Pablo Román Gomez

Expediente 1603/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1603/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Pablo Román Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos principales del juicio de amparo 747/2020, promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional en la citada materia y jurisdicción al día siguiente,********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORAS: 1. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL. 3. COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL COMO EJECUTORAS: A) TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA GUARDIA NACIONAL. B) ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA GUARDIA NACIONAL. C) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CARRERA, COMISARIO JEFE TITULAR DE LA JEFATURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA NACIONAL. D) DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL." IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD. AUTORIDADES ORDENADORAS: 1. AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL Y A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL, se le reclaman: A) La emisión de mi FORMATO ÚNICO DE PERSONAL (FUP) con folio ********************, derivado del cual, mis prestaciones y salario no coinciden con el cual me encontraba ganando en la POLICÍA FEDERAL y se encuentran violando lo señalado en el ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal´ publicados en Diario Oficial el 30 de septiembre 2019 y demás regulaciones que indican que MANTENDRÍA MI SALARIO Y PRESTACIONES SI ACEPTABA FORMAR PARTE DE LA GUARDIA NACIONAL, así como nuestra Carta Magna, en la reforma a la misma que indica que la GUARDIA NACIONAL será patrón sustituto. B) El recibo de pago, de las quincenas de junio 2020, mediante los cuales se percibe MENOR CANTIDAD QUE LA QUE HE RECIBIDO COMO MIEMBRO DE LA POLICÍA FEDERAL, por lo tanto, ME HAN DISMINUIDO EL SALARIO, RETIRADO PRESTACIONES Y QUITADO EL CARGO PF 14. En dichos recibos de pago se reflejan como percepciones de la siguiente manera: Quincenas a partir de junio 2020 de $********************. Quincenas previas con la POLICÍA FEDERAL DE $********************. Mientras que, en la POLICÍA FEDERAL, como se acredita con los recibos de pago de la quincena de diciembre y la primera de enero, el suscrito recibía un promedio de $******************** pesos mensuales, por lo que no coincide con lo que pretende pagar el día de hoy la Guardia Nacional. C) De igual manera se les reclama la falta de apego y acatamiento a las normas jurídicas y lineamientos emitidos para la transferencia del suscrito, derivado de la emisión del acuerdo del 4 de mayo ´ACUERDO por el que se transfieren a la Guardia Nacional los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a todas las Divisiones y Unidades Administrativas de la Policía Federal de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional.´ Toda vez que de dicho acuerdo se desprende que he quedado oficialmente transferido a la Guardia Nacional así como se indican las obligaciones para realizar la homologación correspondiente a los integrantes de la POLICÍA FEDERAL. Y en este caso no se me realizó dicha Homologación de la forma debida. D) La autorización y emisión del FORMATO ÚNICO DE PERSONAL, folio ********************, en el cual no coincide mi salario ni prestaciones con las cuales percibía en la POLICÍA FEDERAL, del cual se desprende la reducción del salario, quita de prestaciones y retiro del cargo. E) La autorización y orden de pago que no corresponde al que el suscrito ha venido recibiendo durante los años de carrera dentro de la POLICÍA FEDERAL. AUTORIDADES EJECUTORAS. A Y B). Del TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA y al ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL, se les reclama: ? La falta de transferencia del suscrito en los términos señalados en el ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal´ publicados en el diario oficial el 30 de septiembre de 2019, toda vez que fui transferido con un salario y prestaciones menores a las que percibía en la POLICÍA FEDERAL, y en dicho acuerdo se manifestó que el suscrito continuaría CON LA MISMA SITUACIÓN LABORAL QUE CON LA QUE SE ENCONTRABA EN POLICÍA FEDERAL. C) Se reclama del PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CARRERA, COMISARIO JEFE TITULAR DE LA JEFATURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN POLICIAL DE LA G.N, se le reclama: ? El otorgamiento de los grados de conformidad a lineamientos para determinar el otorgamiento de los grados al personal que conformara la guardia nacional, sin respetar el grado que el suscrito ha mantenido a la fecha en la POLICÍA FEDERAL, lo cual se desprende del FUP, y de los recibos de pago. E) Se reclama de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL, se le reclama: ? La ejecución de las ordenes de las autoridades responsables consistente en la disminución de los haberes salariales del suscrito, los cuales no corresponden al salario y prestaciones que mantenía en la POLICÍA FEDERAL." SEGUNDO. Derechos fundamentales. En el propio escrito, la quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, manifestó que en el caso no existe tercero interesado, y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 5, 14, 16, 22, 94, 103, fracción I, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Prevención. