Pablo Ordaz Duarte
Expediente 892/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Ordaz Duarte
- Juzgado de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por el quejoso *****; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en tanto, que en cumplimiento de la fracción III del acuerdo en cita, el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Incidental
Se dicto interlocutoria, en la que se resuelve: ÚNICO. Se niega a *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al CITATORIO de TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, el proveído de VEINTINUEVE de noviembre de la presente anualidad, en atención a que no compareció ante este Juzgado los días uno ni dos de los actuales, para tal efecto, el cual, en lo conducente dice: Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso *****, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis (foja 29), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las autoridades responsables que denomina Jefe de Grupo de la Policía Ministerial y Director de la Policía Ministerial ambos con destacamento en esta ciudad, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, sin contar los días veintiséis y veintisiete del mismo mes y año por ser inhábiles, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se deja de tener como responsables en el presente juicio de amparo 892/2016-III a las citadas autoridades. Por otra parte, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Jefa de Unidad de Causa y Gestión Interina de la Sede Irapuato, del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, mediante los cuales, remite en disco compacto, copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de catorce de noviembre del presente año, decretado éste último en contra del aquí quejoso *****; los cuales para su resguardo, glósense a los autos en sobre cerrado. Por tanto, se ordena al Secretario haga constar que los discos en formato DVD que remite la responsable de mérito, puedan reproducirse, así como que contengan las diligencias y actuaciones referidas. Ahora bien, debe destacarse que en el juicio de amparo indirecto puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, cuando durante el trámite se acredita la existencia de una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, según lo dispone la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del numeral 61, del propio ordenamiento legal, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del artículo anterior, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Con base en lo expuesto, en relación con los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la orden de aprehensión cumplimentada el trece de noviembre del año que transcurre, en contra del quejoso *****, emitida dentro del expediente *****, del índice del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que así se advierte del contenido del disco compacto en el cual obra copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de catorce de noviembre de la presente anualidad y al cual se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del que se obtiene que en la propia data se emitió auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso *****, al haberse acreditado la probable intervención en hechos que la ley señala como delito de corrupción de menores, previsto por el artículo 237, en relación al 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato, en agravio de las menores ofendidas de iniciales *****. representadas por su progenitora *****. Lo anterior es de tal manera pues, en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. En el caso concreto, la causa y supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso *****, del índice del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; b. Con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil dieciséis), el catorce de noviembre de la propia anualidad, el juez de Control del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, dictó en contra del peticionario del amparo *****, auto de vinculación a proceso, al haberse acreditado la probable intervención en hechos que la ley señala como delito de corrupción de menores, previsto por el artículo 237, en relación al 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato, en agravio de las menores ofendidas de iniciales ***** y *****. representadas por su progenitora *****. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, puede subsistir con independencia de que el acto originario materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, en el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden de captura, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de vinculación a proceso citado, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso; en tal virtud, con fundamento en el artículo 61 fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que pase inadvertido, que del oficio que remite la autoridad oficiante se refiere al quejoso como ***** y no como *****, sin embargo, de la reproducción del disco compacto del registro de audio y video de la audiencia en cuestión se advierte que el nombre correcto es como se establece en autos *****. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinte minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 16 al reverso).
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso ***** mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis (foja 29), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las autoridades responsables que denomina Jefe de Grupo de la Policía Ministerial y Director de la Policía Ministerial ambos con destacamento en esta ciudad, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, sin contar los días veintiséis y veintisiete del mismo mes y año por ser inhábiles, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se deja de tener como responsables en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ***** a las citadas autoridades.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Pablo Daniel Mosqueda Valtierra500/2017
- Pablo Daniel Mosqueda Valtierra454/2017
- Pablo Daniel Mosqueda Valtierra1006/2016
- PABLO GUENDULAIN SIERRA y Otros.1041/2023
- Pablo León Francia (Endosatario)1078/2015
- Pablo Nevares Valencia Y/O Pablo Nevares1022/2018
- Pablo Oscar Sanchez Ramirez551/2023
- Pablo Roberto Corona Minguela795/2020
- Pablo Rojas Mendoza801/2019
- Pablo Soto Gomez903/2017
- Pablo Soto Gomez1002/2017
- Pablo Soto Gomez851/2023