Pablo Sánchez Escamilla
Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Sánchez Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 525/2022, promovido por PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA contra actos de la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, Morelos. ° Director de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos. Actos reclamados: ".resolución dictada en la causa penal JCC/593/2021, en la cual resuelve en fecha 31 de marzo del año 2022, dictar en contra del suscrito quejoso AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, por el delito de Extorsión.". SEGUNDO. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 525/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en la causa penal JCC/593/2021, índice de la autoridad señalada como responsable, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Director del Centro Estatal de Reinserción Social Varonil, ambos con sede en Cuautla, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia, con la precisión de que este último negó la emisión del auto de vinculación a proceso, sino que solo se concretó a ejecutarlo en sus términos. Certeza que se corrobora con la carpeta judicial número JCC/593/2021 que remitió la autoridad responsable; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2004362, que refiere: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la causal de improcedencia hecha valer por la parte tercero interesada y víctima en el proceso de origen de donde surgen los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en el sentido de que la parte quejosa no hizo valer el recurso procedente contra la resolución reclamada; al respecto, debe desestimarse la misma, pues no obstante que no formula mayor argumento, en virtud de la naturaleza del acto reclamado por afectar la libertad personal, se actualiza una excepción al principio de definitividad de mérito, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso d) de la Ley de Amparo. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 534, Materia Común, Penal, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." En el presente asunto, las partes no invocaron más causales de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que el juez responsable remitió con su informe justificado, consistentes en copia certificada de la carpeta judicial número JCC/593/2021, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: En la audiencia inicial celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Fiscalía formuló imputación en contra de PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA, por el delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales H.M.C. Luego, al resolver la solicitud del Ministerio Público, sobre la vinculación a proceso, lo hizo en los términos siguientes: ".Consecuentemente se entra al análisis de los datos de investigación para verificar si se acreditó el hecho delictivo o no; es evidente como se ha indicado del señor PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA en la comisión de dicha conducta con apariencia de ilícito, esta se encuentra acreditada, específicamente por el señalamiento directo realizado por la víctima de iniciales H.M.C.; respecto de que el día veinte de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce cuarenta y uno recibió mensajes de texto en los cuales se exigía la cantidad de $15,000 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) posteriormente en fecha uno de abril de dos mil veintiuno, se encontraba en el exterior del centro vacacional Oaxtepec, a bordo de la ruta 14 la cual bridaba servicio le fue entregado un equipo celular en la cual recibió de igual manera diversas llamadas las cuales no contestó, posteriormente recibió amenazas vía mensaje, para cumplir las exigencias de coacción que ya habían realizado en su contra la nueva cuenta el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, es nuevo número de telefónico 7352816491, se registra el número de origen nuevo número de origen sigo 623197432, en el que el activo del delito realiza la exigencia de ahora $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100) para la misma finalidad que sea dañado la víctima o sus familiares o en su persona. Es con lo anterior que a consideración de la de la voz se encuentra indiciariamente acreditada el cuerpo del delito de Extorsión cometido en agravio de la víctima de iniciales H.M.C. Consecuentemente quedó corroborado y acreditado indiciariamente con el informe del elemento Santana García de veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, en los cuales previa autorización realizada por el Juez Sexto de Distrito dentro de la autorización 268/2021 se hace el análisis el equipo con IMEI 0015109001247980, es dable decir que dicho IMEI corresponde al número telefónico respecto de los cuales se realizó la coacción el veinte de febrero del año dos mil veintiuno, a las doce cuarenta y uno, es decir, el número respecto de los cuales se inició con la coacción en contra de la víctima iniciales H.M.C. De dicho informe, se desprenden los doce mensajes salientes que precisamente el veinte de febrero de dos mil veintiuno, estos de número telefónico terminación 0770, así como los mensajes salientes correspondiente también a doce mensajes respecto de la línea con terminaciones 3541, informe del que se desprende también que las coordenadas respecto se las cuales el lugar en el que se encontraba a dicho número lo era en Santiago Tlayacapan, Morelos. .Es dable darle valor probatorio indiciario al informe de veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, realizado por Marisol Santana García en la que previa autorización 313/21 del juzgado décimo, realiza una valoración