Pablo Santiago Diaz
Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2019
Partes del expediente
- Pablo Santiago Diaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 43/2019, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
EN VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTITRÉS DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 43/2019, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista ", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 43/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.
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Ciudad de México, once de enero de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********; por conducto de su apoderado legal **********, lo que acredita con la copia certificada de la escritura pública número ocho mil ochocientos veintiocho, pasada ante la fe del Notario Público sesenta y uno del Estado de Chiapas; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 000550/2019 43/2019 24187491 **********; por conducto de su apoderado legal ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1.********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la restante persona que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). a) La emisión del acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente SI.006/CHIS-05 relativo a la solicitud de indemnización por afectación agraria, por el cual se decretó la caducidad por inactividad procesal y orden de archivo como asunto total y definitivamente concluido. 2. Titular de la Direccion General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene sustento en la fracción IV del artículo 107 de la Norma Fundamental, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Al respecto, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, el juicio de amparo será procedente. Afirmar lo contrario, sería tanto como sostener que el juicio de amparo es un recurso ordinario y, a su vez, permitiría al juez federal suplantar las facultades del órgano de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta épocas, con números de registros 338340 y 267633, cuyos rubros, respectivamente, son: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Ahora bien, es importante señalar que conforme a la Norma Fundamental y a la Ley de Amparo el principio de definitividad no es absoluto, toda vez que existen excepciones que habilitan al particular a acudir directamente al juicio constitucional no obstante exista un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Efectivamente, la primera excepción al principio de definitividad está referida a la figura de la suspensión del acto reclamado, de modo que se pueden obviar los recursos ordinarios en los siguientes casos: Cuando la ley de la materia no prevea esa medida cautelar con la interposición del recurso, o bien, que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; Que aun cuando se contemple la suspensión del acto, no lo sea con los mismos alcances que establece la ley de amparo; Que la ley ordinaria no prevea mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva; y, Que el plazo para conceder la medida cautelar no sea mayor que el dispuesto para la suspensión provisional. En cualquiera de los supuestos anteriores, aun cuando la ley ordinaria establezca un medio de defensa, se actualizará una excepción al principio de definitividad y el particular podrá acudir directamente al juicio de amparo a impugnar el acto reclamado. Por otro lado, la segunda excepción al principio de definitividad está relacionada con el principio de fundamentación que debe observarse en todos los actos de autoridad, de modo que se surtirá la excepción aludida cuando el acto reclamado carezca de modo absoluto de ese elemento. Efectivamente, la excepción aludida se actualiza únicamente ante la ausencia total de las disposiciones legales que sustenten el acto reclamado, lo que obedece al hecho de que no es posible obligar a los particulares a agotar los recursos conducentes cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia, pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo será procedente, sin necesidad de desahogar previamente algún medio de defensa. Consecuentemente, no se ubica dentro de esta excepción el reclamo de la indebida o deficiente fundamentación, toda vez que en esta hipótesis el acto sí contempla preceptos legales, aunque éstos sean exacta o debidamente aplicables, lo que en todo caso será materia de análisis en el medio ordinario de defensa que se establezca para tal efecto. Sirven de apoyo los criterios siguientes: Tesis aislada VI.1o.A.49 K (10a.), con número de registro 2012479, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." Jurisprudencia VII.1o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2012256, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tesis Aislada (III Región)4o.19 K (10a.), con número de registro 2008052, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Tesis aislada IV.2o.A.52 K (10a.), con número de registro 2005733, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Tesis Aislada I.3o.A.128 K, con número de registro 212868, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, la siguiente excepción al principio de definitivdad se surte cuando en relación con el acto reclamado únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; excepción que en un principio se reconoció en la práctica jurisprudencial de los tribunales federales, de acuerdo con la jurisprudencia s/n de rubro siguiente (registro 237480): "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Al respecto, debe señalarse que una violación directa a la Constitución consiste en la inobservancia de algún derecho consagrado en ese ordenamiento en forma directa, sin