Pablo Reyes Herrera
Expediente 660/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Reyes Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Subsana prevención. Agréguese a los autos, el escrito firmado por el quejoso Pablo Reyes Herrera, través del cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en auto de seis de junio de dos mil veintidós y manifiesta que es su deseo señalar como acto reclamado el auto de veinticinco de abril del año en curso, dictado por el Juez Familiar de Primera Instancia del Tercer Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio *****. Atento a lo anterior, por principio de cuentas, se precisa que el quejoso, en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el siguiente: La denegación de justicia por no acordar el escrito presentado el día 21 de abril del año 2022.dentro del expediente *** Posteriormente, en virtud de que, de las manifestaciones que el propio quejoso realizó bajo protesta de decir verdad, se advierte que la responsable, mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso, sí dio contestación a dicho escrito. Motivo por el cual, mediante una nueva prevención, se requirió al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el referido proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio **** A lo que, en el escrito que se provee, el quejoso manifestó que señala como acto reclamado el referido proveído. Una vez precisado lo anterior, es necesario hacer una relación de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad y adjuntó en copia simple. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, María Elena Zavala de Jesús, promovió la demanda de guarda y custodia y pensión alimenticia. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, admitió a trámite la demanda, radicándola con el número de expediente 261/2018-2, pronunciándose respecto las medidas provisionales de guardia y custodia y la pensión alimenticia provisional. Dicho juicio se encuentra en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso, promovió incidente de cambio de guarda y custodia, mismo que se admitió a trámite (incidente que es el origen del acto reclamado). El trece de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental, desahogándose la presentación de los menores. El diecinueve de mayo del año en curso, se citó a las partes a efecto de conciliar respecto del régimen de convivencias (sin que se tenga conocimiento del resultado de dicha audiencia). De lo anterior, se advierte que de igual forma, el incidente de cambio de guarda y custodia, del cual deriva el acto reclamado, se encuentra pendiente de resolución. Ahora bien, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: Proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el incidente de cambio de guarda y custodia, derivado del juicio ***, mismo que a la letra dice: **** Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Improcedencia. Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De una interpretación de los preceptos mencionados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la ley suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que al rubro estatuye: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo, en términos de lo establecido por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. En el caso concreto, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de dicha actuación (auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós) no se plantea la infracción de derechos sustantivos, y en todo caso solo afecta prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales. Ello es así, ya que en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el incidente de modificación de guarda y custodia, promovido en el juicio ********, la autoridad responsable únicamente dio vista a la contraparte del quejoso con las manifestaciones vertidas en el escrito presentado el veintiuno de abril anterior, lo que constituye un acto procesal que no genera derechos u obligaciones al quejoso, y menos afecta derechos sustantivos; ya que, como lo evidencia la parte quejosa, son actos dentro de un incidente que aún se encuentra pendiente de resolver, además que en dicho procedimiento primigenio funge como parte, por lo que, incluso de serle adverso el fallo de la resolución incidental que se dicte, puede hacer valer el medio ordinario de defensa o el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo de 2014, Tomo III, Libro 6, página 1539, cuyo rubro estatuye: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, -se reitera- debe decirse que el acto reclamado genera efectos meramente formales y no sustantivos, en la medida en que tal violación en modo alguno implica que tenga que dictarse una determinación desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Así, es dable concluir que el acto que ahora se reclama únicamente da lugar a que la contraparte del quejoso realice diversas manifestaciones respecto del escrito presentado, sin que se puede considerar que tal auto constituya algún requerimiento o pérdida de algún derecho por parte del quejoso, por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo tiene repercusiones intraprocesales. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como, en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA el auto y/o resolución de DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Subsana prevención. Agréguese a los autos, el escrito firmado por el quejoso ***, través del cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en auto de seis de junio de dos mil veintidós y manifiesta que es su deseo señalar como acto reclamado el auto de veinticinco de abril del año en curso, dictado por el Juez Familiar de Primera Instancia del Tercer Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio ***. Atento a lo anterior, por principio de cuentas, se precisa que el quejoso, en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el siguiente: "La denegación de justicia por no acordar el escrito presentado el día 21 de abril del año 2022.dentro del expediente ***." Posteriormente, en virtud de que, de las manifestaciones que el propio quejoso realizó bajo protesta de decir verdad, se advierte que la responsable, mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso, sí dio contestación a dicho escrito. Motivo por el cual, mediante una nueva prevención, se requirió al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el referido proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio *** proveído. Una vez precisado lo anterior, es necesario hacer una relación de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad y adjuntó en copia simple. a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, ***, promovió la demanda de guarda y custodia y pensión alimenticia. b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, admitió a trámite la demanda, radicándola con el número de expediente ***, pronunciándose respecto las medidas provisionales de guardia y custodia y la pensión alimenticia provisional. Dicho juicio se encuentra en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos. c) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso, promovió incidente de cambio de guarda y custodia, mismo que se admitió a trámite (incidente que es el origen del acto reclamado). d) El trece de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental, desahogándose la presentación de los menores. e) El diecinueve de mayo del año en curso, se citó a las partes a efecto de conciliar respecto del régimen de convivencias (sin que se tenga conocimiento del resultado de dicha audiencia). De lo anterior, se advierte que de igual forma, el incidente de cambio de guarda y custodia, del cual deriva el acto reclamado, se encuentra pendiente de resolución. Ahora bien, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: Proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el incidente de cambio de guarda y custodia, derivado del juicio ***, mismo que a la letra dice: "Por recibido el escrito registrado en este Juzgado bajo el número de cuenta 1719, suscrito por ****, parte demandada en el presente juicio, visto su contenido, se tiene al ocursante por hechas sus manifestaciones y con el contenido de las mismas se ordena dar vista a la parte actora *** y a la Representante Social adscrita, para que en el término legal de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho y representación social corresponda. Lo anterior, con fundamento en los dispuesto por los artículos 4, 5, 6, 7, 47, 59, 60, 106, 111, 112, 113, 118, 122, 123, 124, 131, 135 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos." Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Improcedencia. Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De una interpretación de los preceptos mencionados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la ley suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que al rubro estatuye: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo, en términos de lo establecido por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. En el caso concreto, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de dicha actuación (auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós) no se plantea la infracción de derechos sustantivos, y en todo caso solo afecta prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales. Ello es así, ya que en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el incidente de modificación de guarda y custodia, promovido en el juicio ***, la autoridad responsable únicamente dio vista a la contraparte del quejoso con las manifestaciones vertidas en el escrito presentado el veintiuno de abril anterior, lo que constituye un acto procesal que no genera derechos u obligaciones al quejoso, y menos afecta derechos sustantivos; ya que, como lo evidencia la parte quejosa, son actos dentro de un incidente que aún se encuentra pendiente de resolver, además que en dicho procedimiento primigenio funge como parte, por lo que, incluso de serle adverso el fallo de la resolución incidental que se dicte, puede hacer valer el medio ordinario de defensa o el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo de 2014, Tomo III, Libro 6, página 1539, cuyo rubro estatuye: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, se reitera- debe decirse que el acto reclamado genera efectos meramente formales y no sustantivos, en la medida en que tal violación en modo alguno implica que tenga que dictarse una determinación desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Así, es dable concluir que el acto que ahora se reclama únicamente da lugar a que la contraparte del quejoso realice diversas manifestaciones respecto del escrito presentado, sin que se puede considerar que tal auto constituya algún requerimiento o pérdida de algún derecho por parte del quejoso, por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo tiene repercusiones intraprocesales. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA el auto y/o resolución de SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en dieciséis de mayo del año en curso. Análisis del escrito. Ahora bien, del contenido del escrito de cuenta, este Juzgado advierte nuevos motivos de prevención. Lo anterior porque, la parte quejosa precisa que al escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso (cuya omisión reclamó en la demanda inicial de amparo) la responsable dictó el auto de veinticinco de abril de la presente anualidad, por lo que es evidente que sí se pronunció respecto dicho escrito; por tanto, a continuación se realiza una nueva prevención. Se formula nueva prevención. Ahora bien, en atención a que del análisis íntegro al escrito aclaratorio se advierte un nuevo acto destacado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, se previene nuevamente a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Exprese si es su deseo señalar como acto reclamado destacado, el proveído de veinticinco de abril del año en curso, mediante el cual acordó el escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso, en el juicio ***********. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el presente proveído, acorde con lo estatuido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito no tendrá como acto reclamado el acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, y en consecuencia se analizará únicamente la omisión reclamada en su escrito inicial de demanda de amparo. Apoya la anterior en lo conducente, la tesis aislada XXVII.3 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, Página 1121, registro 184437, Materia Común, que a la letra estatuye: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO." Asimismo, en las tesis I.11o.C.15 K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1985, Tomo III, Mayo de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO)." Notifíquese personalmente.
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