Pablo Rigoberto López Sánchez

Expediente 1301/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1301/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Pablo Rigoberto López Sánchez
  • V. Q. P.
  • Comisionado de la Comision Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio que remite el SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, con el que, informa nuevamente que se encuentra visible para su consulta el expediente electrónico 569/2020 del índice ese órgano Jurisdiccional; al efecto, agréguese a los autos de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cinco de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, - que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio que remite el SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, con el que, informa que se encuentra visible para su consulta el expediente electrónico 569/2020 del índice ese órgano Jurisdiccional de conformidad con los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo. Por tanto, visto nuevamente el oficio que signa el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional no se avocó al conocimiento de la ampliación de demanda de amparo presentada en el juicio de amparo indirecto 569/2020-III, por considerar que se trata de una demanda de amparo diversa; en consecuencia, se ordena la consulta del expediente electrónico 569/2020 del juzgado homólogo y la impresión de la demanda y escrito de ampliación de demanda para su glose en este expediente. Ahora bien, vista la ampliación de demanda promovida por Pablo Rigoberto López Sánchez, en representación del menor O. O. A. C.,, con fundamento en los artículos 36 de la Ley de Amparo y 45, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento de la misma. Lo anterior hágase del conocimiento del homólogo. Por recibida la ampliación de demanda, con la que se forma el juicio de amparo 1301/2020-VII, promovida por Pablo Rigoberto López Sánchez, en representación del menor O. O. A. C., contra actos de los Verificadores de Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , de nombres Ruth Jaimes Arrollo y Elsa Zarate Castillón y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1301/2020-VII. Antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que el aludido artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Previamente, conviene tener presente que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados a los siguientes: A) Autoridad Ordenadora. Resultan ser los siguientes: 1. C. Comisionado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 2. El C. Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. B) Autoridades Ejecutoras. Resultan ser las siguientes: 1. El C. Comisionado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 2. El C. Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 3. Las C. Verificadoras adscritas a la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 4. El C. Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios IV. Actos Reclamados. Son los siguientes: Ahora bien, conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse de plano la demanda de amparo. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: Así, en acatamiento al referido numeral 113 de la Ley de Amparo, en la especie se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: El análisis minucioso y armónico del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo solamente se solicita por la parte que dice ha sido agraviada en su derecho subjetivo o de un interés legítimo individual por el acto de autoridad o por una ley o norma general, como lo dispone el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En ese orden de ideas, debe destacarse que la persona física o moral que solicite el amparo puede promoverlo ella misma, por su representante legal o apoderado, como lo ordena el diverso arábigo 6 de la ley de la materia. Entonces, no es suficiente que quien ejerce la acción de amparo acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de garantías, para poder concluir, que se afecta su esfera jurídica: sino que es necesario que pruebe fehacientemente ser el titular del bien o derecho que defiende para poder estimar que el acto reclamado le ocasiona el agravio personal y directo que surte la procedencia del juicio de garantías. Fortalece lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se localiza en la página 412, que dice: Luego, es necesario establecer que para promover un juicio de garantías, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho público subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías individuales otorgadas por la Constitución Federal que han sido infringidas, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. En ese orden de ideas, resulta necesario precisar el objeto y alcance de las garantías individuales como derechos públicos subjetivos tutelados por la Carta Magna. Ahora bien, el promovente comparece con el carácter que dice tener en representación del O. O. A. C., y señala como acto reclamado en términos generales la orden de visita de verificación número - de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, que conlleva la suspensión de fabricación y demás trabajos del Laboratorio Pisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativos al producto Metotrexato, Solución Inyectable. Sin embargo, no acreditó la afectación a su esfera de derechos, toda vez que, no demuestra el agravio que los actos reclamados le causan a la parte aquí quejosa. Con base en lo expuesto, como se adelantó, el quejoso carece de legitimación, para impugnar el acto reclamado, ya que la orden de visita de verificación número -, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, fue impuesta al Laboratorio Pisa, Sociedad Anónima de Capital Variable; pues no se revela de manera clara la afectación inminente y directa en su esfera jurídica, pues; debe tenerse en cuenta que el objeto de la orden visita reclamada y sus consecuencias tenían por objeto la verificación del ordenamiento sanitario e identificar los posibles riesgos que se pudieran causar a la población con la producción de la solución metotrexato inyectable; sin embargo, de ninguna manera se acredita que dicha cuestión implique como se dijo una afectación al promovente, derivado que ello ni siquiera se advierta por el momento de manera fehaciente que la parte quejosa pudiese quedarse sin la prescripción del tratamiento a su padecimiento. Como se dijo la suspensión de la fabricación de la solución inyectable denominada Metotrexato, no le otorga el legitimación para promover el juicio de amparo, aunado al hecho de que las autoridades señaladas aquí como responsables de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hubiesen realizado la visita de verificación en mención, y que tuvo como consecuencia, la suspensión de la fabricación del citado producto Metotrexato, no le afecta dicha circunstancia, toda vez que dicho medicamento podría ser sustituido. Por consiguiente, en su caso quien probablemente podría sufrir una afectación sería en todo caso el laboratorio al que se realizó el acta de verificación no así el quejoso, ya que, insístase, dicha orden de visita de verificación número --, legítima a dicho laboratorio no así a la parte aquí quejosa, ya que al atender a la naturaleza del acto que se reclama; no se demuestra la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto, por lo que se reitera no cuenta con legitimación para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos; de ahí la improcedencia de la litis constitucional que nos ocupa. Aunado a lo anterior, se debe considerar que el presente asunto deriva como ampliación de demanda del juicio de amparo 569/2020 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, en el que reclamó la omisión de proporcionarle