respecto del IMEI con terminación 7980 y que se desprende que con dicho IMEI es decir con dicho equipo telefónico fue realizado, fue puesta también la línea 735 121 7484 que de acuerdo a los datos incorporados por el Agente del Ministerio Público, dicha línea corresponde a la persona de Pablo Sánchez Escamilla, aquí activo del delito. .Lo anterior también se concatena con el dictamen de David Palma Moreno de ocho de septiembre del año dos mil doce, del que se desprende la extracción de los mensajes que fueron proporcionados por la víctima una vez que ya había sido analizado su número telefónico; así mismo el informe de Miguel Lázaro Osorio de veinte de agosto del año dos mil veintiuno, del que se desprende la entrevista nuevamente a la víctima H.M.C., en la que corrobora precisamente los hechos vivenciados el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, específicamente la coacción que recibió para entregar la cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y que esa forma su familia ni su persona fueron dañados. .también el informe de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, realizado por Santana García respecto del análisis del IMEI con terminación 7432 y esto es relevante en atención a que la misma realiza el des encriptado del último digito del IMEI con terminación 1056 esto lo hace mediante la fórmula lume o el algoritmo con número diez, para determinar que previo ha dicho desencriptado el IMEI investigado o que tenían a la vista simplemente lo era el terminación en 1056 esto es 86 25630 404 91050, sin embargo después de desencriptar el mismo, se dan cuenta que es el mismo número sin embargo, el cero cambia por un seis, con lo cual se corrobora precisamente que cómo se dijo dentro de las copias cotejadas de la carpeta 108/2021 y que si bien tiene relación a los hechos no guarda relación directa con los hechos investigados en la misma lo que si guarda relación, es precisamente el hecho de que una vez que la activo del delito fue detenido este tenía su grado de acción un equipo celular que correspondía precisamente con el IMEI investigado en esta carpeta, y respecto del cual salió el último mensaje de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, que se mandara a la víctima en la cual ejerce coacción en contra del mismo solicitándole la cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para que su integridad física y la de su familia no corrieran ningún riesgo. Se considera valor indiciario también al informe diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno el cual se relaciona con los presentes hechos en este sentido, se desprenden que al equipo de telefonía con IMEI 86 25630 404 91056 le fueron ingresadas diversas líneas telefónicas y entre dichas líneas le fue ingresado precisamente la línea telefónica 56 23 19 7432, línea telefónica con la cual como ya se ha dicho en varias ocasiones fue enviado el último mensaje de coacción a la víctima, esto el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno en el cual se le exigía a la entrega de cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para que su persona y la integridad de su familia no fueran perjudicadas. .De igual manera y por cuanto la probable responsabilidad del señor PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA, haya participado en la comisión de dicho ilícito pues si bien de nueva cuenta tenemos la declaración de la víctima inciales H.M.C., rendida ante el agente del Ministerio Público el veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, en donde es claro en realizar la denuncia de los hechos suscitados el veinte de febrero del año dos mil veintiuno, el primero de abril del año dos mil veintiuno, y el diecisiete de agosto del año dos mil veintidós, en los cuales les fueron enviaos y este recibió diversos mensajes de texto en los que se requería en primera instancia la entrega de $15,000 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) y en la última instancia la cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para que él y su familia estuvieran a salvo y no corrieran riesgos en su integridad física. Por último y en relación a la probabilidad de que Pablo Sánchez Escamilla, haya participado los hechos tenemos nuevamente las copias cotejadas de la libertad capeta de investigación FE/UECS/108/2021 de la que como se dijo únicamente en lo que nos interesa es que el día en que el cumplimiento a una orden el señor Pablo Sánchez Escamilla fue detenido este portaba en su grado de disponibilidad un equipo telefónico el cual correspondía al IMEI 86 25630 404 91056 y que resulta que dicho IMEI es precisamente el relacionado con el número telefónico 562 3197 432 que lo fue precisamente el número respecto del cual salió el mensaje que fuera recibido por la víctima en última instancia al número telefónico 73528 16491 y en el que le exigían la cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) esto el diecisiete de agosto del dos mil veintiuno. .Ahora bien, por cuanto al actuar del investigado PABLO SÁNCHEZ ESCAMILLA tenemos esta probabilidad de participación, lo cual se corrobora también precisamente con el informe de la elemento Santana García de veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, en el que se realizó la extracción de datos de los números con terminación 3541 y del que se desprende precisamente que los doce mensajes que fueron recibidos por la víctima salieron efectivamente del número con terminación 3541 y que IMEI utilizado lo fue el 01 51090 01247 980 y que corresponden precisamente a doce mensajes que fueron recibidos el día veinte de febrero del año dos mil veintiuno, en el número telefónico de la víctima 735 38 80670, así mismo salieron doce mensajes el veinte de febrero del año dos mil veintiuno, del número telefónico 7351623541. .PRIMERO: Se acreditó el hecho delictivo de EXTORSIÓN, ilícito previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales H.M.C. .SEGUNDO: Por lo anterior, se decreta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de PABLO SANCHEZ ESCAMILLA por su probable participación en la comisión del hecho delictivo de EXTORSIÓN cometido en perjuicio de la víctima de iniciales H.M.C..". Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. Del análisis de los conceptos de violación, se establece que resultan infundados, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece esa institución a favor de los inculpados o sentenciados dentro de un proceso penal. En la demanda de amparo el quejoso señala que se vulneran en su perjuicio, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medularmente, porque refiere que la autoridad señalada como responsable no fundamento ni motivo la resolución reclamada; que también violó los principios de legalidad, seguridad jurídica y las formalidades esenciales del procedimiento y de exacta aplicación de la Ley penal. Lo anterior consideró el quejoso porque en el caso en estudio no se encontraban acreditados los elementos integradores del hecho delictivo de extorsión, ni la probable responsabilidad. Además refiere como concepto de violación que en la especie no se satisfacen los extremos del numeral 19 Constitucional, al no haber datos suficientes que se deriven de la indagatoria para la comprobación del ilícito impugnado y la probable responsabilidad del hoy quejoso. Finalmente el quejoso argumenta que la juez señalada como responsable hizo una indebida valoración de los datos de prueba desahogados por la fiscalía, lo que contraviene el artículo 19 Constitucional, así como los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, primeramente se examinará si la juez señalada como responsable cumplió con los requisitos de legalidad y que existan datos suficientes para establecer razonablemente que se haya cometido el hecho señalado como delito por la ley o que probablemente haya participado en el mismo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema; los cuales establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos que debe contener, y disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso: El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: I. Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. IV. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. II. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. III. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, es menester que de los antecedentes de la carpeta judicial, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que se imputa como delito; así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, y la probabilidad de la comisión o participación del imputado. Asimismo, en cuanto al auto de vinculación a proceso, para la satisfacción del derecho constitucional, es necesaria una correcta y sana crítica de los datos de prueba que se relacionen, en observancia de las reglas de la lógica, conjugadas con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para valorar aquellos elementos (individual y global) que han servido de fundamento y así establecer si los datos de prueba son suficientes para determinar la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y la probable comisión o participación del imputado. Ahora bien, de los audios y videos de la audiencia contenida en el disco versátil digital (DVD) que remitió la juez señalada como responsable, reproducidas y analizadas por el suscrito Juzgador Federal, asistido del Secretario con quien actúa y da fe; se advierte que los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, complementados con los citados ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, tal y como se analizará a continuación. En relación con el primero de los requisitos, se precisó que se formuló imputación, en audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; asimismo, se hizo constar que el imputado manifestó su deseo de reservarse el derecho a declarar, como se advirtió en la propia audiencia. Así, entonces ante la petición expresa del imputado, se resolvió su situación jurídica, al renunciar al plazo constitucional. Para verificar lo asentado por la autoridad responsable, en el disco versátil digital que adjuntó a su informe justificado, consta la audiencia inicial de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, celebrada en autos de la causa penal JCC/593/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, donde se advierte que efectivamente se cumplieron con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 316 y fracción I del artículo 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los restantes requisitos, relativos a las fracciones III y IV del artículo 316, II y III del diverso 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizan de la siguiente manera: En efecto, la juez señalada como responsable consideró que los datos de prueba relacionados por la fiscal investigadora en la audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; además de que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió. El delito imputado al hoy quejoso se encuentra tipificado en el artículo 146 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, que literalmente establece lo siguiente: "Artículo 146. Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una persona para dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y multa de ochocientas a mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que resulten.". Es así, toda vez que como lo refiere de manera acertada la juez señalada como responsable el delito imputado se realizó mediante una acción de obtener algo, en el caso en estudio, le fueron requeridas a la víctima dos cantidades de dinero en primera instancia de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), y la segunda de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Por tanto, la juez señalada como responsable estimó que el hecho delictivo se encuentra acreditado con los datos expuestos por la fiscalía, específicamente con la declaración de la víctima de iniciales H.M.C., de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, donde refiere mediante señalamiento directo que el día veinte de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas con cuarenta y uno minutos, recibió mensajes de texto mediante los cuales se le exigía la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), posteriormente el uno de abril del año dos mil veintiuno, al encontrarse el sujeto pasivo en el exterior del centro vacacional Oaxtepec, a bordo de la ruta 14 le fue proporcionado un equipo celular en el cual refirió haber recibido diversas llamadas, las cuales no contestó, por lo que después recibió mensajes de amenaza y coacción, además el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en un nuevo número telefónico 7352816491, con registro de número de origen 623197432, en el que el activo del delito realizó la exigencia ahora de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con la finalidad que no sea dañado la víctima o sus familiares, con lo que se consideró indiciariamente acreditado el cuerpo del delito de extorsión cometido en agravio de la referida víctima. Además, la juez señala que también quedó acreditado indiciariamente con el informe del elemento Marisol Santana García, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el cual previa autorización del juez Sexto de Distrito, dentro de la autorización 268/2021, se hace análisis del equipo con IMEI 0015109001247980, es decir, IMEI del cual corresponde al número telefónico respecto del cual se realizó la coacción el veinte de febrero de dos mil veintiuno, a las doce cuarenta y uno, del cual se desprenden doce mensajes salientes que precisamente el veinte de febrero de dos mil veintiuno, se enviaron del número telefónico terminación 0770, así como los mensajes salientes correspondiente también a doce mensajes respecto de la línea con terminaciones 3541, informe del cual se desprendió también las coordenadas, es decir, el lugar en que se encontraba dicho número lo era en Santiago Tlayacapan, Morelos; informe al cual le otorgó valor probatorio indiciario. Asimismo, le otorgó valor probatorio indiciario al informe de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, realizado por Marisol Santana García, en la que previa autorización del Juzgado Décimo de Distrito, realizó una valoración respecto del IMEI con terminación 7980 y que se desprende que en ese equipo telefónico fue puesta la línea 735 121 7484 y que de acuerdo a los datos incorporados por el agente del Ministerio Público, dicha línea corresponde a la persona de nombre Pablo Sánchez Escamilla, activo del delito, aquí quejoso. También lo concatenó con el dictamen de David Palma Moreno, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, del que refiere se desprenden la extracción de mensajes que fueron proporcionados por la víctima una vez que había analizado su número telefónico; y el informe de Miguel Lázaro Osorio, de veinte de agosto de dos mil veintiuno, del que señalo se desprende la entrevista nuevamente a la víctima H.M.C., en la que corrobora los hechos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, específicamente la coacción que recibió para entregar la cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para que no se le causara daño a él y su familia. Señalando que la acción anterior, fue ejecutado por el hoy quejoso con un nuevo número telefónico 652 3119 7432 desde el equipo telefónico con IMEI 86 25630 404 91056, lo que relacionó con las copias cotejadas de la carpeta de investigación FE/UECS/108/121, de la que advirtió el aseguramiento del activo del delito el cual portaba en su poder un equipo telefónico que le corresponde el IMEI 86 25630 404 91056, y que dicho activo del delito es precisamente el mismo que realizó la coacción en contra del pasivo del delito el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente otorgó valor indiciario al informe de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, de donde se desprende que el equipo de telefonía con IMEI 86 25630 404 91056, le fueron ingresadas diversas líneas telefónicas, entre ellas la línea 56 23 19 7432, de la cual surgió el último mensaje de coacción a la víctima el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que se exigía la entrega de la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) con la finalidad de no hacerle daño a él y su familia. Por otra parte, en relación a la probable responsabilidad del hoy quejoso Pablo Sánchez Escamilla, se advierte de la declaración de la víctima de iniciales H.MC., rendida ante el agente del Ministerio Público, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, donde denuncia los hechos suscitados el veinte de febrero, el uno de abril y el diecisiete de agosto, todos de dos mil veintiuno, en los cuales le fueron enviados y dicha víctima recibió diversos mensajes de texto en los que le fueron requeridas en primera instancia $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), y en última instancia la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para que no le hicieran daño a la víctima y familia. Además, se advierte con las copias cotejadas de la carpeta de investigación