Pablo Ortega de los Santos

Expediente 1840/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1840/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Pablo Ortega de los Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin que se interpusiera el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de Ley de Amparo; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. Previo al presente acuerdo glósese el original del incidente de suspensión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento de veinte de enero del año en curso, por medio del cual se le dio vista con las manifestaciones realizadas por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En atención a lo anterior, este juzgado de Distrito advierte que sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. (.) En consecuencia, al desaparecer la omisión reclamada, se subsanó la violación a la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, lo que se informa a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual remite el expediente electrónico único a nombre de Gabriel Rivas Galeana, del que se advierte el "documento de elección, formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen del Artículo 10 Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por el Bono de Pensión". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta se requiere a las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realicen el cálculo del monto a pagar a la parte quejosa, tomando en consideración "documento de elección, formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen del Artículo 10 Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por el Bono de Pensión". Se apercibe a la autoridad requerida, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución, es decir, para que el renuente sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P. I/2016 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, agosto del 2016, página 553, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES Y YA SE ENCUENTRE DETERMINADO SU MONTO COMO EFECTO DE LAS EMITIDAS EN EL CASO DE LOS POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Una vez que en el procedimiento de ejecución el Juez de Distrito ha determinado el referido monto, el procedimiento para el pago respectivo debe llevarse a cabo atendiendo a lo previsto en los artículos 19, fracción IX; 42, fracciones III, V y IX, y 45, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con lo señalado en los diversos 54 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y 30, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, para lo cual deberá requerirse a las autoridades que a continuación se indica con el objeto de que, sucesivamente, realicen los actos conducentes, a saber: Primera etapa. El Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto de los titulares de las Direcciones Generales de Administración de Personal y de Asuntos Jurídicos, debe solicitar el otorgamiento del visto bueno a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal en que se actúe, para el efecto de que se realice el pago al quejoso por la cantidad fijada por la autoridad de amparo; Segunda etapa. El Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Director General de Servicios Legales de esa Consejería, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, otorgarán el visto bueno respectivo y notificarán a la Secretaría de Seguridad Pública, o bien deberán informar a ésta si a la solicitud respectiva no se acompañó la documentación necesaria; Tercera etapa. Los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Financieros, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, solicitarán al titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el envío y puesta a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del contra-recibo correspondiente; Cuarta etapa. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el contra-recibo correspondiente y lo entregará a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; Quinta etapa. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, notificará personalmente al quejoso y hará entrega del contra-recibo de mérito que le permita obtener el respectivo cheque. Cabe señalar que atendiendo a las particularidades del procedimiento que deben seguir las referidas autoridades para realizar los actos que competen a cada una de ellas, en el ámbito de su competencia, el plazo para que se cumpla con cada una de las referidas etapas, es el de diez días hábiles, con fundamento en lo previsto en la fracción IV del Punto Segundo del Acuerdo General número 10/2013, de dos de julio de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, así como en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo." Finalmente, por recibido el oficio signado por la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Pablo Ortega de los Santos, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Titular de la Ponencia Uno de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por considerarlo violatorio de los artículos 5, 8, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número *** y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se advierten irregularidades que impiden admitirla a trámite de conformidad con los requisitos previstos por los artículos 108 y 110, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a saber: ESTUDIO DE LA DEMANDA De la lectura integral tanto de la demanda, atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos de las siguientes autoridades responsables: ... En ese sentido, se realizará en primer término el estudio de procedencia respecto de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c). A efecto de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda que nos ocupa, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. DESECHAMIENTO POR DEFINITIVIDAD. Este Juzgador observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los actos reclamados, que consisten en los oficios con número de expediente DEN/SSVPC/VVA/0062/2021 y, en los actos de ejecución de la orden de clausura del local comercial ubicado en el andén dos de la sección cuarenta del Mercado de las Flores y Hortalizas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo número. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo citado contiene el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Al ser un medio extraordinario de defensa que se encarga de velar por el orden constitucional y por los derechos fundamentales, el juicio de amparo no puede ser promovido respecto de cualquier acto, sino solo de aquel que sea definitivo para la parte quejosa. Es decir, que no exista medio de defensa ordinario alguno por medio del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto respectivo y las consecuencias que implique para la esfera del gobernado. Para que se actualice la causa de improcedencia respecto de acto o actos que se reclamen en la instancia constitucional, es necesario: (i) que hayan sido emitidos por autoridades administrativas, (ii) que el recurso de referencia se encuentre previsto en una ley y que a través de él se pueda revocar, modificar o nulificar el acto y, (iii) que esa ley prevea la suspensión de los actos reclamados con los mismos o menores requisitos para su procedencia que la ley de la materia. Requisitos que en el caso se cumplen, puesto que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que: El acto reclamado fuer emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por una autoridad perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, como lo es la Directora Ejecutiva de Normatividad de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En efecto, conforme al artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de los actos impugnados, declarar la nulidad lisa y llana de los actos; declarar la nulidad para determinados efectos; y sobreseer en el juicio en los términos de la ley. El Titulo Segundo, Sección Cuarta, que comprende de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio de nulidad -aunque en el presente asunto no se solicita medida cautelar alguna-. La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.): "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, resulta importante destacar que en el caso no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, tal como se expone a continuación: I. Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. No se actualiza la excepción porque el juicio de amparo no es promovido por persona extraña a la controversia, ya que la parte quejosa tiene pleno conocimiento del oficio reclamado, al haber sido quien elevó el escrito ante las autoridades responsables con el fin de que se le informara el estatus de su relación laboral en la dependencia policial citada y, a quien se le comunicó el oficio reclamado. Lo anterior con fundamento en la siguiente en la Jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." II. Los actos cuya ejecución sea de imposible reparación. No se actualiza pues el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad. No obstante, aun en el supuesto de que la parte quejosa considere que el acto reclamado afecta de modo irreparable algún derecho sustantivo del que sea titular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), estableció que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, tal como se desprende a continuación: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." III. Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. IV. Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. V. Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VI. Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción porque el oficio reclamado encuentra sustento en diversas normas de carácter secundario, como lo es el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. VII. Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a ordenamientos secundarios, es decir, al Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De manera que para determinar si el oficio reclamado resulta legal o no, es necesario que se analicen cuestiones previstas por normas secundarias y que, en consecuencia, se esté frente a un juicio en el que se plantean violaciones indirectas a la Constitución, por lo que la competencia para conocer del mismo, se surte en favor de un tribunal ordinario de legalidad, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sirve de fundamento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el Juzgador o Tribunal de Amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Ahora bien, de la lectura integral tanto de la demanda, atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama de igual forma el siguiente acto de la siguiente autoridad: A) Del Titular de la Ponencia Uno de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el silencio administrativo por omisión de acordar la demanda de nulidad en el juicio contencioso administrativo TJ/J-66001/2021, folio 125267, presentada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de dicho Tribunal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 3°, 107, 112 y del 115 al 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la presente demanda de amparo. INTERVENCIÓN MINISTERIAL Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, otórguese la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No obstante lo anterior, se deja expedito el derecho de la parte quejosa de solicitar la suspensión provisional y definitiva de la omisión reclamada, sin que sean inadvertido para este Juzgado que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no procede conceder la suspensión de actos de naturaleza omisiva. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIECISÉIS HORAS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendirlo en un plazo de quince días y con una anticipación de por lo menos ocho días con relación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 260, fracción II, con relación al diverso 238, párrafo primero, ambos de la ley de la materia y conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la ley de la materia y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a la Ponencia Uno de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente al que se notifique este acuerdo, remita copia debidamente certificada, foliada, secuencial y completa del juicio contencioso administrativo TJ/J-66001/2021. Se le apercibe que en caso de ser omisa, se le impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la misma legislación y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. PRUEBAS. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba documental la que exhibió la parte quejosa, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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