Pablo Salazar Vega
Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Pablo Salazar Vega
- Soledad Salazar Vega
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 463/2022, del índice de este juzgado. En tal virtud, se tiene a la parte quejosa por notificada del auto de veintisiete de julio del año en curso, por el que se le comunicó la competencia declinada a favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, por las razones ahí expuestas. Ahora bien, toda vez que por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, aceptando la competencia para conocer de la demanda de amparo derivada del presente asunto, en obvio de mayores dilaciones remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación que se recibe a la autoridad en comento, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se ordena al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que vigile la correcta expedición del oficio respectivo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada por este órgano para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
...Agréguense a los autos para que obre como corresponda la diligencia actuarial de veintinueve de julio del año en curso, practicada por la Actuaria Adscrita a este Juzgado, mediante la cual hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la parte quejosa Pablo Salazar Vega y Soledad Salazar Vega, el proveído de veintisiete de julio de los actuales Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se desprende el domicilio particular de la parte quejosa, ubicado en Calle Rosario Bustamante, número 2321, esquina con Calle Justicia Social de la Colonia Frente Democrático, código postal 89160, del plano oficial de Tampico, Tamaulipas. Por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, en relación con los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya a quien corresponda para que les notifique personalmente este proveído, así como el diverso de veintisiete de julio de dos mil veintidós...
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Pablo Salazar Vega y Soledad Salazar Vega, con tres copias de la misma, cuadernillo de emplazamiento a los terceros interesados, toca 24/2022 y expediente 395/2021, al considerar que corresponde a un Juez de Distrito conocer de la demanda de que se trata. Acúsese recibo de estilo. REGISTRO Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo 1318/2022. INCOMPETENCIA Ahora bien, del contenido de la determinación de nueve de junio de dos mil veintidós, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, determinó que correspondía conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa Pablo Salazar Vega y Soledad Salazar Vega, a un Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, ello, al carecer de competencia por razón de la vía. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, carece de la competencia legal para conocer del asunto planteado, de acuerdo con las siguientes consideraciones: En la especie, la parte quejosa reclama la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación 24/2022, la cual confirmó la diversa de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el juicio sucesorio intestamentario 395/2021, en la que se declaró abierta la apertura de la sucesión intestamentaria, fueron reconocidos los herederos de la de cujus, se designó albacea y se ordenó la inscripción de la misma en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas (Oficina Regional en Tampico, Tamaulipas), en términos del artículo 154 fracción V de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio. Así, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, en primer término, debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para resolver el presente juicio constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 317, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El territorio. Regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, para establecer la competencia, el Juez de Distrito, además de atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo y analizarla de manera integral, debe relacionarla con los demás elementos allegados a la misma y con los que consten en el expediente respectivo, para conocer la materia jurídica sobre la cual versa el acto reclamado y el ámbito territorial en el que surtirá efectos, a fin de estar en aptitud de establecer cuál órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia por razón de territorio, para resolver este asunto, y estima que la resolución del mismo corresponde al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, por las consideraciones siguientes. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario; la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos; y posteriormente, se analizan las características de la ejecución. Además, debe decirse que el análisis de la ejecución del acto reclamado se lleva a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas del acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa considerando lo que de manera directa e inmediata se vinculan a éste. Por último, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno. En efecto, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia transcritas de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a quien le reclama la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación 24/2022, la cual confirmó la diversa de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el juicio sucesorio intestamentario 395/2021, en la que se declaró abierta la apertura de la sucesión intestamentaria, fueron reconocidos los herederos de la de cujus, se designó albacea y se ordenó la inscripción de la misma en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas (Oficina Regional en Tampico, Tamaulipas), en términos del artículo 154 fracción V de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio. En ese contexto, del análisis de las constancias relativas al sumario de origen, se aprecia que efectivamente la Sala responsable confirmó la determinación del Juez de Primera Instancia; la cual estableció en lo que interesa lo siguiente: ". Primero.- Es infundado el agravio expresado por los apelantes Pablo y Soledad, de apellidos Salazar Vega, en contra de la sentencia de primera sección dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, con fecha 8 (ocho) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno). Segundo.- Se confirma la sentencia de primera sección apelada a que se alude en el punto resolutivo que antecede. (.)" En mérito de lo anterior, se llega a la conclusión que el fallo emitido por la autoridad responsable al resolver el toca de apelación 24/2022, lleva implícito un principio de ejecución. Ello, pues al declarar infundado el agravio expuesto por los aquí quejosos y confirmar la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno dictada por la Jueza Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en ciudad Altamira, Tamaulipas, en la que se declaró abierta la apertura de la sucesión intestamentaria, fueron reconocidos los herederos de la de cujus, se designó albacea y se ordenó la inscripción de la misma en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas (Oficina Regional en Tampico, Tamaulipas), en términos del artículo 154 fracción V de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, conlleva la realización de diversos actos de ejecución material por ésta última en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Esto es así, dada la naturaleza de la resolución reclamada, pues al haberse dictado una resolución en donde se determinó confirmar la diversa que declaró abierta la apertura de la sucesión intestamentaria, se reconocieron herederos, se designó albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario, y en consecuencia, proseguir con la secuela procesal del juicio de origen por la Jueza Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, será en aquél lugar en donde se materializará. Lo anterior, porque del contenido de la resolución de segunda instancia aquí reclamada, se modificaron derechos o situaciones existentes, es decir, al confirmarse la resolución apelada, conlleva una ejecución material, pues sus efectos trascienden del ámbito formal, y modifican estados de cosas en el mundo físico, tales como que la Jueza Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, prosiga con la secuela procesal correspondiente; de ahí que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material. Resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia de Registro digital 179090; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Novena Época; Materias(s) Común; Tesis: 2a./J. 37/2005; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Marzo de 2005, página 229 de cuya lectura integral se aprecia: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; además del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, éste Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo por razón del territorio y, en consecuencia, se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas. Se estima aplicable a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 181-186 Cuarta Parte, Página 108, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, solo por las razones que la informan es de invocarse la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 192/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 606, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la invocada jurisprudencia señaló entre otras cosas lo siguiente: ".Conforme a lo expuesto, si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que ésta deriva de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de primera instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa. Por tanto, en el supuesto analizado se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En esa tesitura, si las consecuencias del acto reclamado tienen ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, es inconcuso que en la especie este juzgado de Distrito carece de competencia para resolver el presente asunto; por lo que se determina, que quien es competente para tal efecto, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde tenga ejecución la resolución reclamada, esto es, dentro de la jurisdicción de Altamira, Tamaulipas. Se arriba a la anterior determinación, no obstante que no se haya reclamado la ejecución como acto reclamado destacado, pues ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse la primera regla dispuesta por el artículo 36 de la Ley de Amparo, a saber, que ante la actualización de una ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios. Ello, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa, esto es, que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Cobra aplicación, la Tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, Novena Época, número de registro 162635, del texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Por tanto, si el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar donde se ejecutará la resolución combatida en apelación (Altamira, Tamaulipas), es inconcuso que este Juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Pablo Salazar Vega y Soledad Salazar Vega, de ahí que la competencia para la tramitación del mismo, corresponda al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas. No obsta a lo anteriormente resuelto, el hecho de que haya sido el Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, quien haya sido el que ordenó que en vía de amparo indirecto se conociera del acto reclamado, pues en este caso, no se está cuestionando la vía, sino lo que se analizó fue la competencia por territorio. Lo anterior, dado que el artículo 45 de la Ley de Amparo, señala que cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia. Sin embargo, ello se refiere exclusivamente a la competencia respecto de la vía y no a la de territorialidad. Así, de una interpretación armónica de los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, aunado a los acuerdos generales y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de Registro digital 186052; Instancia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Novena Época; Materias Común; Tesis 1a./J. 47/2002; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 49, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía." En consecuencia, remítase al Juzgado antes citado, los autos del juicio de amparo 1318/2022, promovido por Pablo Salazar Vega y Soledad Salazar Vega, a quien a su vez se le solicita, de no existir inconveniente alguno, determine si acepta o no el conocimiento del asunto en mención y lo comunique a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias respectivas. .
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