Pablo Sergio Ulloa Espinoza
Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Pablo Sergio Ulloa Espinoza
Actuaciones
- Principal
Causa Estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós: INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. En atención al primero de los oficios enviados al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, remitido por la Jueza Cívico adscrita a la Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes, téngase por recibido toda vez que proviene de la cuenta electrónica de dicha autoridad y se ha validado su fiabilidad conforme deriva de la certificación de cuenta. Visto el contenido de ambos oficios, se le tiene informando sobre la suspensión de plano dictada el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe, escanéense para que forme parte del expediente electrónico. DELEGADOS. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa. DEMANDA SE TIENE POR NO PRESENTADA. De la diligencia actuarial y el oficio de cuenta, se aprecia lo siguiente: 1. El veintisiete de marzo del año en curso, se presentó demanda de amparo, promovida por... en favor de..., contra actos del Juez Cívico en turno adscrito a la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio de Aguascalientes y/o anteriormente Juez de Justicia Municipal, con sede en esta ciudad; de quien reclamó la privación de la libertad e incomunicación. 2. Dicha demanda fue registrada con el número 234/2022-II, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como por afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. 3. Por razón actuarial de veintiocho de marzo del año en curso, el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones que ocupa la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio, a fin de localizar al quejoso...; fue atendido por el juez cívico en turno, licenciado..., quien le informó que efectivamente el quejoso había estado detenido preventivamente sin embargo fue puesto en libertad el veintisiete de marzo del presente año al haber pagado la multa impuesta por la sanción administrativa que le fue determinada, conforme a la boleta de libertad de la propia fecha con número de folio... que se anexó a la razón actuarial de mérito. Circunstancias que se corrobora con la documental que acompañó la autoridad Juez Cívico de Turno de la Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes a su informe de suspensión de plano, correspondiente a la boleta de libertad antes descrita, en la que consta el nombre del quejoso..., el motivo por el que fue puesto en libertad -por pago de multa- el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, firmado por la Juez Cívico... Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes del caso y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, ya que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. Ahora, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia de la parte quejosa, después de que se haya resuelto sobre la suspensión, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el quejoso fue puesto en libertad al pagar la multa que motivó la privación de su libertad; de ahí que conforme a la teología de dicha porción normativa, lo que protege es evitar la continuación del procedimiento cuando se desconozca el paradero del directo quejoso, lo que en el particular no sucede. Lo anterior es así, ya que de lo expuesto se presume fundadamente que el quejoso, si bien fue detenido por manejar en estado de ebriedad, lo cual motivó la infracción contenida en los artículos 292 y 313, fracción IV, inciso a), numeral 3 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, 103 y 104 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, y llevado a las instalaciones de la autoridad responsable, es innegable conforme a los documentos aportados que una vez pagada la multa fue puesto en libertad el veintisiete de marzo del año en curso a las 05:43 horas. En consecuencia, se reitera, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. En atención al primero de los oficios enviados al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, remitido por la Jueza Cívico adscrita a la Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes, téngase por recibido toda vez que proviene de la cuenta electrónica de dicha autoridad y se ha validado su fiabilidad conforme deriva de la certificación de cuenta. Visto el contenido de ambos oficios, se le tiene informando sobre la suspensión de plano dictada el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe, escanéense para que forme parte del expediente electrónico. DELEGADOS. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa. DEMANDA SE TIENE POR NO PRESENTADA. De la diligencia actuarial y el oficio de cuenta, se aprecia lo siguiente: 1. El veintisiete de marzo del año en curso, se presentó demanda de amparo, promovida por... en favor de..., contra actos del Juez Cívico en turno adscrito a la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio de Aguascalientes y/o anteriormente Juez de Justicia Municipal, con sede en esta ciudad; de quien reclamó la privación de la libertad e incomunicación. 2. Dicha demanda fue registrada con el número 234/2022-II, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como por afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. 