Pablo Olvera Rodríguez
Expediente 565/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2023
Partes del expediente
- Pablo Olvera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación de dos de mayo de dos mil veintitrés, por la que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, dos de mayo de dos mil veintitrés. I. Llegada de autos. Agréguese a los autos la boleta y el oficio ... proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, del que se advierte que declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en el Estado de Querétaro, para conocer de la demanda promovida por Pablo Olvera Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa. Acúsese el recibo correspondiente. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 565/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. Con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, fórmese tomo de prueba, identificado como TOMO I, el cual quedará en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes, para su consulta. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, se encuentran escaneada la totalidad de constancias que remitió el Tribunal Colegiado; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Precisión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, se tiene que en el caso concreto, el promovente del amparo, señala como actos reclamados los siguientes: "IV. Actos Reclamados: "De la Autoridad Ordenadora: El auto pronunciado el día 2 dos de marzo del 2023, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de esta Capital, en el expediente ..., pues está vulnerando las garantías humanas e individuales de esta parte, que se exponen en los conceptos de violación, en particular la de seguridad jurídica, debido proceso legal y legalidad, que afecta mi esfera jurídica ya que se determina confirmar de facto lo indebidamente actuado, tergiversando el medio interpuesto para darle una connotación de revocación y pretender hacerlo extemporáneo, amén de que se desestima la incidencia de acumulación bajo argumentos absurdos, al igual que se niega la admisión de un medio probatorio que la ley permite, tergiversando la ley en términos inverosímiles, otorgando beneficios ilegales a la parte demandante, que encima de su notorio y malicioso proceder, evidencian una burla al sistema legal que impera." V. Consideraciones sobre el examen de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. VI. Desechamiento de demanda Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgado federal advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, por lo que se impone necesario desecharla, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Causal de improcedencia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De tales preceptos, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Preciso que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Caso concreto. En el caso, la resolución reclamada de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 751/2022, en el que se contiene lo siguiente: a) Se desechó el incidente de nulidad de actuaciones que pretendió instar el aquí promovente, en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvieron por perdidos los derechos no ejercitados en tiempo y forma respecto del diverso proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, relativos a la prueba testimonial ofrecida en el juicio de origen por la parte demandada, aquí quejosa. b) Así también, se desechó el incidente acumulación planteado por la aquí quejosa. c) No admite prueba de declaración de parte ofrecida, en virtud de haber fenecido el término probatorio. Sin embargo, tales actuaciones por el momento no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, porque en esencia, en la resolución reclamada de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el cual el Juez responsable determinó lo siguiente: "Querétaro, Querétaro, 2 dos de marzo de 2023, dos mil veintitrés. Agréguese a sus antecedentes el escrito presentado por ..., parte demandada; recibido en oficialía de Partes de este Tribunal el día quince de febrero del año en curso. Atento al contenido de su ocurso, se le tiene pretendiendo interponer incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de fecha 24 veinticuatro de enero de 2023, dos mil veintitrés, con base en los hechos y consideraciones de derecho que en su escrito expresa, en este sentido, acorde a lo establecido en el numeral 1055 del Código de Comercio, el cual precisa que la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación, en este supuesto se desprende que el promovente interpone un recurso de revocación, el cual, se desecha de plano por notoriamente improcedente, en virtud de que el ocursante presenta su escrito de manera extemporánea -15 febrero de 2023-, pues en términos del diverso 1335 de la legislación en cita, el plazo para su interposición comprendió del día 27 veintisiete al 31 treinta y uno de enero del año en curso, por lo cual no es posible darle el trámite correspondiente y así se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Aunado a que, en el escrito de cuenta el promovente presenta los alegatos que a su parte corresponden, por lo cual convalida la actuación que pretende combatir. Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta Autoridad que aún cuando el promovente fundamenta sus peticiones en la legislación adjetiva civil, cierto es que, en términos del artículo 1054 Código del Comercio, cuando éste no contemple un procedimiento, se seguirá lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que resulte insuficiente, se seguirá a la ley adjetiva local, por tanto, considerando que el recurso que pretende hacer valer sí está contenido en la legislación mercantil, no resulta procedente la aplicación supletoria que refiere el inconforme. Asimismo, se le tiene interponiendo incidente de acumulación de autos, respecto al expediente..., radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de este Partido Judicial, fundándose para ello, en los hechos y consideraciones de derecho que en su escrito precisa, de los cuales se advierte que el propio promovente señala que ... es actora en aquel juicio, por lo cual, tras realizar la consulta electrónica en el sistema electrónico praxis del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y de conformidad con el diverso 285 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de manera supletoria a la legislación mercantil, este Juzgador invoca como hechos notorios, los siguientes: 1. En fecha 7 siete de septiembre de 2022, dos mil veintidós, a las 12:37:23, Gabriela Lara García, a través de sus endosatarios en procuración, los Licenciados ..., presentaron y les fue recibida la demanda a la que le correspondió el número de expediente ... del índice del Juzgado Primero de Primera InstanciaCivil de este Distrito Judicial. 2.Por auto de fecha 11 once de septiembre de 2022, dos mil veintidós, dictado en el aludido juicio ..., se estableció que el documento base de la acción fue endosado en propiedad a favor de la actora ... En este tenor, se tiene que el referido título ejecutivo circuló, dado que fueron trasmitidos los derechos de cobro a favor de Gabriela Lara García, mediante endoso en propiedad en términos del artículo 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por tanto, tomando en consideración que la acumulación procede cuando hay identidad de partes, acciones y prestaciones, lo cual, como ya se estableció en líneas precedentes, no acontece en la presente causa, por tanto, con fundamento en el artículo 1349 del Código de Comercio, se desecha su incidente por notoriamente improcedente. Por otra parte se le tiene expresando los alegatos que a su parte corresponden, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se inserten y serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con el artículo 1406 del Código de Comercio. Finalmente, pretende ofrecer la prueba de Declaración de Parte a cargo del actor ..., la cual no se admite en virtud de que ha fenecido el periodo probatorio, máxime que, si bien es cierto, en términos del artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de manera supletoria a la legislación mercantil, las partes podrán en cualquier tiempo, desde que se abra el periodo de ofrecimiento de pruebas y hasta antes de la citación para sentencia, pedir, por una sola vez, que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios que en el acto de la diligencia se formulen, también lo es que, en la presente causa ya se desahogó la prueba confesional a cargo de su colitigante." Como se observa, en el auto impugnado nada se decidió sobre el fondo de la controversia, tampoco se determinó sobre algún derecho de la parte quejosa, ni se le afectó en forma actual y presente, pues las determinaciones ahí contenidas se refieren a la nulidad de actuaciones solicitada respecto de pruebas ofrecidas por la ahora quejosa, así como la acumulación de juicios solicitada. En efecto, dicha determinación se constriño por una parte a desechar por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvieron por perdidos los derechos no ejercitados en tiempo y forma respecto del diverso proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, referente a las pruebas que se exhibieron en el procedimiento de origen, así como el desechamiento de la prueba de Declaración de Parte, descrito en los incisos a) y c) de los párrafos que anteceden; de ahí que la violación que resiente el quejoso no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, es decir, las consecuencias de la resolución reclamada producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues con el dictado de la sentencia respectiva pueden desaparecer las violaciones reclamadas de ser favorable la resolución a la parte quejosa; en caso de no ser así, podrá impugnarla eventualmente, en amparo directo, en el cual podrá controvertir las violaciones procesales que trasciendan al fallo del asunto. Conviene citar la jurisprudencia número IV.2º.C.J/2 (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Igualmente, en lo relativo al desechamiento del incidente de acumulación propuesto en los autos del expediente de origen, se afirma lo anterior, ya que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de menoscabo material a derechos sustantivos, de ahí que la violación que resiente el quejoso no causa un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, es decir, las consecuencias de la resolución reclamada producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; procede DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Asimismo, la causa de improcedencia por la que se desecha la demanda, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene refrendando el domicilio procesal el ubicado en ...; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos amplios del referido precepto a ..., y como autorizado en términos restringidos en términos del párrafo segundo del artículo 12, en relación con el 24 de la Ley de Amparo, a los diversos profesionistas. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente por lista a la parte quejosa.
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