Pablo Ortiz Gutierrez
Expediente 1811/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1811/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2019
Partes del expediente
- Pablo Ortiz Gutierrez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE NINGUNA DE LAS PARTES HUBIESE INTERPUESTO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2º DE LA LEY DE AMPARO Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA EN CITA, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY; HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA. EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO OFRECIDO COMO PRUEBA QUE DEVOLVER A LAS PARTES.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la presidenta especial y actuaria notificadora, ambas de la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindiendo informe justificado. Ahora bien, de la revisión del informe justificado, así como de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia la actualización de una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento en el mismo, en los términos que serán expuestos a continuación: Para tal efecto, es menester precisar, que la suscrita juzgadora tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso, por derecho propio, promovió juicio de amparo reclamando de la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y de su actuaria notificadora adscrita, la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 427/2017/15-E, de su índice, generando con ello la paralización de la secuela del procedimiento. En relación con lo anterior, del informe justificado rendido de forma conjunta por las responsables, así como de las constancias remitidas, se desprende que en la razón actuarial de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la actuaria notificadora de la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se presentó a realizar la diligencia correspondiente al domicilio proporcionado por la parte actora, sin embargo, no le fue posible emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 427/2017/15-E, y que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la junta responsable puso a la vista dicha constancia para que el aquí quejoso, en el término de tres días, proporcionara mejores datos para lograr el emplazamiento de la parte demandada, con el apercibimiento que de hacerlo en el término concedido para dicho efecto, se le tendría por no interpuesta la demandada. Lo cual se robustece con copia certificada de las constancias respectivas, las cuales son documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos emitidos por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Entonces, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, el quejoso acude a la instancia constitucional reclamando la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 427/2017/15-E. Ahora bien, las responsables informaron y acreditaron que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la actuaria notificadora adscrita a la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se constituyó en el domicilio ubicado en número 878, avenida Niño Obrero, Colonia Chapalita, en Zapopán, Jalisco, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, sin que lo haya podido realizar, por no acudir persona a su llamado, y el cinco de septiembre siguiente la referida junta responsable, emitió acuerdo en el que puso a la vista del aquí quejoso, la razón actuarial respectiva para que en el término de tres días, proporcionara mejores datos para lograr el emplazamiento de la parte demandada, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido para dicho efecto, se le tendría por lo interpuesta la demandada. Por tanto, si la junta responsable llevó a cabo actuaciones a través de las cuales dio impulso al procedimiento en forma pronta y expedita llevando a cabo las actuaciones necesarias para la práctica de la diligencia encomendada; entonces, es evidente que con ello cesó en su actuar dilatorio y contravención a los plazos para la substanciación del procedimiento establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Así, se advierte que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, por lo que al haber acudido a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; éste ha sido restituido, en virtud de que la autoridad responsable actuó garantizando la pronta impartición de justicia que contempla el artículo 17 de la Carta Magna. Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, con el actuar de la autoridad responsable de agotar los medios necesarios para el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, así como el requerimiento efectuado al aquí quejoso a efecto de que proporcionara diverso domicilio para realizar dicho emplazamiento, cesaron los efectos de la litis constitucional. Por tanto, la autoridad responsable al agotar los medios necesarios para el emplazamiento de la parte demandada, procedió a respetar el derecho que asiste a la parte quejosa, pues como se dijo, ya no existe el acto negativo de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en que el quejoso es parte procesal actora. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Aunado a que el auto emitido por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por identidad, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada el cinco de diciembre de dos mil catorce, en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007).". Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio promovido por Pablo Ortiz Gutiérrez, contra actos de la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y de su actuaria notificadora, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por las responsables, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Sin que obste a lo anterior la imposibilidad de practicar el emplazamiento de que se trata, pues según hizo constar la actuaria notificadora responsable, esto aconteció porque en el domicilio proporcionado no hubo persona alguna que acudiera a su llamado, esto por causas no imputables a las responsables, quienes llevaron a cabo las diligencias necesarias para llevar a cabo el desahogo de la citada diligencia. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto en autos, el cual quedó registrado bajo número 333/2019; lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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