Pablo Ortiz Maldonado

Expediente 985/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
985/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Pablo Ortiz Maldonado
  • Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicita se remitan las constancias de notificación practicada al quejoso ********************relativas al auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo 883/2021 de su índice, en virtud que del oficio remitido por este Juzgado en auto de veintinueve de octubre de la presente anualidad, no se adjuntó dicha constancia. En consecuencia, remítase la constancia de notificación solicitada por el homólogo federal, practicada al quejoso ********************. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Laura Alejandra Vallejo Carrillo, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicita la constancia de notificación relativa al proveído de veintiuno de septiembre del año en curso dictado en el juicio de amparo 883/2021 de su índice. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, se advierte que de la lista de acuerdos publicada en este Juzgado, no se desprende que se haya insertado el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso dictado en el juicio de amparo 883/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como fue ordenado en auto de diecinueve de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, a efecto de evitar dilaciones procesales, se ordena subsanar dicha omisión y se ordena al actuario adscrito a este Juzgado para que notifique por lista de acuerdos el auto de veintiuno de septiembre del año en curso dictado en el juicio de amparo 883/2021, en los términos señalados. Una vez hecho lo anterior, remítase copia certificada de dicha notificación a la autoridad señalada. NOTIFÍQUESE.-INSERCION-Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el contenido de los oficios 24872/2021 y 24873/2021 signados por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual remite el escrito de demanda promovido por Pablo Ortiz Maldonado, en virtud de que carece de competencia para conocer del presente asunto al haber sido señalado como autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento y se provee: Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Ortiz Maldonado, contra los actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 883/2021. PREVENCIÓN. A efecto de acordar lo conducente, respecto de la demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: A) Manifieste el nombre y domicilio (correcto y actual) de la parte tercera interesada y si no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Esto, ya que si bien en su demanda el quejoso manifestó que no existe el tercero interesado, dicha circunstancia no es suficiente para estimar colmado el requisito exigido en el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo. Esto, porque conforme lo previsto en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de una controversia del orden judicial, se considere la existencia de esa parte procesal. En ese sentido, el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, es muy claro en establecer como uno de los requisitos que debe contener la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si la parte quejosa no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, pues no basta con citar que no existe, como lo pretende hacer la inconforme en su demanda, pues el acto del que se duele, conforme a lo que manifiesta emana de una controversia judicial, por lo que es evidente la participación del tercero interesado, es decir, hay una parte contraria a sus intereses. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Entonces, a fin de que todas las partes sean llamadas con el carácter que les asiste en este asunto, resulta necesaria esta prevención, aunado a que constituye una formalidad legal exigible al promovente. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se apercibe al quejoso que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados de la parte quejosa a los profesionistas que cita en los términos que refirió. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico lic_feliz1971@gmail.com y número de teléfono 9714781036 únicamente para cuestiones no procesales. SE ENVÍA OFICIO AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA PARA QUE NOTIFIQUE AL QUEJOSO EL PRESENTE ACUERDO. Ahora bien, toda vez que Pablo Ortiz Maldonado, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por única ocasión, gírese atento oficio al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique por lista el presente proveído a Pablo Ortiz Maldonado; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se les harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del referido oficio se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento del asunto y aceptó la competencia declinada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo anterior. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°,12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer del juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General1; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, como lo solicita la autoridad declinada, se ordena al actuario (a) adscrito (a) a este órgano jurisdiccional, para que notifique al quejoso Pablo Ortiz Maldonado por lista de acuerdos el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado por en el juicio de amparo 883/2021; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del proveído, señale domicilio en el Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se les harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez realizado lo anterior, gírese atento oficio a la citada autoridad para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.-

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 985/2021. Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que ************ presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. En esa línea, se tiene en cuenta que el dispositivo 38 de la Ley de Amparo dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, el numeral 48 de la ley de la materia dispone, en lo que interesa, que cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito y estime que carece de competencia la remitirá de plano con sus anexos al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En aludido precepto legal también estatuye que una vez que el órgano jurisdiccional requerido reciba la demanda y sus anexos decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En el caso de que acepte la competencia comunicará su resolución al Tribunal requirente, previa notificación de las partes. En el caso contrario, devolverá el escrito inicial a la autoridad judicial requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Ahora, la lectura de la demanda de amparo da pauta a sostener que el justiciable ********* reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, y de los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Salina Cruz, y de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal Oaxaca, las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en su contra y la ejecución de esos mandamientos. En ese contexto, dado que este Juzgado Federal fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no se puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el medio extraordinario de defensa que el justiciable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, lo cual da pauta a declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecidos por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, todos los órganos jurisdiccionales que pertenecen a este Decimotercer Circuito, fueron señalados como autoridades responsables, entonces es al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien compete legalmente conocer del presente asunto, porque es el juzgado federal más cercano de la jurisdicción del Décimo Tercer Circuito, al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. En otro punto, debe destacarse que los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, a los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, con domicilio en Salina Cruz, y al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, incluido a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, consistentes en las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en contra del inconforme y la ejecución de esos mandamientos no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que el inconforme solicita. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por ************; por tanto, declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, dado que estima que ese presupuesto procesal se surte a su favor, porque es el juzgado federal más cercano de la jurisdicción del Décimo Tercer Circuito, al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad. Es aplicable al caso en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice: COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia. En razón de lo anterior, sin proveer sobre el escrito inicial ni la suspensión de los actos reclamados, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítase la demanda de amparo con firma autógrafa de *********** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que a su vez lo turne al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. En cuanto al autorizado que refiere, téngasele únicamente con las facultades restringidas de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se encuentra en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en Derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese.

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