al menor de edad la atención médica integral, lo cual pone en peligro su salud, integridad y su vida respecto de su padecimiento, así como la omisión de garantizar la aplicación del medicamento oncológico denominado citarabina ya que en su último internamiento para su ciclo de quimioterapias fue dada de alta debido a que le informaron que no contaban con el medicamento; por lo que esta determinación no desatiende la atención del menor, ya que dichas cuestiones están siendo consideradas en el juicio de amparo mencionado del juzgado homólogo en el cual la parte quejosa si cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda, por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por otro lado, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Ahora bien, a fin de practicar las notificaciones personales en el presente asunto, y tomando en consideración que el presente asunto deriva de la ampliación de demanda del juicio de amparo 569/2020 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por considerar que se trata de una demanda de amparo diversa; en consecuencia; toda vez que el remitente proporciona nombre de los usuarios "pablo.lopez", "jonamrv", "saul.jauregui5", "hugomoy", "rmrdp8" y "ChristianMG" y que mismo se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta y notificación del expediente en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos de la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo En otro contexto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo preceptuado en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en aras de proteger el interés superior de la menor, con fundamento en el artículo 8°de la Ley de Amparo, a efecto de que cuenten con una adecuada defensa y se encuentre en posibilidad de hacer valer lo que a su derecho convenga, se estima necesario nombrarle un representante especial. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "AMPARO PROMOVIDO POR UN MENOR DE EDAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCRETAR MATERIALMENTE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE ESPECIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE AMPARO, PARA LOGRAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que toda persona, que conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos, puede acudir al juicio de amparo cuando se dé, en su perjuicio, alguno de los supuestos previstos en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero, en el caso de los menores de edad -por regla general-, se encuentran imposibilitados por sí mismos para acudir al juicio de amparo, "al ser la minoría de edad una restricción de su capacidad legal". Sin embargo, también ha considerado que dicha regla tiene una excepción conforme al artículo 6o. de la Ley de Amparo, específicamente, porque el menor de edad puede pedirlo, directa y personalmente, sin la intervención de su legítimo representante cuando se halle ausente o impedido, lo que impone al Juez de Distrito la obligación de designar un representante especial para que intervenga en el juicio, con la aclaración de que si el menor ya hubiese cumplido los catorce años de edad, él mismo podrá hacerla en el escrito de demanda. Tal medida "tiene la evidente finalidad de otorgar asistencia para que el menor tenga una adecuada protección a su persona y patrimonio", según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la inconformidad 53/2006, por lo que debe concretarse materialmente y colmar la norma atinente a que el menor tenga asistencia para la adecuada protección de sus derechos, habida cuenta de que ese supuesto excepcional sólo está enfocado a la posibilidad de que pueda pedir amparo, mas no a intervenir formalmente en el trámite del juicio." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica." hora bien, los artículos 13 ter, fracción V, y 29, fracción III, inciso d), de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, señalan lo siguiente: "Artículo 13 Ter. Los Delegados y los Directores de Prestación del Servicio tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes: [.] V. Designar defensor público o asesor jurídico sustituto o suplente en los casos de faltas temporales o impedimento a fin de evitar que se actualice la hipótesis del tipo penal prevista en la fracción I del artículo 232 del Código Penal Federal, así como a los defensores públicos que atiendan, por turno, las solicitudes que se presenten en materia de ejecución de sentencias; [.]" "Artículo 29. El servicio de asesoría jurídica del fuero federal debe prestarse en las materias que a continuación se señalan: III. Materia Civil; d) Juicios de amparo en los que el asesor jurídico debe actuar como representante especial de un menor, por designación del juez de Distrito. [.]" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte, entre otras cosas, que el servicio de asesoría jurídica del fuero federal, en materia civil, se prestará, entre otros supuestos, en los juicios de amparo en los que el asesor jurídico debe de actuar como representante especial de un menor, por designación del Juez de Distrito, y que son atribuciones del Delegado y del Director de Prestación del Servicio, en su circunscripción territorial y en la materia de su competencia designar al defensor público o asesor jurídico que corresponda, según la naturaleza del caso, cuando exista requerimiento de un órgano jurisdiccional federal relacionado con asuntos en los que tengan competencia para intervenir. En consecuencia, tomando en consideración lo señalado en los artículos referidos, requiérase al Delegado Regional en Jalisco, del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que, en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que se le notifique el presente proveído, proporcione la lista de los asesores jurídicos que pueden fungir como representante especial de la menor quejosa; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, Ahora bien, de acuerdo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a - por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el ºúnico de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a y -; por así solicitarlo la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante autos de cinco de noviembre de dos mil veinte y diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se solicitó atentamente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, para efecto de que habilitara la consulta del juicio de amparo 569/2020-II, a efecto de proveer lo correspondiente en relación a la ampliación de demanda respecto de la que no se avocó al conocimiento, por considerar que se trata de una demanda de amparo diversa; lo anterior a efecto de que este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se encuentre en aptitud de proveer lo correspondiente, sin que al momento haya acontecido lo anterior; por lo tanto a efecto de evitar mayores dilaciones, gírese atentamente nuevo oficio al Juzgado Homologo para estar en aptitud de acordar lo conducente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se solicitó atentamente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, para efecto de que habilitara la consulta del juicio de amparo 569/2020-II, a efecto de proveer lo correspondiente en relación a la ampliación de demanda respecto de la que no se avocó al conocimiento, por considerar que se trata de una demanda de amparo diversa; lo anterior a efecto de que este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se encuentre en aptitud de proveer lo correspondiente, sin que al momento haya acontecido lo anterior; por lo tanto a efecto de evitar mayores dilaciones, gírese atentamente nuevo oficio al Juzgado Homologo para estar en aptitud de acordar lo conducente.

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