Pablo Pileño Tecomulapa

Expediente 691/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
691/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Pablo Pileño Tecomulapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se observa que en comparecencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, Pablo Pileño Tecomulapa, ratificó el contenido y firma del escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, en el que manifestó que él no presentó la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa, solicitó que se cancelara el mismo (sic) así como, que desconoce por qué se utilizó su nombre y credencial de elector en virtud de que no conoce a los abogados que se citan en el escrito de demanda. Ahora bien, antes de realizar el pronunciamiento correspondiente, resulta pertinente señalar que mediante escrito de once de noviembre de dos mil veinte, se presentó demanda de amparo a nombre de Pablo Pileño Tecomulapa, por lo que, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma. Posteriormente, por escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, compareció ante este juzgado quien se ostentó con el nombre de Pablo Pileño Tecomulapa, quien entre otras cosas refirió que no fue él quien presentó la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa, por lo que, solicitó que se cancelara el expediente en que se actúa, ya que dijo desconocer por qué se utilizó su nombre y credencial de elector, dado que no conoce a los abogados que se citan en el escrito de demanda. Al escrito antes referido le recayó el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó al quejoso que compareciera ante este órgano de control constitucional a ratificar el escrito de mérito, por lo que, en diverso acuerdo se veintidós de abril del mismo año, se instruyó el actuario que notificara dicho proveído tanto en el domicilio que se señaló en el escrito inicial de demanda, como en el diverso designado con posterioridad en escrito de siete de diciembre de dos mil veinte; instrucción que fue cumplida mediante notificación electrónica de veintitrés de abril de la citada anualidad y en diligencia de veintiuno de mayo del año en curso, sin que las personas que fueron autorizadas en el escrito inicial de demanda hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por su parte, la persona física a la que se le atribuyó la calidad de quejoso, compareció ante este juzgado el treinta de abril de dos mil veintiuno y ratificó el multicitado escrito de siete de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, se tiene al citado Pablo Pileño Tecomulapa, acreditado que no fue la persona que promovió la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa. Por tanto, se tiene que en autos no queda demostrada la existencia de interés jurídico de persona alguna (quejosa) para instar el juicio de amparo indirecto en que se actúa, pues no obstante, que, en el escrito inicial de demanda se refirió que el quejoso es Pablo Pileño Tecomulapa, respecto de quien se exhibió copia fotostática simple de su credencial de elector, sin embargo, dado que, el treinta de abril de dos mil veintiuno compareció de manera personal ante este juzgado identificándose con el original de su credencial de elector, a ratificar el escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual hizo saber a este órgano de control constitucional que no había sido él quien promovió el juicio en que se actúa; credencial que de un simple cotejo entre una y otra se advierte que se trata del mismo documento, queda de manifiesto que el aludido escrito de demanda se atribuyó al referido Pablo Pileño Tecomulapa, empero, al señalar este que no fue quien firmó dicho escrito inicial, no queda duda que, en autos no está satisfecha la voluntad de que dicho juicio sea resuelto mediante sentencia definitiva, pues se trata de un presupuesto indispensable para el examen correspondiente. En apoyo a lo antes considerado, cabe citar la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 80, Tomo 193-198, Cuarta Parte Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 5º, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 64 de la Ley en aplicación. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 por Contradicción de Tesis 26/2002-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo antes acordado, a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado de Distrito, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se observa que en comparecencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, Pablo Pileño Tecomulapa, ratificó el contenido y firma del escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, en el que manifestó que él no presentó la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa, solicitó que se cancelara el mismo (sic) así como, que desconoce por qué se utilizó su nombre y credencial de elector en virtud de que no conoce a los abogados que se citan en el escrito de demanda. Ahora bien, antes de realizar el pronunciamiento correspondiente, resulta pertinente señalar que mediante escrito de once de noviembre de dos mil veinte, se presentó demanda de amparo a nombre de Pablo Pileño Tecomulapa, por lo que, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma. Posteriormente, por escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, compareció ante este juzgado quien se ostentó con el nombre de Pablo Pileño Tecomulapa, quien entre otras cosas refirió que no fue él quien presentó la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa, por lo que, solicitó que se cancelara el expediente en que se actúa, ya que dijo desconocer por qué se utilizó su nombre y credencial de elector, dado que no conoce a los abogados que se citan en el escrito de demanda. Al escrito antes referido le recayó el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó al quejoso que compareciera ante este órgano de control constitucional a ratificar el escrito de mérito, por lo que, en diverso acuerdo se veintidós de abril del mismo año, se instruyó el actuario que notificara dicho proveído tanto en el domicilio que se señaló en el escrito inicial de demanda, como en el diverso designado con posterioridad en escrito de siete de diciembre de dos mil veinte; instrucción que fue cumplida mediante notificación electrónica de veintitrés de abril de la citada anualidad y en diligencia de veintiuno de mayo del año en curso, sin que las personas que fueron autorizadas en el escrito inicial de demanda hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por su parte, la persona física a la que se le atribuyó la calidad de quejoso, compareció ante este juzgado el treinta de abril de dos mil veintiuno y ratificó el multicitado escrito de siete de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, se tiene al citado Pablo Pileño Tecomulapa, acreditado que no fue la persona que promovió la demanda de amparo que motivó la instauración del expediente en que se actúa. Por tanto, se tiene que en autos no queda demostrada la existencia de interés jurídico de persona alguna (quejosa) para instar el juicio de amparo indirecto en que se actúa, pues no obstante, que, en el escrito inicial de demanda se refirió que el quejoso es Pablo Pileño Tecomulapa, respecto de quien se exhibió copia fotostática simple de su credencial de elector, sin embargo, dado que, el treinta de abril de dos mil veintiuno compareció de manera personal ante este juzgado identificándose con el original de su credencial de elector, a ratificar el escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual hizo saber a este órgano de control constitucional que no había sido él quien promovió el juicio en que se actúa; credencial que de un simple cotejo entre una y otra se advierte que se trata del mismo documento, queda de manifiesto que el aludido escrito de demanda se atribuyó al referido Pablo Pileño Tecomulapa, empero, al señalar este que no fue quien firmó dicho escrito inicial, no queda duda que, en autos no está satisfecha la voluntad de que dicho juicio sea resuelto mediante sentencia definitiva, pues se trata de un presupuesto indispensable para el examen correspondiente. En apoyo a lo antes considerado, cabe citar la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 80, Tomo 193-198, Cuarta Parte Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 5º, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 64 de la Ley en aplicación. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 por Contradicción de Tesis 26/2002-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo antes acordado, a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado de Distrito, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que no se ha realizado la notificación personal a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle Hidalgo número 20 "A", colonia centro, código postal 39000 en esta ciudad (domicilio señalado en el escrito de demanda), que se ordenó en auto de veintinueve de enero del año en curso. Lo anterior resulta indispensable, dado que, en autos del expediente en que se actúa, con posterioridad a la presentación de la demanda, compareció la persona de nombre Pablo Pileño Tecomulapa, quien manifestó no haber sido quien instó el juicio constitucional y que debido a ello, solicitaba que se cancelara la demanda (sic). Atento a lo anterior, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que de inmediato dé cumplimiento cabal al auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y realice la notificación personal encomendada, en los términos en que fue ordenada, para dar oportunidad a los autorizados o la persona que signó el escrito inicial de demanda que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes y para que este juzgado pueda acordar lo solicitado por el mencionado Pablo Pileño Tecomulapa. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Por otra parte, se instruye al actuario judicial encargado del presente expediente para que realice las notificaciones relativas a las partes del auto citado en términos de ley, por cualquiera de los medios disponibles para tal efecto; reiterándole que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; además, que de existir imposibilidad levante razón correspondiente. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar"

