Pablo Urieta Jiménez

Expediente 430/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
430/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Pablo Urieta Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de uno de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, anexando en copia certificada la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que se concedió al quejoso la protección que de la Justicia Federal solicitó, para el efecto de que: "...la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en caso de que a la fecha no haya emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral 267/2013 y su acumulado 28/2015, tan pronto cause firmeza esta sentencia lo pronuncie sin demora alguna." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento que haya dado a la sentencia de amparo, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. En el entendido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 430/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Pablo Urieta Jiménez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "El hecho de que la Autoridad Responsable a la fecha, no ha dictado en el expediente de origen el laudo correspondiente, transgrediendo con ello, los términos y plazos que marca la Ley Federal del Trabajo (.)." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado "A", Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 430/2019; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se ordenó notificar a la tercero interesada Yoli de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Pablo Urieta Jiménez, como actor en el juicio laboral número 267/2013 y su acumulado 38/2015 comparece en esta vía de reparación constitucional, básicamente para reclamar de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, la omisión en que acusa ha incurrido al no dictar el laudo correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente; certeza que además se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe, las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes no invocaron expresamente la actualización de alguna causa de improcedencia, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo cual en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada. En ese sentido, se aprecia substancialmente fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, por las consideraciones que a continuación se expondrán. El numeral 17 de nuestra Carta Magna, contiene el derecho público subjetivo relativo a la celeridad en la impartición de justicia, el cual está supeditado a los términos que para ese fin señalen las leyes secundarias, lo que obliga a los tribunales a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que para que se infrinja esta garantía por parte de la autoridad responsable basta con que los acuerdos o resoluciones no los emita dentro de los plazos y términos legales que al efecto establecen las leyes relativas. Ahora bien, los numerales 686, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que los procesos laborales se tienen que substanciar y decidir en los términos señalados en la propia ley; que una vez desahogadas todas las pruebas y formulados los alegatos de las partes, se declarara cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes debe formularse el proyecto de resolución en forma de laudo; que una copia de dicho proyecto se entregará a cada uno de los miembros que integren la Junta respectiva, quienes dentro de los cinco días siguientes podrán solicitar que se practiquen las diligencias que faltaren o las que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, en cuyo caso, con citación de las partes, dichas diligencias se llevaran a cabo dentro de los siguientes ocho días. Que transcurridos los cinco días que se conceden a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede o, en su caso, desahogadas las diligencias ordenadas, o transcurrido el lapso fijado para ese fin, el Presidente del Tribunal Laboral citará a los miembros del mismo, para la discusión y votación del proyecto elaborado, lo que deberá acontecer dentro de los diez días siguientes; si el multicitado proyecto es aprobado sin adicciones o modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y en caso contrario, se ordenara al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, y que una vez engrosado y firmado el laudo, se turnara el expediente al actuario para que lo notifique personalmente a las partes. En las narradas consideraciones, al confrontar la situación que prevalece en el expediente laboral 267/2013 y su acumulado 38/2015, se tiene que la autoridad responsable infringe las garantías de prontitud y expeditez de justicia establecidas en el numeral 17 Constitucional dado que de la documental que en copia certificada remitió (la cual fue valorada en el considerando que antecede), se desprende que mediante actuación de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, por lo que resulta evidente que ha precluido el término de diez días siguientes con que se contó para la formulación de dicho proyecto de laudo, así como el plazo de cinco días que tenían los integrantes del órgano laboral colegiado, para ordenar el desahogo en su caso, de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad; luego entonces, si han transcurrido más de diez días de lo que el artículo 887 del código del trabajo concede para la discusión, votación, aprobación y, en su caso, adición y modificación del proyecto elaborado, para su inmediata elevación a la categoría de laudo, sin que a la fecha la junta responsable haya justificado con prueba idónea alguna, el pronunciamiento de tal resolución, resulta claro que con su omisión viola en perjuicio del promovente del amparo la garantía individual que tutela el artículo 17 de la ley fundamental, que establece como un derecho público subjetivo, que cualquier gobernado puede acudir ante los órganos jurisdiccionales con el propósito de plantear las controversias que afectan sus intereses, y que dichos tribunales deberán administrarle justicia de manera pronta y expedita, ocasionándole con ello un perjuicio irreparable conforme a los términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, da pauta para conceder al quejoso Pablo Urieta Jiménez la protección de la justicia federal que solicitó, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, para el único efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en caso de que a la fecha no haya emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral 267/2013 y su acumulado 38/2015, tan pronto cause firmeza esta sentencia lo pronuncie sin demora alguna. Sin que pase desapercibido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a), visible en la página 1086, tomo II, Mayo de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", determinó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, por lo que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esa naturaleza será, por regla general, notoriamente improcedente a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, caso de excepción que se actualiza en el presente asunto ya que como se indicó con anterioridad de la documental remitida por la junta responsable se obtiene que desde el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen, sin que hasta la fecha se hubiere emitido el laudo correspondiente, por lo que se obtiene que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento jurisdiccional respectivo y por tanto el juicio de amparo es procedente, al perjudicar la omisión reclamada irreparablemente al quejoso. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Pablo Urieta Jiménez, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza. Doy fe.-

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