que medie interpretación o aplicación de preceptos secundarios. Esta aseveración se corrobora de la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), con número de registro 2003874, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), con número de registro 2000299, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL)." Por otra parte, se actualiza también una excepción al principio de definitividad cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el vocablo "ley" no debe entenderse como cualquier ordenamiento legal -reglamento, disposiciones administrativas, entre otros-, sino que se refiere a una ley en su sentido formal y material. Al respecto, el Alto Tribunal también ha sostenido que dicha excepción no implica que el recurso ordinario deba estar contenido en la misma ley de la que deriva el acto reclamado, ya que es posible que el legislador prevea esas herramientas procesales en un ordenamiento diverso, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Finalmente, sobre este punto ha señalado que esa hipótesis de excepción no implica que el quejoso no pueda interponer el medio de defensa establecido en ordenamientos distintos a las leyes, sino que solamente se traduce en que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo. Dichas consideraciones derivan de las jurisprudencias 2a./J. 151/2006P./J. 3/2001, 2a./J. 115/99, 2a./J. 116/99 y 2a./J. 4/92, con números de registros 174026, 190367, 193142, 193141 y 206421, de rubros: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL." Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, en el caso concreto la parte promovente reclama la emisión del acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente SI.006/CHIS-05 relativo a la solicitud de indemnización por afectación agraria, por el cual se decretó la caducidad por inactividad procesal y orden de archivo como asunto total y definitivamente concluido. Así, en primer término es necesario destacar el contenido del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XIX que establece: "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ... XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente..." Del precepto transcrito se desprende que los tribunales agrarios gozan de autonomía y plena jurisdicción para conocer de los asuntos relacionados con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Con la finalidad de reglamentar el mandato constitucional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual sobre el tema en estudio dispone: "Artículo 1o. Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: . IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;." De los artículos transcritos se desprende que los Tribunales Agrarios están facultados para resolver las acciones de nulidad en contra de actos dictados por las autoridades agrarias, por medio de los cuales se altere, modifique, extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, lo cual contempla un medio o recurso ordinario para impugnar actos de autoridades agrarias. En esa tesitura, cuando la autoridad agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho sustantivo, en materia de pago indemnizatorio por afectación agraria, como consecuencia de ello, deben conocer y tienen competencia, los Tribunales Unitarios Agrarios para resolver de los juicios de nulidad contra dichas determinaciones. De este modo, en observancia al principio de definitividad, resultaba necesario que el promovente agotara el medio ordinario de defensa que contempla la ley de la materia, previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que debe recordarse que la acción constitucional es un medio extraordinario de defensa al cual puede acudirse una vez que se hayan desahogado las herramientas procesales mediante las cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o anulado. Por ende, este juzgador considera que en el caso concreto no se encuentra satisfecho el principio de definitividad que rige la acción constitucional, toda vez que el promovente reclama el acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente SI.006/CHIS-05 relativo a la solicitud de indemnización por afectación agraria, por el cual se decretó la caducidad por inactividad procesal y orden de archivo como asunto total y definitivamente concluido, lo cual representa la culminación del procedimiento administrativo que trastocó una expectativa de derecho, a saber, el pago indemnizatorio por la supuesta afectación ejidal a las tierras de su propiedad; el cual pudo ser impugnado a través del juicio de nulidad agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, previsto en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Lo anterior, habida cuenta que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contenidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos no se advierte que el acto reclamado carezca de modo absoluto fundamentación, o bien, que se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Máxime que con la interposición de ese medio de defensa se suspenderían los efectos del acto reclamado, sin exigirse mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, según se desprende de lo dispuesto por el precepto 166 de la Ley Agraria, el cual dispone: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". Son aplicables, por las razones que informan, las jurisprudencias PC.XXVII. J/5 A y PC.XXVII. J/4 A, ambas del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito (registros 2010999 y 2011000, que dicen: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. En términos de los artículos 160, último párrafo, de la Ley Agraria, y 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vinculados con la fracción IV del diverso 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario