Pablo Ramón Ojeda Cruz

Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1060/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Pablo Ramón Ojeda Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de cinco de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pablo Ramón Ojeda Cruz, para los efectos siguientes: "Acordar de inmediato el escrito recepcionado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 1549/2019 de su índice, al haber transcurrido en exceso el plazo establecido para ello por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo". El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio J.E. No. 36/1071/2022-A recibido el dos de septiembre del presente año, (registrado bajo el folio 14303), la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos de la controversia laboral de origen 1549/2019 de su índice, del que se desprende que acordó en relación al escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, recepcionado por dicha autoridad el dieciséis de junio del citado año. Documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, se observa que acató tales efectos, ya que el cinco de agosto de dos mil veintidós, acordó en relación al escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, recepcionado por dicha autoridad el dieciséis de junio del citado año, relacionado con el expediente laboral 1549/2019 de su índice; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1549/2019 de su índice, del cual se desprende que acordó en atención al contenido del escrito signado por el apoderado legal de la parte actora, y remite las constancias de notificación respectivas; constancias con las cuales pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, sin que se provea sobre su contenido, toda vez que cinco de agosto del presente año, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta siguiente, Francisco Manuel Rodríguez Méndez, apoderado legal de Pablo Ramón Ojeda Cruz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "PRIMERO: La omisión de la autoridad responsable de acordar los escrito presentados ante la oficialía de partes con fecha 16 de Junio del 2021 correspondiente en el juicio laboral ordinario radicado ante Ias propias responsables bajo el número de expediente 1549/2019 del cual emana la presente demanda de garantías, dentro de los preceptos que los artículos 9, 14. 16. 17 y 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se excede a más de 1 año sin que la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto, lo anterior es una clara violación a mis garantías ya que como quedo establecido en Ia jurisprudencia firme y definida que al respecto existe y que sostiene Ia actualmente segunda sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, en el sentido de que la impartición de justicia debe ser en forma pronta y expedita, así como también de que todas las autoridades están obligadas a hacer única y exclusivamente lo que Ia Ley les permite pero en forma fundada y motivada conforme a derecho. SEGUNDO: Reclamo de Ia autoridad responsable la dilación excesiva para tramitar el juicio laboral 1549/2019, toda vez que no ajusta sus actuaciones a los plazos y términos que rige la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 685, 686, 763, 838, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 y 891. En virtud de que no provee los medios necesarios para que se tramite el juicio laboral en los tiempos y formas que marca Ia ley laboral, hasta que se emita el laudo respectivo. TERCERO: De igual forma señalo como acto reclamado todas las subsecuentes omisiones y dilaciones en la tramitación del juicio laboral número 1549/2019, que contravengan los plazos y términos legales que rige la Ley Federal del Trabajo. [.]" (sic.) AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El uno de julio de dos mil veintidós se, radicó la demanda con el expediente 1060/2022-10, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda y previo desahogo el doce de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite el asunto; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de la responsable de acordar el escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, recepcionado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1549/2019, del índice de la responsable, a través del cual solicita se señale nueva fecha para el desahogo del cotejo a cargo de la parte demandada Comisión Federal de Electricidad. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado con la debida antelación que marca la ley, no obstante estar debidamente notificado del oficio 24012/2022 de doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó su respectivo informe; sin embargo la certeza del acto reclamado se desprende de las pruebas que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, consistente en original del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 1549/2019, de su índice. Documento al cual se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. La parte quejosa alega que la omisión de la responsable de acordar el escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, con cual solicita se señale nueva fecha para el desahogo del cotejo a cargo de la parte demandada Comisión Federal de Electricidad, en el juicio laboral 1549/2019, del índice de la responsable. La autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto trascrito, se desprende la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2.- Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3.- Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4.- Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tiene por objeto garantizar que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales previamente establecidos y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Estos cuatro atributos del derecho a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 299, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De los anteriores atributos, resulta aplicable al presente asunto el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En efecto, del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio sumario y a la sentencia, también se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Esta garantía pormenorizada en los términos que establece la ley aplicable al caso para cada acto procesal en concreto. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en el ordinal 838 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como se puede advertir, es obligación de la autoridad laboral proveer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción los escritos que reciba. En el caso, del acuse de recibo relativo al escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante la junta responsable el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1549/2019, mismo que la parte quejosa exhibió como prueba documental en su escrito inicial de demanda, y que a manera de continuar con la prosecución del juicio, solicitó a la Junta responsable, señalara nueva fecha para el desahogo del cotejo a cargo de la parte demandada Comisión Federal de Electricidad. Sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de junio de dos mil veintidós) la responsable se haya pronunciado en relación a su solicitud. Con base en lo anterior, es evidente que ya fenecieron los plazos otorgados en el numeral 838 de la ley en cita. Consecuentemente, de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito ante la responsable, en el que solicitó la continuación del juicio de origen (dieciséis de junio de dos mil veintiuno), a la fecha en que presentó la demanda de amparo (veintiocho de junio del año actual), han transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas siguientes para que la junta provea lo conducente a la solicitud formulada por la parte quejosa en su referido escrito, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental del justiciable a que se le imparta justicia pronta y expedita, porque constituye una paralización del procedimiento que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, contraviniendo así lo establecido en los citados preceptos legales. Aunado a lo expuesto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el presente asunto, el legislador a través del numeral antes citado, estableció el plazo para que la responsable acuerde las promociones recibidas. Plazos que, como se dijo, han sido rebasados si se toma en consideración que de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito ante la responsable (dieciséis de junio de dos mil veintiuno), a la fecha de la presentación de la demanda, ha transcurrido más de trece meses; por tanto, ese tiempo de ninguna manera puede estimarse razonable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". De ahí que asiste la razón a la parte quejosa, al exponer que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, al no acordar lo conducente a la solicitud realizada por la parte quejosa en su escrito recepcionado por la responsable dieciséis de junio de dos mil veintiuno, relativo al juicio laboral 1549/2019, dentro de los plazos legales previstos en la legislación laboral aplicable. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa la protección de la justicia federal, a efecto de resarcirla en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Acordar de inmediato el escrito recepcionado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 1549/2019, de su índice, al haber transcurrido en exceso el plazo establecido para ello por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 1, 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referida en el resultando primero, y para los efectos establecidos en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano