Pablo Ortega Rivera

Expediente 786/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
786/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Pablo Ortega Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por ****, por su propio derecho, contra actos de un particular, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número ***. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: No hay autoridad responsable sino que los actos cometidos en mi perjuicio provienen de persona en particular del señor ****.". "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La DESPOJO arbitrario que pretende hacer en mi perjuicio respecto del bien inmueble ubicado en calle *****, Zacatecas.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, segundo párrafo, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad o en el caso, de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, en el caso de particulares, que sus funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, se considera que un particular realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando lleva a cabo actos equivalentes a los de autoridad (dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas), y que esas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que en el caso, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), publicada en la página tres mil ochocientos veintitrés, Libro 23, octubre de dos mil quince, tomo IV, materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010168, del tenor: Ahora bien, el quejoso refiere que en el caso, que le asiste el carácter de autoridad responsable al particular *****, en virtud que pretende despojarlo del inmueble ubicado en Calle ****, Zacatecas. Como antecedentes del acto reclamado, refiere el quejoso que lleva cinco años rentando el mencionado inmueble a *****, mismo que utiliza como local comercial, habiendo instalado un negocio de anuncios publicitarios, pagando mensualmente la cantidad pactada por concepto de renta; que el contrato de arrendamiento se le renovaba año con año, que sin embargo, dicho contrato venció en julio (sin precisar el año), sin que se le indicara nada respecto a la desocupación, por lo que el quejoso estimó que dicho contrato de arrendamiento se había renovado por tiempo indeterminado. Que posteriormente, *******, ingresó a la política, pidiendo al quejoso que lo apoyara con su campaña, a cuenta de renta; que sin embargo, al perder dicha persona, amenazó al ahora quejoso para que desocupara el inmueble en arrendamiento, otorgándole hasta el jueves (sin precisar cuál), para entregar el inmueble, de no hacerlo, colocaría candados y los aparatos que estuvieran dentro, se perderían, lo que el quejoso estima injusto y, por ello, acude a la presente instancia, doliéndose del proceder del citado particular. De lo anterior, si bien se advierte que ******, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en virtud que su proceder no se advierte que se encuentre amparado por una norma general, sino que el arrendador tiene la facultad de ejercer la acción civil correspondiente contra el quejoso para obtener la devolución y entrega del inmueble arrendado o dar por concluido el arrendamiento que menciona el quejoso; de ahí que la conducta del particular, no encuadra en la categoría de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho. Ténganse por autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en *** en Zacatecas.

  2. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo presentada por ****, por su propio derecho, contra actos de un particular, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número ***. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: No hay autoridad responsable sino que los actos cometidos en mi perjuicio provienen de persona en particular del señor ****.". "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La DESPOJO arbitrario que pretende hacer en mi perjuicio respecto del bien inmueble ubicado en calle *****, Zacatecas.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, segundo párrafo, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad o en el caso, de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, en el caso de particulares, que sus funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, se considera que un particular realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando lleva a cabo actos equivalentes a los de autoridad (dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas), y que esas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que en el caso, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), publicada en la página tres mil ochocientos veintitrés, Libro 23, octubre de dos mil quince, tomo IV, materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010168, del tenor: Ahora bien, el quejoso refiere que en el caso, que le asiste el carácter de autoridad responsable al particular *****, en virtud que pretende despojarlo del inmueble ubicado en Calle ****, Zacatecas. Como antecedentes del acto reclamado, refiere el quejoso que lleva cinco años rentando el mencionado inmueble a *****, mismo que utiliza como local comercial, habiendo instalado un negocio de anuncios publicitarios, pagando mensualmente la cantidad pactada por concepto de renta; que el contrato de arrendamiento se le renovaba año con año, que sin embargo, dicho contrato venció en julio (sin precisar el año), sin que se le indicara nada respecto a la desocupación, por lo que el quejoso estimó que dicho contrato de arrendamiento se había renovado por tiempo indeterminado. Que posteriormente, *******, ingresó a la política, pidiendo al quejoso que lo apoyara con su campaña, a cuenta de renta; que sin embargo, al perder dicha persona, amenazó al ahora quejoso para que desocupara el inmueble en arrendamiento, otorgándole hasta el jueves (sin precisar cuál), para entregar el inmueble, de no hacerlo, colocaría candados y los aparatos que estuvieran dentro, se perderían, lo que el quejoso estima injusto y, por ello, acude a la presente instancia, doliéndose del proceder del citado particular. De lo anterior, si bien se advierte que ******, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en virtud que su proceder no se advierte que se encuentre amparado por una norma general, sino que el arrendador tiene la facultad de ejercer la acción civil correspondiente contra el quejoso para obtener la devolución y entrega del inmueble arrendado o dar por concluido el arrendamiento que menciona el quejoso; de ahí que la conducta del particular, no encuadra en la categoría de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho. Ténganse por autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en *** en Zacatecas.

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