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte (fojas 37 a 40), se ordenó registrar la demanda en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el expediente ********************y se previno al quejoso para que aclarara su demanda en los siguientes términos: "Motivos de la prevención. 1. Autoridades responsables. Toda vez dentro del capítulo de autoridades responsables señala como tal a la Unidad de Administración y Finanzas y a la Dirección General de Recursos Humanos, ambas de la Guardia Nacional, sin precisar el funcionario o funcionarios de dichas Unidad y Dirección a quien pretende sea llamada a juicio. Por tanto, se le previene para que indique a qué autoridades señala como responsables dentro de la Unidad de Administración y Finanzas y de la Dirección General de Recursos Humanos, ambas de la Guardia Nacional. 2. Actos reclamados. Toda vez que los actos reclamados en el inciso D) -de autoridades ordenadoras-, del capítulo relativo, los hace consistir en la falta de pago y acatamiento a las norma jurídicas y Lineamientos emitidos para su transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional, así como la no homologación de la forma debida; y, en el inciso "A) y B)" -de autoridades ejecutoras-, en la falta de transferencia en los términos señalados en el Acuerdo por el que ese Emiten los Lineamientos para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales y Financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, con la finalidad de que este Juzgado pueda despejar las dudas respecto del acto que reclama, deberá manifestar en qué acto, ordenamiento legal, mandato, oficio u otro análogo, se contienen o se materializan dichas omisiones. Toda vez que en el inciso E) -de autoridades ordenadoras-, del capítulo relativo a los actos reclamados, señala la autorización y orden de pago que no corresponde al que venía percibiendo dentro de la Policía Federal; y, en el inciso C) -de autoridades ejecutoras-, en el otorgamiento del grado que le fue asignado. Por tanto, deberá precisar en qué acto, resolución, oficio u otro análogo, se contienen o se materializan tales actos. Toda vez que enseguida del capítulo de actos reclamados señala que ´SE ACLARA QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SE RECLAMAN EN SU MODALIDAD DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS´, sin que se desprenda que reclame ordenamiento de carácter general alguno. Por tanto, deberá indicar por qué hace dicho señalamiento, o bien, deberá decir si sólo se trató de un error mecanográfico, en el entendido que pudo haber utilizado un formato que en el caso no era aplicable. 3. Autoridades responsables y actos reclamados. Toda vez que en el arábigo 8 del capítulo relativo a los antecedentes, señala que el dos de julio de dos mil veinte en el Área de Recursos Humanos le indicaron que no podía ya hacer nada respecto de los pagos que no correspondían a los que debía percibir, con lo que no se ajustaría su salario al que venía percibiendo en la Policía Federal. Por tanto, deberá precisar en qué acto, resolución, oficio u otro análogo, se contiene tal determinación y, si es su deseo señalar como acto reclamado el mismo, así como la autoridad a la que se lo atribuye." CUARTO. Escrito de aclaración. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este órgano jurisdiccional en la citada materia y jurisdicción al día siguiente (fojas 43 y 44), el quejoso desahogó los motivos de requerimiento en los siguientes términos: "1. De conformidad con el desahogo de este inciso me permito indicar que los funcionarios responsables serían: EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, AMBAS DE LA GUARDIA NACIONAL. 2. Con relación al presente asunto, se reitera que se reclaman LOS ACTOS EN SU MODALIDAD DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS, siendo los actos reclamados los siguientes: a) De las AUTORIDADES ORDENADORAS, señaladas con el inciso c): NO SE LES RECLAMA EL ACUERDO DEL 4 DE MAYO ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal´, SINO LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA AL SUSCRITO, TODA VEZ QUE EN DICHA LEY SEÑALAN QUE QUEDÉ TRANSFERIDO A LA GUARDIA NACIONAL Y EN LA MISMA SE INDICA QUE LA MANERA Y LA HOMOLOGACIÓN AL SUSCRITO, O SEA DICHA LEY SEÑALA QUE QUEDAREMOS TRANSFERIDOS DE LA MISMA MANERA Y CON LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS ENCONTRÁBAMOS, SIN EMBARGO A PESAR DE ELLO EN JUNIO ME DISMINUYERON EL SALARIO Y RETIRARON EL CARGO PF 14 QUE HE VENIDO MANTENIENDO EN LA POLICÍA FEDERAL. b De las AUTORIDADES EJECUTORAS, señaladas EN LOS incisos A) y B): NO SE LES RECLAMA EL ACUERDO ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal´, SINO LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA AL SUSCRITO, TODA VEZ QUE EN DICHA LEY SEÑALAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, CON LO QUE SERÍA EL MISMO SALARIO DE LA POLICÍA FEDERAL, MISMAS PRESTACIONES, ETC. Y EL SUSCRITO FUI TRANSFERIDO CON MENOR SALARIO, RETIRARON MIS PRESTACIONES Y MI CARGO PF 14. EL PRINCIPAL ACTO RECLAMADO ES LA DISMINUCIÓN AL SALARIO DEL SUSCRITO, RETIRO DE PRESTACIONES Y RETIRO DE CARGO PF 14, LO CUAL SE ACREDITA CON EL RECIBO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO Y ÚLTIMA, ACREDITÁNDOSE CON LOS RECIBOS DE PAGO QUE TAMBIÉN SE EXHIBIERON EN LA DEMANDA INICIAL LO QUE REALMENTE GANABA EL SUSCRITO EN LA POLICÍA FEDERAL. POR LO TANTO, EL ACTO RECLAMADO SE MATERIALIZA CON LOS RECIBOS DE PAGO MENCIONADO. 