FE/UECS/108/2021, en lo que interesa, que el día del cumplimiento de la orden en contra del señor Pablo Sánchez Escamilla, al ser detenido portaba en su grado de disponibilidad un equipo telefónico el cual correspondía al IMEI 86 25630 404 91056, y que resultó que dicho IMEI es precisamente el relacionado con el número telefónico 562 3197 432, que es donde salió el mensaje que fuera recibido por la víctima en última instancia al número telefónico 73528 16491, y en el que le exigía la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), esto el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Datos de prueba relatados con anterioridad, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción, de conformidad con los ordinales 259 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la juez señalada como responsable los consideró idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable autoría material y directa del imputado, a los cuales le asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificaron explicando el porqué de su valoración, en términos de la codificación nacional en cita. Mismos datos de prueba a los que la juez responsable dotó de valor probatorio, por no existir elemento que arrojara duda de su veracidad, considerándolos aptos de eficacia jurídica, además de estar corroborados entre sí. En esa tesitura, la totalidad de los datos de prueba reseñados, ponderados por la juez responsable, permiten suponer que el peticionario del amparo ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de extorsión. Siendo que con lo anterior, se sustenta el hecho que la ley señala como delito de extorsión, en tanto que se han precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hace probable la autoría del imputado, aquí quejoso, en la comisión de ese hecho ilícito. De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por lo que la resolución de la juez señalada como responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, no se demostró, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. De ese modo, como ya se plasmó en líneas precedentes considera que en el presente caso con los diversos datos de prueba aportados por la Fiscal y valorados por la juez señalada como responsable, existe la probabilidad que el quejoso Pablo Sánchez Escamilla, tuvo participación en el hecho que la ley señala como delito de extorsión. Cuenta habida que, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.". Lo anterior, porque la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a la investigación complementaria, a que alude el artículo 211, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: (...) b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.)" Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Paralelamente, el auto de vinculación a proceso no vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la parte quejosa, ni constituye un pronunciamiento adelantado sobre el fondo del asunto, es decir, no se adelanta en forma alguna la sentencia definitiva, ya que únicamente establece la existencia de méritos suficientes para seguir el proceso, formalizar la investigación y permitir la continuación o el procesamiento sobre las medidas cautelares. Se cita por orientadora la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". De igual forma, contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, como lo estableció la juez señalada como responsable, se considera que se encuentran justificados los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues con los mismos es dable establecer en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito de extorsión, pues si se encuentra señalado el delito y las circunstancias del lugar (Oaxtepec, Morelos); de tiempo (veinte de febrero, uno de abril y diecisiete de agosto, todos de dos mil veintiuno), en diversas ocasiones aproximadamente a las nueve horas con veinte minutos y doce horas con cuarenta y uno (efectuando coacción en contra de la víctima o el sujeto pasivo), así como la probabilidad de que el inculpado lo cometió, lo anterior conforme a las entrevistas y declaraciones de donde se desprenden los señalamientos directos y categóricos de la víctima de nombre reservado con iniciales H.M.C, las cuales fueron valoradas de manera correcta, quienes refieren esencialmente que el día veinte de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas con cuarenta y uno recibió mensajes del pasivo exigiéndole en primera instancia $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), y en última instancia mediante coacción la exigencia de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS M.N. OO/100), de donde se desprende su participación derivado de las copias cotejadas de la carpeta de investigación FE/UECS/108/2021, principalmente del cumplimiento de la orden de aprehensión y que al momento de su detención portaba en su grado de disponibilidad un equipo telefónico el cual correspondía el IMEI 86 25630 404 91056, y que resultó que dicho IMEI es precisamente el relacionado con el número telefónico 562 3197 432, siendo el número del cual salió el mensaje que fuera recibido por la víctima en última instancia al número telefónico 73528 16491, y en el que exigía la cantidad $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS M.N. 00/100), siendo está coacción el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, fue corroborado por la autoridad señalada como responsable con el informe de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, realizado por Marisol Santana García, respecto del análisis del IMEI con terminación 7432, quien al realizar el desencriptado del último digito del IMEI con terminación 1056, lo que guarda relación con el dato de