Pablo Sergio Alatorre Marquez

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Pablo Sergio Alatorre Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos mil veintidós.... se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por ***, por propio derecho, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como por el Secretario General adscrito; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Ahora bien, respecto al señalamiento en el sentido de que los datos personales proporcionados son información confidencial, de la lectura del oficio de cuenta se advierte que son de la propia parte quejosa; por tanto, debe darse a conocer a las partes que intervienen en el presente juicio, pues tienen derecho a consultar las actuaciones, así como las pruebas ofrecidas; máxime que en el presente expediente sólo tienen acceso las partes que intervienen en el mismo, y no así el público en general (terceros), y al ordenar el resguardo de la información que se recibe, se estaría evitando el acceso a la misma, de modo que las partes no podrían controvertirla ni alegar lo conducente. Se determina lo anterior, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a la quejosa el acceso a la información proporcionada, así como de las constancias exhibidas. Además, no implica que se realice una desclasificación, sino que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es que se hace de su conocimiento dicha información, para que haga valer lo que a su derecho convenga, sin que por ese motivo la información de mérito se esté haciendo pública, pues únicamente se pone a la vista de las partes que intervienen en este juicio, no el público en general (terceros); máxime que dicha documentación es materia de la litis. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Por otro lado, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida a su favor la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad oficiante el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Finalmente, a efecto de que transcurra el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación de la parte quejosa del informe de cuenta y la de celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma, fijándose las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa ******, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, en resolución dictada por este Juzgado, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó y en el segundo se concedió el amparo a Eulalia García Rodríguez. No obstante, al estar inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, y mediante resolución emitida en sesión de treinta de abril de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, se determinó en definitiva lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo respecto a los actos de tortura atribuidos a las autoridades responsables. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra la omisión de proporcionar atención médica especializada en podología, traumatología y urología, dentro del juicio de amparo 1192/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos." En dicha ejecutoria se determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***********, para los siguientes efectos: "1.- En el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias para que se proporcione a la interna **********, la atención médica general para su revaloración y la especializada en las áreas de podología, traumatología y urología, hasta su alta, así como el suministro de medicamentos correspondientes. 2. Hecho lo anterior y de acuerdo a los diagnósticos que se obtengan, dentro de su esfera de funciones y competencias, procuren los tratamientos indicados a la interna y de acuerdo al resultado, suministren los medicamentos o los insumos para su adecuada evolución, recabando constancia de ello. Lo anterior, a fin de garantizar el respeto al derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, lo cual únicamente se logra cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental, por lo que deberán vigilar que en todo momento, en el lugar en que se encuentre la multicitada reclusa privada de su libertad personal, se preserve su salud y seguridad, tomando las medidas necesarias para ello (proporcionar alimentos, medicinas y asistencia médica oportuna), sobre cualquier circunstancia administrativa interna en el centro penitenciario en que se encuentre recluida. Conviene precisar que los efectos de la presente ejecutoria constriñen a su cumplimiento al encargado del área de nutriología o equivalente, independientemente de su denominación en la estructura orgánica del centro federal". Atento a lo anterior; el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria en cita, por parte de la autoridad, responsable.... De las constancias precisadas en párrafos que anteceden, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que nos ocupa, pues se atendieron los padecimientos que presentó la quejosa hasta lograr su cirugía a fin de que su salud mejorara y fuera dada de alta; por tanto, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se ordena agregar a los autos las constancias de notificación registradas bajo los folios 3276, 6493, 7494 y 15 en las que se advierte que la quejosa realizó diversas manifestaciones, ahora bien, de las mismas se advierte que se duele por una parte, de que no había sido operada, no obstante esa circunstancia es infundada ya que como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, su cirugía se programó y efectuó de manera correcta; por lo tanto, no existe incumplimiento en ese aspecto. Asimismo, otras de sus manifestaciones son tendentes a solicitar una atención especializada por un nutriólogo; sin embargo, dicha cuestión es novedosa y no guarda relación estrecha con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, por lo cual, estará en aptitud de hacer valer sus peticiones por la vía administrativa o constitucional que estime pertinente. En ese sentido, contrario a lo que expresa la quejosa, este órgano jurisdiccional estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida a cabalidad por la autoridad responsable. Ahora bien, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Por otra parte, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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