3. Por razón actuarial de veintiocho de marzo del año en curso, el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones que ocupa la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio, a fin de localizar al quejoso...; fue atendido por el juez cívico en turno, licenciado..., quien le informó que efectivamente el quejoso había estado detenido preventivamente sin embargo fue puesto en libertad el veintisiete de marzo del presente año al haber pagado la multa impuesta por la sanción administrativa que le fue determinada, conforme a la boleta de libertad de la propia fecha con número de folio... que se anexó a la razón actuarial de mérito. Circunstancias que se corrobora con la documental que acompañó la autoridad Juez Cívico de Turno de la Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes a su informe de suspensión de plano, correspondiente a la boleta de libertad antes descrita, en la que consta el nombre del quejoso..., el motivo por el que fue puesto en libertad -por pago de multa- el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, firmado por la Juez Cívico... Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes del caso y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, ya que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. Ahora, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia de la parte quejosa, después de que se haya resuelto sobre la suspensión, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el quejoso fue puesto en libertad al pagar la multa que motivó la privación de su libertad; de ahí que conforme a la teología de dicha porción normativa, lo que protege es evitar la continuación del procedimiento cuando se desconozca el paradero del directo quejoso, lo que en el particular no sucede. Lo anterior es así, ya que de lo expuesto se presume fundadamente que el quejoso, si bien fue detenido por manejar en estado de ebriedad, lo cual motivó la infracción contenida en los artículos 292 y 313, fracción IV, inciso a), numeral 3 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, 103 y 104 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, y llevado a las instalaciones de la autoridad responsable, es innegable conforme a los documentos aportados que una vez pagada la multa fue puesto en libertad el veintisiete de marzo del año en curso a las 05:43 horas. En consecuencia, se reitera, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, veintisiete de marzo de dos mil veintidós. - Registro de demanda - Vista la demanda de amparo promovida por Julio Josabet Ulloa Ulloa en favor de Pablo Sergio Ulloa Espinoza, contra actos del Juez Cívico en turno adscrito a la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio de Aguascalientes y/o anteriormente Juez de Justicia Municipal, con sede en esta ciudad; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 234/2022-II. - Manifestación sobre ausencia de firma electrónica - De certificación de cuenta se advierte que la demanda de amparo no contiene evidencia criptográfica de firma electrónica alguna, tramítese -no obstante lo anterior- la misma, al impugnarse actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Esto en términos de los artículo 10, segundo párrafo, y 17 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. - LOCALIZACIÓN DEL QUEJOSO Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentre recluido el directo quejoso Pablo Sergio Ulloa Espinoza, (instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, C-4), y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Centro de Reinserción Social para Varones "Aguascalientes", Centro de Reinserción Social "El Llano" y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados y los encargados o custodios se nieguen a ponerla ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que la buscada no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibida en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: El estado general de la integridad física del quejoso; Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privada la quejosa, o donde sea entrevistada por el Actuario; Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -SUSPENSIÓN DE PLANO- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga a la peticionaria de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesta a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si el directo quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención de la quejosa haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que la quejosa sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que den al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo... Con independencia de lo anterior, hágase saber a las responsables que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -DOMICILIO- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de cuenta. - HABILITACIÓN Y AUTORIZACIONES - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. -FIRMA DE OFICIOS- Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese; de manera personal e inmediata al directo quejoso y autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Guadalupe Arias Ortega, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria de Juzgado Alejandra Lizeth Barraza Canales, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 234/2022-II.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Pablo Martínez Martínez684/2022
- Pablo Rafael González Lucio993/2023
- Pablo Reyes Echeverría1379/2014
- Pablo Rios Velasquez1484/2011
- Pablo Rios Velázquez2603/2014
- Pablo Santillán García17/2023
- Paloma Aceves Marmolejo3024/2014
- Paloma Gutiérrez Sánchez1009/2014
- Pamela Amador Tiscareño305/2022
- Pamela Amador Tiscareño637/2023
- Pamela Betsabé Puente Silva610/2022
- Pamela Ramos Serna1735/2019