prueba consistente en las copias cotejadas de la carpeta 108/2021, de donde se desprende lo antes narrado en el sentido de que una vez cumplimiento la orden de aprehensión en contra del hoy quejoso, se le encontró el equipo que corresponde al informe aquí mencionado y con el que se realizó el último mensaje de coacción en contra de la víctima solicitándole el pago de la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS M.N. 00/100), con la finalidad de no causarle daño a dicha víctima y su familia. En atención a lo anterior, resultan infundados los argumentos expuestos por el quejoso los cuales básicamente son que no se encuentran integrados los elementos del delito en estudio, lo que ya se precisó en líneas precedentes, y que de manera correcta la juez señalada como responsable con los datos de prueba aportados en la causa penal, consideró que se colmaron los elementos tanto de forma como de fondo y que resultaron suficientes para vincular a proceso al hoy quejoso por el ilícito previsto y sancionado en el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos vigente. Sin que el estándar probatorio para el nuevo sistema penal acusatorio requiera mayores requisitos para tal efecto sino solamente al nivel de probabilidad, por lo que deberá negar el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior, toda vez que en la etapa en la que se encuentra el juicio natural (auto de vinculación de proceso), la acreditación del hecho punible como la intervención del sujeto activo deben justificarse en un estándar probatorio al nivel de probabilidad, esto es, dentro de un índice gradual intermedio, ya que las investigaciones que se hagan a las partes en la etapa complementaria tenderán a corroborar la determinación emitida por el Juez de Control, pues los datos de prueba aún no han sido desahogados. Por lo que, en la citada etapa únicamente se debe analizar la razonabilidad de la prueba y no aspectos de su valoración, tendientes a su perfeccionamiento; siendo que la fuerza convictiva de lo depuesto, es una cuestión que atañe al alcance demostrativo, la cual será determinada por el juzgador con base en la idoneidad de la información aportada, conforme al mecanismo de la prueba indiciaria. De ahí que, contrario a lo que expone la parte quejosa, en el caso, en el estado procesal en el que nos encontramos, no solamente existe el dicho de la víctima, sino que el fiscal recabó diversos datos de prueba que fueron aportados a la carpeta de investigación, entre ellos autorizaciones números 268/2021 y 313/2021, para el análisis de los equipos telefónicos, índice de los Juzgados de Distrito Sexto y Décimo en el Estado de Morelos y que a la postre se relacionaron en la audiencia de ley, con los que solicitó el auto de vinculación a proceso, respecto de un hecho que la ley señala como delito, los cuales una vez que fueron hechos del conocimiento de la Juez responsable, les dotó de eficacia probatoria, para concluir que en el caso, existen datos de prueba razonables, con los que se acredita la probable autoría material y directa del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho señalado como el delito de extorsión. Aunado a todo lo anterior, también resulta infundado lo relativo a la incorrecta valoración de las pruebas que refiere el quejoso, en razón que en este estado procesal contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, debe considerarse que el material probatorio es suficiente para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado tuviere la autoría en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido.". Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15 párrafo segundo del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta al imputado a un proceso, sin determinar si es o no responsable de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad del imputado durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrá ser considerado responsable del ilícito que se le imputa. Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en la causa penal JCC/593/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se le imputa al aquí quejoso; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Pablo Sánchez Escamilla, contra el acto que reclamó de la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Juez de Primera Instancia de Control, del único Distrito Judicial Especializado en Materia Penal Adversarial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; en consecuencia de lo anterior, se tienen por hecha la comunicación vertida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad antes mencionada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, requiérase a Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique en relación al presente proveído, informe si los abogados defensores que asistieron a la parte aquí quejosa Pablo Sánchez Escamilla, en la causa penal JCC/593/2021, contaban con la calidad de licenciados en derecho; en el entendido de que deberá remitir las constancias que acrediten su postura. Lo anterior, tiene sustento en el criterio de jurisprudencia número 1a./J. 19/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA INICIAL, Y SU SUBSISTENCIA HASTA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL EL TRIBUNAL DE AMPARO SERÁ QUIEN DEBE VERIFICAR SU TRASCENDENCIA AL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA." Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así o, en su defecto, de no informar la imposibilidad que tenga para ello, en el lapso que se le concede, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, conforme con los numerales 237 y 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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