3. Con relación a lo solicitado en el presente inciso, reiteró que el acto reclamado se materializó con el pago, lo cual se acredita con el recibo de pago de la primera quincena de junio, ya que en ella se muestra la disminución del salario del suscrito, con relación a lo que venía ganado en la Policía Federal." QUINTO. Desechamiento de la demanda. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veinte (fojas 45 a ********************), este Juzgado de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al estimar que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surge únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculas con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. SEXTO. Recurso de queja contra desechamiento. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito (fojas 54 a 59), el ahora quejoso interpuso recurso de queja en contra del acuerdo anterior, del cual tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de ********************, dictada en su toca Q.A. ********************(fojas 82 a 90), declaró fundado dicho recurso. SÉPTIMO. Prevención. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno (fojas 91 a 94), este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la ejecutora en comento y, previno al quejoso para que aclarara su demanda en los siguientes términos: "Motivos de la prevención. 1. Actos reclamados. Toda vez que en el numeral 2 del escrito aclaratorio señala que reclama "LOS ACTOS EN SU MODALIDAD DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS", lo que implica con dicha expresión que se reclaman normas de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación; por tanto, deberá precisar a qué normas se refiere y si las reclama mediante el presente juicio de amparo, precisando a su vez dónde se contiene el primer acto de aplicación de las mismas y las autoridades a las que se las atribuye. 2. Antecedentes. Tomando en consideración que en ese mismo numeral del escrito aclaratorio de demanda, señala que el principal acto reclamado es la disminución a su salario, retiro de prestaciones y retiro de cargo PF 14, lo que aduce acreditar con los recibos de pago del mes de junio de dos mil veinte y, que este Juzgado de Distrito advierte de esos recibos de pago que exhibió con su demanda de amparo una nueva deducción -en comparación con los recibos de pago de dos mil diecinueve que también exhibió con su demanda de amparo- bajo el concepto "préstamo personal", por la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional); por tanto, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad desde cuando se le ha aplicado dicha deducción y si la mismas hace la diferencia de lo que percibía con lo que actualmente percibe. (.)" OCTAVO. Escrito de aclaración. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este órgano jurisdiccional en la citada materia y jurisdicción al día siguiente (fojas 96 y 97), el quejoso desahogó los motivos de requerimiento en los siguientes términos: "1. AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL Y AL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL SE LES RECLAMA: ? EL ACUERDO DE 4 DE MAYO DEL 2020, ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados la Policía Federal´. ? EL ACUERDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ´Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal. ? EL PRINCIPAL ACTO RECLAMADO DE DICHAS NORMATIVIDADES ES LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS, YA QUE SE EXPIDIÓ UN FORMATO ÚNICO DE PERSONAL CON MENOR SALARIO DEL QUE EL SUSCRITO GANABA, SE LE RETIRARON PRESTACIONES Y RETIRO DE CARGO PF 14, CONTRADICIENDO LO CONTENIDO EN DICHA NORMATIVIDAD. ? SIENDO QUE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA MISMA ES LA DISMINUCIÓN DE SALARIO QUE CONTIENE EL FORMATO ÚNICO DE PERSONAL Y POSTERIORMENTE HACIÉNDOSE EFECTIVA LA DISMINUCIÓN DE SALARIO A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. (.)" NOVENO. Se interrumpe plazo. Por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno (fojas 104 a 106), en virtud de que con el escrito que antecede, este Juzgado de Distrito consideró que no se cumplió con lo requerido en la primera parte del punto dos del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, interrumpió el plazo referido para que el quejoso atendiera en su totalidad la prevención. DÉCIMO. Escrito de aclaración. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno (fojas 107 y 108), el quejoso en desahogó al auto de siete de abril de dos mil veintiuno, precisó lo siguiente: "1. Que por medio del presente escrito vengo a desahogar la prevención ordenada en auto del 7 de abril de 2021, por lo tanto, de conformidad con lo siguiente: ? El préstamo personal que manifiesta su Señoría con referencia a la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional); lo mantengo desde que la institución era POLICÍA FEDERAL,, como se comprueba con los recibos de noviembre y diciembre del 2019, cuanto era todavía POLICÍA FEDERAL y los cuales utilicé para comparar lo que ganaba antes con lo que me encuentro percibiendo ahora. ? Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el préstamo personal que señala su Señoría no hace diferencia entre el salario que recibía y el que recibo ahora, ya que es la cantidad de $********************, lo cual ya se me retiraba desde la POLICÍA FEDERAL como se comprueba con los recibos de pago que han sido exhibidos. ? Manifiesto bajo protesta de decir verdad que dicho préstamo lo solicité en diciembre del 2019, por lo que REITERO QUE NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA DISMINUCIÓN DE SALARIO, toda vez que ese recibo ha sido exhibido de diciembre del 2019. ? Se detalla lo que ganaba y lo cual se desprende de los recibos para que su Señoría comprueba que NO TIENE RELACIÓN ALGUNA EL PRÉSTAMO PERSONAL. (.)" DÉCIMO PRIMERO. Admisión. Mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 109 a 115), se tuvo por desahogada la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. DÉCIMO SEGUNDO. Inexistencia de autoridades. Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 289), este órgano jurisdiccional determinó dejar de tener como autoridades responsables a la "Unidad de Administración y Finanzas" y al "Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional", en razón de que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento que le fue formulado en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, respecto de su inexistencia hecha valer en autos. DÉCIMO TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que para ese efecto se levantó, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia. DÉCIMO CUARTO. Adscripción de nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Para efectos del artículo 51 y ******************** de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito Ulises Oswaldo Rivera González, será titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; como se desprende del oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; ********************, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 de quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman normas de observancia general en materia administrativa con motivo del que se aduce es su primer acto de aplicación y, la demanda de amparo se presentó en territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama los siguientes actos: Del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional y del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana: 1) El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 2) El Acuerdo por el que se transfieren a la Guardia Nacional los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a todas las Divisiones y Unidades Administrativas de la Policía Federal de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil veinte. Del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y del Coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional: 3) El Formato Único de Personal con número de folio ********************, relativo a la Alta Voluntaria del quejoso en la Guardia Nacional -hecho de su conocimiento, según refiere el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, el dieciséis de marzo de dos mil veinte-. 4) La orden, autorización y emisión de los recibos de pago correspondientes a la primera y segunda quincenas del mes de junio de dos mil veinte -en los que, según refiere el promovente del amparo bajo protesta decir verdad, se ve reflejado la disminución de su salario, se le retiraron prestaciones y le quitaron el cargo PF 14-. Del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana: 5) La transición del quejoso de la Policía Federal a la Guardia Nacional, con un salario y prestaciones menores a las que percibía. Del Presidente del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional: 6) El otorgamiento del grado del quejoso, diverso al que tenía en la Policía Federal. Del Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional: 7) La ejecución de las órdenes de las autoridades responsables consistente en la disminución de los haberes salariales del quejoso, que mantenía en la Policía Federal. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana -reseñados en los incisos 2), 3) y 4) del considerando anterior- (fojas 145 y 146); al Coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional -reseñados en los incisos 1), 2), 3) y 4) del considerando anterior- (fojas 124 a 134); al Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana -reseñado en el inciso 5) del considerando anterior- (foja 149); al Presidente del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional -reseñado en el inciso 6) del considerando anterior; y, al Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional -reseñado en el inciso 7) del considerando anterior- (fojas 145 y 146). Lo anterior, toda vez que las mencionadas autoridades al rendir su informe justificado los negaron, sin que la quejosa desvirtuara dicha negativa con medio de prueba alguno. No obsta a lo anterior, las documentales exhibidas por el quejoso (fojas 28 a 32), consistentes en copias simples del Formato Único de Personal a nombre del quejoso y de los recibos de pago correspondientes a las primera y segunda quincenas de los meses de noviembre de 2019 y junio de 2020; pues tales documentales carecen de valor probatorio pleno al tratarse, precisamente, de copias simples y no estar adminiculadas con otra diversa que cause convicción de su contenido y para demostrar los hechos que se pretenden probar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3a. 18, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." Esto es, el quejoso no demuestra la existencia del Formato Único de Personal con número de folio ********************, relativo a su alta voluntaria en la Guardia Nacional, el que según aduce, se hizo de su conocimiento el dieciséis de marzo de dos mil veinte. Ni tampoco, que en efecto, en la primera y segunda quincenas del mes de junio de dos mil veinte, le fue disminuido su salario, se le retiraron prestaciones y le quitaron el cargo PF 14-. Pues aún y cuando, los recibos de pago a que se ha hecho alusión tuvieran valor probatorio pleno, de su contenido no se advierte la disminución del salario a que hace mención. Máxime que los conceptos de percepciones son los mismos en unos y otros. Igualmente, debe destacarse que contrariamente a lo sostenido por el quejoso en su demanda de amparo, de su expediente personal que en copia certificada fue remitido por las autoridades responsables -de eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles-, se desprende que el Formato Único de Personal de alta voluntaria en la Guardia Nacional, por lo que a él se refiere, fue emitido meses después a la presentación de la demanda (foja 280); de ahí que, se reitere que los actos reclamados son inexistentes. Al respecto debe precisarse que en términos de lo previsto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe ser anterior [o referirse a hechos anteriores o actuales] al momento de la presentación de la demanda, ya que la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa debe ser real y actual para ese momento, pues de lo contrario, la sentencia que eventualmente se dictara se ocuparía de hechos o actos distintos a los que originaron el reclamo. Resulta aplicable la tesis CCXV/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 209, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO. DEBE REFERIRSE A HECHOS ACTUALES O ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías debe referirse a hechos actuales o anteriores a su presentación; pues lógicamente, los actos reclamados sólo pueden analizarse como quedan demostrados en el juicio, de manera que si la recurrente alega que se debieron estudiar otros actos, distintos de los que reclamó y que sucedieron posteriormente a éstos, su petición es improcedente." En ese tenor, deben tenerse por inexistentes los actos que fueron reclamados de manera destacada por la parte quejosa. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, consistente en 1) El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Pues se trata de una norma de carácter general que no es objeto de prueba y cuya existencia se acredita a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, que lleva por rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la disposición reclamada no afecta al quejoso, aunado a que no acreditó que antes de la presentación de la demanda de amparo se actualizó un acto de aplicación concreto que le generara un perjuicio real y actual en su esfera de derechos. Para demostrar lo anterior, en primer lugar es pertinente conocer el texto del artículo del que deriva la causa de improcedencia, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la lectura de dicho precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, el juicio de amparo indirecto contra normas generales procede, esencialmente, en dos supuestos: (i) cuando se impugnan con motivo de su entrada en vigor (autoaplicativas); o bien, (ii) cuando se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, que en ambos casos causen perjuicio (heteroaplicativas). El primer supuesto, normas generales autoaplicativas, es aquél en el que una determinada disposición genera perjuicio o afectación con su simple entrada en vigor, al crear, modificar o extinguir una situación concreta de derecho, o generar una obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer. A su vez, dicha situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma vincula a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran. En cambio, se está ante una disposición heteroaplicativa cuando con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para actualizar un perjuicio, se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio particular. En relación con esto resulta aplicable la jurisprudencia P. /J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Como