contra la resolución dictada por la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en la que ordena el archivo del procedimiento de adquisición de terrenos nacionales, por estimar que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, esto es, actualizar la solicitud dentro del plazo previsto en dicho numeral, razón por la cual, en atención al principio de definitividad y al no actualizarse algún supuesto de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe agotarse el mencionado medio de defensa ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto". "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES. Los artículos 160, último párrafo, de la Ley Agraria, así como 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, prevén la procedencia del juicio agrario contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), respecto de asuntos relacionados con la enajenación de terrenos nacionales; pues bien, los aludidos preceptos deben vincularse con la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece la competencia de esos órganos jurisdiccionales para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; y para efectos del último artículo citado no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, sí lo sea en sentido material, porque exprese su voluntad en cuanto determina situaciones jurídicas concretas; por lo tanto, contra la resolución emitida por la Secretaría indicada, en la que ordena el archivo del expediente de solicitud de adquisición de terrenos nacionales, por estimar que se incumplió con el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, esto es, por no actualizar la solicitud dentro del plazo fijado en dicho numeral, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, en virtud de que el acuerdo de archivo de una petición de enajenación de terrenos nacionales es una resolución administrativa capaz de alterar, modificar o extinguir un derecho o una expectativa de éste". De igual forma, es aplicable, la tesis VI.2o.21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (registro 204172) que dispone: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades". Asimismo, es aplicable la tesis aislada III.1o.A.160 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Tercer Circuito (registro 208168), que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". Finalmente, es aplicable por analogía la tesis aisalada III.2o.A.154 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (registro 170718), cuyo rubro y texto señalan: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE UNA RESOLUCIÓN DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES SE LLEVARON A CABO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA Y SE IMPUGNARON CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/97). Conforme a la fracción V del artículo 252 del abrogado Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del precepto 305, fracción V, de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, el plano definitivo forma parte del procedimiento de ejecución de la resolución presidencial dotatoria de tierras ejidales o comunales, y no surge aisladamente; lo que implica que su elaboración y aprobación son actos de autoridades agrarias por medio de los cuales se altera, modifica o extingue un derecho; por tanto, al haberse llevado a cabo antes de la entrada en vigor de la Ley Agraria e impugnarse después de instaurados los tribunales agrarios, previo a instar la acción constitucional debe agotarse el juicio agrario, conforme al artículo 18, fracción IV, de la ley orgánica que rige a aquéllos. Lo anterior en estricto acatamiento de la jurisprudencia 2a./J. 55/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 177, intitulada: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.". No es óbice para lo considerado, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Tercera Parte, página 110, de rubro: "AGRARIO. PLANO DE EJECUCIÓN DEFINITIVA APROBADO. SU CONSTITUCIONALIDAD PUEDE EXAMINARSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", pues conforme a la legislación agraria en vigor, los Tribunales Unitarios Agrarios están dotados de competencia para resolver sobre las acciones de nulidad de actos como los referidos -lo que no se preveía con anterioridad-. Lo considerado resulta explicable, si se atiende a que corresponde a los órganos jurisdiccionales agrarios verificar el procedimiento derivado de la comentada resolución presidencial, y no sería justificable dividir la continencia de la causa para que a través del juicio de amparo indirecto se revise la ejecución de dicha resolución, ni aun cuando se argumentara que dicho plano no refleja fielmente lo establecido en la referida resolución y que, por ende, existe una indebida ejecución, pues en todo caso se trata de una cuestión de fondo, lo que compete dirimir al tribunal agrario competente. Tampoco se opone a lo decidido, la jurisprudencia 2a./J. 61/2001, consultable en el medio de difusión y época mencionados en primer término, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 254, de rubro: "NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY AGRARIA ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN.", toda vez que constituye un criterio genérico, en cambio, la citada jurisprudencia 2a./J. 55/97 resulta específica para el caso concreto, sin que se advierta que haya sido abandonada por la instancia emisora y, por ende, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo es de aplicación obligatoria; a más de que es de explorado derecho que, ante un criterio genérico y otro específico, debe observarse el segundo". Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista
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