Pablo Reyes Aquino

Expediente 582/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
582/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Pablo Reyes Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales que fueran exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales que fueran exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA LA SENTENCIA DE 02/03/2021 QUE EN SINTESIS DICE: ... Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo. De no observarse el referido principio, se actualizaría la improcedencia del juicio de amparo, en razón de que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el asunto que nos ocupa, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el impetrante de amparo, ***********reclama del Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz, el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil *************, en el que, en lo que trasciende, se decretó como medida provisional la separación de cuerpos entre el inconforme y su cónyuge, ************ -tercero interesada-, mientras dure dicho litigio. Sin embargo, contra el citado acto reclamado procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así corno los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." El precepto transcrito dispone que cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere ese capítulo del ordenamiento legal en consulta, se resolverá con un sólo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. En ese entendido, contra la medida provisional de separación de personas reclamada, decretada conforme al numeral 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz,1 procede el recurso de reclamación, de acuerdo al artículo 162 del código procesal civil, que establece su procedencia contra las medidas precautorias que se dicten, conforme al citado numeral 156, entre las que se encuentra la medida de provisional de separación de cónyuges, como protección para ellos; y no existe constancia de que el inconforme, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí se exponen, la tesis XX.2o.48 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 3258, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES NECESARIO AGOTAR LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles del Estado otorga a la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, la posibilidad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará la citada medida cautelar, en el caso de no haberse ejecutado con su persona o representante legítimo, la cual se tramitará en la vía incidental; de lo que se infiere que contra la determinación aludida procede el medio ordinario de defensa consistente en la reclamación que debe instaurarse en la vía incidental, y tendrá por objeto modificarla, revocarla o nulificarla; en esas condiciones, al promoverse el juicio de amparo antes de la reclamación incidental no se agotó el principio de definitividad, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III del numeral 74 del propio ordenamiento legal." 1 "Artículo 156. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges en todo caso (.)" En el entendido de que, en el caso, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues -en principio- el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, ya que de los autos que integran el juicio civil de trato, se advierte que es parte en dicho procedimiento (demandado). Además, la procedencia del recurso de reclamación antes aludido, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos a los que se hizo referencia. Similar consideración sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver, respectivamente, los recursos de queja 52/2019 y revisión 547/2019, de su índice administrativo. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 582/2020, promovido por ************, contra el acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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