Pablo Rojas Lázaro

Expediente 840/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
840/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Pablo Rojas Lázaro

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede, se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que PABLO ROJAS LÁZARO hubiera recurrido el auto de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, devuélvase a la Magistrada encargada del Despacho de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el expediente 330/2016, y el cuaderno relativo al recurso de revisión 40/2018, del índice de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del citado Tribunal, que anexó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO AL QUEJOSO, NOTIFICO EL AUTO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibo del oficio de cuenta número 7843/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que se acompaña la boleta de turno 006960/2019; el oficio número TJAO/SGA/2393/2019, por el que rinde su informe justificado la Magistrada encargada del Despacho de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al cual se anexa el expediente 330/2016, y el cuaderno relativo al recurso de revisión 40/2018, del índice de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del citado Tribunal; original del escrito de demanda de amparo directo, promovida por PABLO ROJAS LÁZARO, así como los oficios TJAO/SGA/2227/2019 y TJAO/SGA/2228/2019, de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dirigidos a las responsables. Acúsese recibo. Fórmese expediente bajo el número 840/2019, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. Del oficio y anexo de cuenta se desprende que en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, determinó declinar competencia a favor de un Juez de Distrito en Turno, con sede en esta población, toda vez que la resolución reclamada no se trata de una sentencia definitiva, que haya decidido el juicio en lo principal, y tampoco una resolución que haya puesto fin al juicio, es decir, que sin decidir el juicio en lo principal, la haya dado por concluido, ya que la misma se emitió en la etapa de ejecución de sentencia. Por tales consideraciones, toda vez que este juzgado es legalmente competente para conocer del mismo, se acepta la competencia declinada, y se declara válido todo lo actuado en el juicio de amparo directo 686/2019, del índice del tribunal oficiante. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por PABLO ROJAS LÁZARO, la misma debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo; dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En efecto, pues en la especie el quejoso señala como acto reclamado la resolución de veinte de junio del año en curso, dictada en el recurso de revisión 40/2018 del índice de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que confirmó la diversa de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen; determinación que le fue legalmente notificada el once de julio de dos mil diecinueve, como se desprende de la certificación asentada por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por lo que el término para recurrirlo transcurrió del quince de julio del año en curso, al veintiuno de agosto último, conforme al artículo 27, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, abrogada (Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día siguiente al en que hubieran sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.), sin contar los días trece y catorce de julio, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de agosto del año en curso, por ser inhábiles, así como del dieciséis de julio al uno de agosto del presente año, por corresponder al primer periodo vacacional de la responsable. En ese sentido, al presentarse la demanda de amparo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 113 de la invocada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo, y como autorizado únicamente para tales efectos a las personas que se mencionan, por así autorizarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Ahora, en virtud de lo determinado en párrafos que anteceden y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la obligación de integrar debidamente el expediente electrónico, por parte de los Juzgados de Distritos, se solicita a la autoridad declinante tenga a bien vincular el juicio de amparo 708/2019 de su índice, al presente juicio. Por otra parte, en virtud de haberse recibido el juicio de amparo de que se trata en forma directa ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, gírese oficio a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para su conocimiento y efectos de la compensación correspondiente. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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