro interesado. ... ... En tales condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracciones XII y XXIII, en relación con lo dispuesto por los diversos ordinales 1°, fracción I, 5°, fracción I, 6° y 10, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, atento a la certificación de cuenta. De igual forma se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico proporcionado en su demanda únicamente para establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario. ALTA DE USUARIO. Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30 fracciones I y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se practiquen al promovente por la vía electrónica con el nombre de usuario "EFRAIN463", así como la consulta del expediente electrónico; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que se indica previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
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