PABLO RICARDO FERNANDEZ HUERTA y Otros.
Expediente 161/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- PABLO RICARDO FERNANDEZ HUERTA y Otros.
- Pablo Ricardo Fernandez Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción - dado que se negó la definitiva. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a la destrucción del presente asunto. Documentos originales y/o garantía. Se advierte que no obran documentos originales, ni billete de depósito exhibido por las partes, por lo que no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Se advierte que trascurrió el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de marzo pasado, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que, en el presente se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Se advierte de las constancias que integran el presente asunto que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. Puesto que como se observa del escrito inicial de demanda promovido por Pablo Ricardo Fernández Huerta, por propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Adriana de Lourdes Martínez Jiménez Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Enrique López Criollo Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Rosario Ivonne Rivera Calzada Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Celestino Martínez Bones, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Rosalba Elena Zarate Herrera Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Rosa Aurora Espejel Prado Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Ana Alicia Ponce Frías Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Jose Álvaro Sarmiento Marquez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Francisco Javier Martínez Castillo Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Mirian Huerta Lechuga, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. ACTO RECLAMADO "LO ES LA ILEGAL, ARBITRARIA E INFUNDADA SUPUESTA ORDEN U ORDENES DE PRESENTACIÓN O BUSCA, DETENCIÓN Y APREHENSIÓN, EN CONTRA DEL SUSCRITO, SUPUESTAMENTE ORDENADA U OBSEQUIADA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES (ORDENADORAS) QUE HEMOS SEÑALADO CON ANTELACIÓN." La parte quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo. El dos de marzo de dos mil veintitrés, previa vista otorgada a la parte quejosa el veinticuatro de febrero anterior, precisó como autoridades responsables a las siguientes: Jueces de Control de la Región Judicial Centro en Puebla Celestino Martínez Bones. Magally Escamilla Rodríguez. Idalía Arcienega Arias. Joel Daniel Baltazar Avalos. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez. Enrique López Criollo. Bet Nimra Pérez Hernández. Francisco Javier Martínez Castillo. Karla Patricia Ambrocio Vargas. Ahora, las autoridades responsables Juez de Control de la Región Judicial Centro en Puebla -Enrique López Criollo- por sí y en representación de los Jueces de la Región Judicial de su adscripción, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente en San Andrés Cholula, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Centro Poniente en San Andrés Cholula, Puebla -Juan Carlos Malpica Aladro-, Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados, tal y como se advierte de la lectura de sus informes con justificación que obran agregados en autos. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados por la impetrante de amparo a las responsables, y tomando en consideración que no aportó prueba alguna en contrario, para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, pese a que se le dio vista con todos y cada uno de los informes con justificación, sin que hubiese realizado manifestación alguna, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Por lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a las partes el contenido de este proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Se advierte de las constancias que integran el presente asunto que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. Puesto que como se observa del escrito inicial de demanda promovido por Pablo Ricardo Fernández Huerta, por propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Adriana de Lourdes Martínez Jiménez Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Enrique López Criollo Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Rosario Ivonne Rivera Calzada Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Celestino Martínez Bones, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Rosalba Elena Zarate Herrera Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Rosa Aurora Espejel Prado Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Ana Alicia Ponce Frías Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Jose Álvaro Sarmiento Marquez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Francisco Javier Martínez Castillo Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Mirian Huerta Lechuga, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. ACTO RECLAMADO "LO ES LA ILEGAL, ARBITRARIA E INFUNDADA SUPUESTA ORDEN U ORDENES DE PRESENTACIÓN O BUSCA, DETENCIÓN Y APREHENSIÓN, EN CONTRA DEL SUSCRITO, SUPUESTAMENTE ORDENADA U OBSEQUIADA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES (ORDENADORAS) QUE HEMOS SEÑALADO CON ANTELACIÓN." La parte quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo. El dos de marzo de dos mil veintitrés, previa vista otorgada a la parte quejosa el veinticuatro de febrero anterior, precisó como autoridades responsables a las siguientes: Jueces de Control de la Región Judicial Centro en Puebla Celestino Martínez Bones. Magally Escamilla Rodríguez. Idalía Arcienega Arias. Joel Daniel Baltazar Avalos. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez. Enrique López Criollo. Bet Nimra Pérez Hernández. Francisco Javier Martínez Castillo. Karla Patricia Ambrocio Vargas. Ahora, las autoridades responsables Juez de Control de la Región Judicial Centro en Puebla -Enrique López Criollo- por sí y en representación de los Jueces de la Región Judicial de su adscripción, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente en San Andrés Cholula, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Centro Poniente en San Andrés Cholula, Puebla -Juan Carlos Malpica Aladro-, Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados, tal y como se advierte de la lectura de sus informes con justificación que obran agregados en autos. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados por la impetrante de amparo a las responsables, y tomando en consideración que no aportó prueba alguna en contrario, para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, pese a que se le dio vista con todos y cada uno de los informes con justificación, sin que hubiese realizado manifestación alguna, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Por lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a las partes el contenido de este proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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