Pablo Reyes Sanchez

Expediente 277/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
277/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Pablo Reyes Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y con el soporte de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de la presente anualidad, dictado dentro de los autos del juicio civil 337/2012, la autoridad responsable requirió a las partes a fin de que proporcionaran algún domicilio donde pudiera ser emplazada la parte demandada. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al juez del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído informe a este juzgado federal, si las partes dieron cumplimiento a lo ordenado mediante el proveído de ocho de febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del juicio de origen, de lo anterior, remita las constancias con las cuales acredite su dicho. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo que antecede, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, promovido por Pablo Reyes Sánchez por su propio derecho y en su carácter de Regidor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y otra autoridad. Se señalan las nueve horas con ocho minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora, como se señaló anteriormente, resultan colmados los supuestos precisados en los párrafos que anteceden pues, en primer lugar, la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa. En segundo lugar, tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa, es posible que el acto reclamado exista. En un tercer punto, la naturaleza del acto reclamado permite su paralización pues se trata de un acto positivo. En efecto, debe destacarse que desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos. Los primeros implican una acción, una orden, una privación, una molestia, y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada, o de tracto sucesivo, y los segundos implican que las autoridades se rehúsan a hacer algo u omitan hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades. Respecto de los actos positivos, cabe destacar que la palabra positivo, encierra múltiples acepciones; sin embargo, en la materia significa "cierto, constante o efectivo"; y dentro del juicio de amparo los actos positivos, se han clasificado atendiendo a su certeza o a la realidad de la lesión que produce el acto de autoridad en la esfera jurídica del individuo. Los actos positivos son actos de autoridad que se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades. Es decir se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia (acto prohibitivo con efectos positivos). En términos generales el juicio de amparo es procedente contra estos actos y asimismo, la suspensión en los supuestos señalados por la Ley de Amparo. En efecto, el interés suspensional, que en pocas palabras se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, debe acreditarse para suspender la ejecución de los actos a que se refiere la promovente, y para esto es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés jurídico con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionada con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución de los actos reclamados. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daño. Bajo tales ideas, se provee sobre la suspensión del acto reclamado, de la siguiente forma: Con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente TCA/3AS/81/2015, el cual resuelve la destitución del quejoso en su carácter de Regidor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como la inhabilitación por un año para desempeñar otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, en base a lo previsto por el artículo 127, último párrafo, en relación con el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Vigente, así como sus efectos y consecuencias, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, como consecuencia ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, esto es, no se lleve a cabo la ejecución del acto reclamado, que se traduce en la destitución del cargo del Regidor Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, puesto que tal medida, no impide que se ejecute la resolución que se haya emitido en el expediente TCA/3AS/81/2015, ya que por el contrario, de materializarse la destitución e inhabilitación de referencia se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su cargo, aún en caso de que le sea concedida la protección constitucional. A lo anterior sirve de apoyo la Jurisprudencia PC.XVIII.L. J/4 L (10ª.), sustentada por los plenos de circuito, Materia Común, Decima Época, consultable en el semanario judicial de la federación. SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. CONTRA LA DESTITUCIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, PORQUE CON ELLO NO SE AFECTA EL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. El artículo 138 de la Ley de Amparo impone al juzgador, con la finalidad de verificar si es factible o no conceder la suspensión del acto reclamado, la obligación de llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, cuando la naturaleza del acto lo permita. Pues bien, el análisis referido arroja como resultado la factibilidad de suspender la ejecución de la sanción prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la destitución del funcionario público que, en su carácter de patrón, ha sido omiso en cumplir un laudo, ya que con ello no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la concesión de la medida cautelar no impide que el laudo se ejecute y, por el contrario, de materializarse la destitución de que se trata, se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su encargo, aun si se le concede la protección constitucional. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO. Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito. 30 de agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los Magistrados Mario Roberto Cantú Barajas, Juan Guillermo Silva Rodríguez y Everardo Orbe de la O, con el voto de calidad del presidente del Pleno, conforme a lo previsto en los artículos 41 Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 42 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Disidentes: Nicolás Nazar Sevilla, Ricardo Ramírez Alvarado y Enrique Magaña Díaz. Ponente: Enrique Magaña Díaz. Encargado del Engrose: Juan Guillermo Silva Rodríguez. Secretario: Iván David Alvarado Almaraz. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 134/2017, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 134/2017. Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 21 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Finalmente expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, previa identificación y razón de recibido que se deje en autos para debida constancia legal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta, asimismo se tiene como autorizados para imponerse de autos a Anahí Solórzano Flores, Teresa de Jesús Ocampo Ordoñez, Kelly Ruby Martínez Villalba, Erick Isau Serrano Reyes y Abigail Elizabeth Jiménez Alpizar. NOTIFÍQUESE.

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