Pablo Sánchez Andrade

Expediente 904/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
904/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Pablo Sánchez Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y en su oportunidad remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Pablo Sánchez Andrade. II. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 904/2019-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la misma y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así pues, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, de los cuales se desprende lo siguiente: 1.- Mediante escrito de dos de mayo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso demandó a Ma. Patricia Vidal Ramírez el divorcio sin expresión de causa; demanda que fue admitida el seis de mayo siguiente, bajo el número F-2935/2019 por el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. 2.- Una vez emplazada la demandada, el dos de agosto del año en curso, tuvo verificativo la audiencia de la fase previa de conciliación, en la cual ambas partes optaron por realizar un cambio de procedimiento a la vía especial civil (por divorcio por mutuo consentimiento) y celebraron un convenio sobre alimentos en favor de la demandada Ma. Patricia Vidal Ramírez, el cual fue parte integrante de la sentencia emitida por la juzgadora de origen, causando ejecutoria por ministerio de ley y por ende, elevado a la categoría de cosa juzgada. Cabe destacar que dentro de la cláusula cuarta del referido convenio se pactó lo siguiente: "CUARTA.- Convienen las partes que PABLO SÁNCHEZ ANDRADE otorga el usufructo a favor de MA. PATRICIA VIDAL RAMÍREZ respecto de la casa habitación propiedad del primero de los mencionados, construida sobre el lote 12, manzana 6 del Fraccionamiento Santa Fe, con superficie de 159.76 metros que linda y mide; al norte 19.97 con lote 11, al sur 19:97 metros con lote 21, al oriente 8 metros con lote 13 y al poniente 8 metros con calle Nicolás Navarro. (.)" Precisándose en audiencia de dos de agosto del año en curso, que dicho usufructo sería vitalicio. 3.- Mediante escrito de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, la parte demandada presentó un escrito en el cual solicitó se le requiriera al actor, aquí quejoso, a efecto de que acudiera ante el notario público para formalizar a su costa el usufructo señalado en el convenio pactado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, el juzgado lo haría en rebeldía; petición que fue acordada de conformidad mediante auto de veintitrés de septiembre del año en curso. 4.- Inconforme con la anterior determinación el impetrante promovió recurso de revocación en contra del aludido auto, el cual fue resuelto el catorce de octubre de dos mil diecinueve, confirmando el proveído de veintitrés de septiembre. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Ahora, la transcripción de las porciones normativas antes transcritas revela que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley vigente limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio F-2935/2019, por la cual se confirmó el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, no es de aquellas que cierren la etapa de ejecución, ya que únicamente se ordenó, en periodo de ejecución de sentencia, que se formalizara ante notario público el usufructo vitalicio pactado en el convenio celebrado por las partes dentro de dicho juicio; por tanto, no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, en razón de que no determina su cumplimiento o la imposibilidad para ello, además de que lo resuelto en el referido recurso de revocación promovido en dicha etapa (ejecución), implícitamente tiene como finalidad directa e inmediata, la continuación en el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, por lo que con la promoción del juicio de amparo no es dable pretender cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de dictar la sentencia. Por tanto, deviene innegable que la resolución reclamada por el amparista, se suscitó en el periodo de ejecución de sentencia y dicha etapa forma parte del sistema establecido para que el actor, aquí quejoso, cumpla con la obligación de otorgar el usufructo vitalicio que convino con su contraparte; y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo estimatorio y, si bien, dicho acto pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses del actor en el juicio de origen, lo cierto es que se trata de actos que tienen relación directa con la ejecución de la sentencia -tal y como se advierte de los antecedentes antes precisados-; de ahí que debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del convenio pactado por las partes, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de sentencia y que lo hubiere dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia. Incluso, la resolución de la cual se aqueja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio de origen; resultando así inconcuso que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del sentencia, y que la hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, pues se insiste, las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como las que se combaten en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, como ya se dijo, el quejoso reclama la resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio F-2935/2019, por la cual se confirmó el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, en el que ordenó formalizar ante notario público el usufructo vitalicio pactado en el convenio celebrado por las partes dentro de dicho juicio, es decir, que esta resolución deriva de la cosa juzgada y constituye uno de los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la sentencia, además de ser consecuencia directa y necesaria de ésta; por consiguiente el amparo es improcedente. Sin que la orden de formalización de escritura reclamada, pueda estimarse un acto que afecte derechos sustantivos del quejoso, en la medida que la afectación al inmueble de su propiedad no deriva de ésta, sino del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el que se comprometió a otorgar el usufructo vitalicio de dicho bien a favor de la demandada en el contradictorio de origen. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". En razón de lo anterior, se colige que el acto reclamado se emitió en estricto acatamiento a la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada; de ahí, que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el objeto de la sentencia sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución que de por terminada la etapa de ejecución en dicho contradictorio, que podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución del convenio, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Alberto Eulalio Romo Díaz, toda vez que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, Secretaria judicial que autoriza y da fe.

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