se ve, el juicio de amparo prevé la impugnación de normas generales en las dos modalidades indicadas, es decir, con motivo de su entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; sin embargo, es importante tener en claro que no es potestativo para los particulares impugnar una determinada disposición en una u otra modalidad, pues la promoción del juicio dependerá del momento en que se actualiza el perjuicio o la afectación a la esfera de derechos del quejoso. Por ello, resulta de vital importancia distinguir la noción de perjuicio, en función de la modalidad de la normativa impugnada (autoaplicativa o heteroaplicativa), puesto que en el primer caso, el perjuicio nace desde la entrada en vigor de una disposición, independientemente de que aquél, con posterioridad, pueda materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación del promovente en los supuestos legales de la norma combatida. En cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es solo a través de éste en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. En ambos casos, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación. En cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. Sustenta lo anterior la tesis aislada 3a. LII/91, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA." Por otro lado, en el caso de normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar y que afecta al gobernado en su esfera de derechos. Dicho acto debe ser real, actual y previo a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P.LXXX/98, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." En suma, cuando las obligaciones derivadas de una determinada norma general nacen con su sola entrada en vigor, sin que se actualice condición alguna, su naturaleza será autoaplicativa. Pero si esas obligaciones no surgen de inmediato, sino que requieren de un acto de aplicación (condición) que materialice su contenido y, por ende, genere perjuicio, se tratará de una disposición heteroaplicativa, pues los efectos de la norma están sometidos a la realización de ese evento. Por último, y atendiendo a lo expuesto, es claro que si no se actualiza de manera expresa algún supuesto de procedencia de los que prevé el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, del mismo ordenamiento, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Por ello, es imprescindible establecer, en primer lugar, si la norma general que se combate en un juicio tiene naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, pues en función de ello es que se podrá adoptar una determinada postura en relación con la noción de perjuicio. Sentado lo anterior, y como se precisó, el quejoso reclama el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve; empero, no demostró el acto de aplicación de tal ordenamiento y, los actos que señaló como tales, se declararon inexistentes, inclusive se sobreseyó en el juicio por los mismos. Así las cosas, se tiene que el quejoso no acreditó un acto de aplicación en su perjuicio a través del cual se haya materializado la norma de que se trata y, que con motivo de ello se emitió el formato único de personal del que se duele, esto es, en la data que menciona. Así las cosas, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el presente juicio respecto del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; y, de manera electrónica la parte quejosa. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, Secretario de juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1603/2021, promovido por ********************, en audiencia pública, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, Secretario de Juzgado, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid-19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, constancias de notificación a las partes e informe justificado de la autoridad responsable, así como los acuerdos donde se proveyó lo conducente. Asimismo, certifica que en el presente juicio de amparo: (i) no transcurre plazo alguno otorgado a las partes; y, (ii) no se encuentra pendiente el emplazamiento de alguna de éstas. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, así como las certificaciones de cuenta para los efectos legales procedentes. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio y que obran en el expediente en que se actúa. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon, así como que el representante social de la federación adscrito no intervino. El juez acuerda: en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, ha precluído el derecho de las partes para formular alegatos o intervenir, respectivamente. Con lo que se declara cerrada la etapa respectiva. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Amparos y Contencioso, quien actúa en representación del Comandante de la Guardia Nacional (en su denominación correcta), a través del cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito, y con éste, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. . Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jorge Alberto González Sosa, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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