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", implementándose diversas medidas especiales que deben adoptarse a partir del cuatro de marzo de 2021, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Asimismo, que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el treinta de junio de dos mil veintiuno, en términos del acuerdo establecido en el artículo único del acuerdo general 1/2021, mencionado en último lugar del párrafo que precede. Lo anterior operará en lo individual e iniciará su cómputo - desde luego-, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Esto se acota así, dado que se considera que deberá atenderse tanto la reanudación de actividades de las autoridades responsables, así como la oportunidad que se tenga (de acuerdo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional), de notificar a las demás partes procesales. En esa tesitura, y a fin de continuar la tramitación del presente asunto, se provee: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encontraban señaladas las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de dar oportunidad a la cabal integración del presente juicio, la misma se deja sin efectos, y en su lugar se fijan para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior, a reserva de que con posterioridad pudiera suscitarse alguna situación no prevista hasta este momento por el suscrito, que originara su diferimiento. Finalmente, y toda vez que el actuario judicial adscrito a este juzgado federal, no ha realizado la notificación que se le encomendó en proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordena nuevamente a efecto de que notifique de manera personal al quejoso Pablo Pileño Tecomulapa, el proveído en comento, o en su defecto informe el impedimento legal que tenga para hacerlo. Notifíquese en términos de ley. Lo proveyó y firma el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del Secretario licenciado José Antonio Valente Ramírez, que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, ello con fundamento en el Acuerdo General 21/2020; cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

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