Pablo Romero Márquez
Expediente 276/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala A.C
- Mario Flores Olayo
- Pablo Romero Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Queja
Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes, mediante el cual acusa recibo del diverso 972/2023 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el referido precepto 21, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes.
- Queja
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el nueve del mes y año en curso, remítase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, testimonio de la misma, así como las copias certificadas del juicio de amparo indirecto ----, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Queja
Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, mediante el cual informa que en su base de datos no encontró registro alguno del tercero interesado ----. Por otra parte, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que se substanció el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que fuera posible correr traslado al tercero interesado ----, con copia de la demanda de amparo promovida por ----, por propio derecho, por lo que tomando en cuenta lo anterior, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en los artículos 170, fracción I, y 181, ambos de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo directo promovida por ----, por propio derecho, contra la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitida por Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca ----. Ahora bien, con fundamento en el precepto legal citado, se ordena el emplazamiento al tercero interesado ----, por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de veinte días, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este tribunal colegiado a recoger los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado de mérito, debiendo acreditar dentro del mismo plazo que los entregó para su publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se sobreseerá en el presente juicio. Cabe precisar que el plazo de veinte días establecido en el párrafo que antecede, para que comparezca la parte quejosa ante este tribunal colegiado a acreditar la entrega de los edictos (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), correrán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Tomo I, septiembre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Sin que el presente proveído implique una violación al derecho humano de justicia pronta y gratuita en contra de la quejosa, y que lo que se intenta es preservar el derecho de audiencia de la tercera interesada a fin de seguir las formalidades esenciales del procedimiento, al tratarse de un derecho humano de mayor trascendencia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Tomo I, abril de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Cabe señalar que en términos del numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los edictos se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la república. Del mismo modo, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele a la parte quejosa que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, tiene derecho de informar a este tribunal colegiado si, en su caso, por circunstancias particulares se encuentra impedida para dar cumplimiento al anterior requerimiento, como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir el costo de los edictos. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, del Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO., pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna sobre su imposibilidad para publicar los edictos ordenados, se continuará con la secuela de este juicio, en los términos indicados en este proveído. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo, para que se imponga de su contenido. Comuníquese a las partes que en términos de lo previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, pueden formular alegatos o, en su caso, promover amparo adhesivo dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído; y una vez que concluya dicho plazo, con apoyo en el numeral 183 de la citada ley, túrnese el presente asunto al Magistrado ponente que corresponda, para que formule el proyecto de ley. De acuerdo a lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados ---- y ----, por conducto de su albacea provisional Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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