Pablo Rendon Gomez

Expediente 1782/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1782/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Pablo Rendon Gomez
  • JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DELEGACiÓN ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada, por este Juzgado de Distrito, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con dos minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 1782/2016, promovido por PABLO RENDÓN GÓMEZ. Abierta la misma, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, al no existir promociones pendientes por acordar. Se declara abierto el periodo probatorio, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica la documental que anexó a su escrito inicial de demanda el directo quejoso, así como las que allegó a este Juzgado la Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en Morelos, como sustento de su informe justificado; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; acto continuo, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1782/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, PABLO RENDÓN GÓMEZ, promovió demanda de amparo contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en Morelos, que hizo consistir en: ". la falta de un acuerdo escrito de la responsable a mi derecho de petición, ejercido mediante mi escrito presentado ante ella el 12 de julio de 2016; que anexo a esta demanda." Acto que estima violatorio en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se registró la demanda bajo el número 1782/2016; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y forma parte integrante de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en el que se reclaman actos de una autoridad en materia administrativa que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: La omisión de la autoridad responsable de pronunciar proveído a la promoción presentada el treinta de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. La Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en Morelos, al rendir su informe justificado fue omisa en referir si era o no cierto el acto reclamado, sin embargo, remitió copia certificada de diversas constancias; asimismo, adjuntó copia certificada del oficio SP/DPSHT/4259/2016 de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dirigido al aquí quejoso, a través del cual se emite la respuesta a su petición formulada por escrito de doce de julio de dos mil dieciséis. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos por advertirse la actualización de una causal de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En el caso, procede analizar la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que la parte demandante de amparo señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo respectivo a la promoción presentada el doce de julio de dos mil dieciséis. Del examen de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte efectivamente que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se emitió el oficio SP/DPSHT/4259/2016 en contestación a la promoción presentada por la parte quejosa el doce de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en Morelos, demostró que efectivamente el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, emitió el oficio SP/DPSHT/4259/2016, mediante el cual proveyó lo relativo a la promoción presentada por la parte quejosa; de lo anterior, se advierte la cesación del acto reclamado, toda vez que con tal proceder la autoridad responsable restituyó a la parte demandante de derechos fundamentales en el goce de sus garantías violadas, ya que los efectos del acto reclamado han cesado por lo que respecta a dicha autoridad, para los fines procedentes. Igualmente, la autoridad responsable acreditó la entrega del sobre cerrado conteniendo la respuesta, dirigida al quejoso, recibida por Rogelio Rendón Gómez, el quince de noviembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia número 544 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 362 del Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así también sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la propia Ley. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por PABLO RENDÓN GÓMEZ, contra los actos y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria María Guadalupe Salazar Martínez, con quien actúa y da fe. Doy fe. ***Lupix***

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que mediante proveído de cinco de diciembre actual se dio vista a las partes con el informe rendido por el Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a efecto de que la parte quejosa se imponga del mismo, en consecuencia se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia VI.3º.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIO TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia visible en la página cinco del Tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", que obliga a los Jueces de Distrito a diferir la audiencia de mérito, y a señalar una nueva fecha para que tenga verificativo cuando los informes justificados no se rindan con la anticipación debida que establece el numeral 149 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de esa tesis se advierte que su finalidad es equilibrar procesalmente a las partes, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el quejoso o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, de modo que en seguimiento del criterio del Máximo Tribunal del país, debe considerarse que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero perjudicado ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección, y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción de los informes justificados, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de tales pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y del espíritu mismo de la aludida jurisprudencia". Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe que rinde el Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el contenido del informe de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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