Pablo Vargas Schmerbitz

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Pablo Vargas Schmerbitz

Actuaciones

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. ORDEN DE ARCHIVO. ** NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    I. Estado de autos. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por medio del cual informa que la carpeta de investigación NIC: AME/IXA/02/MPI/184/...../19/07, es el licenciado RFC, adscrito a las Mesas Primera y Segunda de Tramite del Centro de Justicia del Ixtapaluca, Estado de México, por el cual, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado, por lo cual se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. II. Requerimiento. Asimismo, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a RFC, adscrito a las Mesas Primera y Segunda de Tramite del Centro de Justicia del Ixtapaluca, Estado de México, para que, en el término tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, para que remita copia certificada de la carpeta de investigación NIC: AME/IXA/02/MPI/184/..../19/07. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, al momento de realizarse la conducta, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Apartado B), del artículo 26 constitucional, y los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, será equivalente al que tenga toda la república mexicana y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo Quinto Transitorio del referido Decreto, lo cual equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Se hace de su conocimiento que en caso de considerar necesaria la remisión de algún informe vía fax, queda a su disposición el número telefónico 26197400, extensión 2157, y para la confirmación de la recepción del mismo, debe comunicarse a la extensión 2152; o en su caso, podrá optar por la remisión del mismo, en documento digitalizado, vía correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional a la siguiente dirección 9jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación podrá realizarse por la misma vía, o en la extensión 2151. NOTIFÍQUESE Y POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD SEÑALADA. ^^

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del veinticinco de enero de dos mil veintidós, se notifica por medio de lista al quejoso P.V.S., el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, que dice: ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y CREACIÓN DE EXPEDIENTE Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por P. e I., ambos de apellidos V.S., por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintitrés, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 37/2022-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Del examen de la demanda de amparo, se advierte que la acción constitucional es improcedente, por lo que debe desecharse, atendiendo a las siguientes razones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es menester precisar que el acto materia de reclamo en esta sede constitucional, consiste en el ilegal auto de veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, así como cualquier acto tendiente a poner en posesión de la tercera interesada la parcela *****, relativos a la ejecución de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ***/****, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintitrés, Estado de México. Ahora bien, el normativo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido [.] Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De acuerdo a lo previsto por el numeral transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra los actos que constituyan la última resolución. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De igual manera, la disposición trascrita con antelación establece que el juicio biinstancial procede, en tratándose de remates, siempre y cuando sea la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o el que ordena el archivo definitivo del expediente; así como el que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley". Se llega a la determinación anterior, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que, en el periodo de ejecución de sentencia el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; de igual forma, reguló que en tratándose de remates, el juicio constitucional es viable cuando se trate de la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados; ya que la finalidad de esto es evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Por tanto, se desprende que dicho acto reclamado, no se encuentran dentro del supuesto previsto por el artículo 107 fracción IV, de la ley de la materia, ya que éste no consiste en la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, en ello tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de igual forma no ordena el archivo definitivo del expediente, ni autoriza el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, que son las hipótesis de procedencia que contempla el precepto invocado. Al caso es aplicable la tesis aislada 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En el entendido que las violaciones procesales cometidas durante la etapa de remate y en la de ejecución de sentencia, son reclamables en la última resolución que dicte en las mismas, conforme a lo expuesto en líneas precedentes. Por ende, al ser manifiestas e indudables la improcedencias de la presente contienda, se desecha la demanda en estudio. NOTIFICACIONES POR LISTA Y NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE PROVEÍDO En atención a que la parte promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, téngase como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado; ello, hasta en tanto señale uno diverso en la residencia de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, dado el sentido del presente auto se ordena notificar personalmente por única ocasión el presente proveído, a la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a *****, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF, y en términos del artículo 24 del referido ordenamiento a las diversas personas que refiere en su demanda de amparo. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte quejosa para que la continuación del presente juicio de amparo, la realice vía electrónica, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA LA PRACTICA DE NOTIFICACIONES Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, desde estos momentos se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS Expedición de copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

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